Euskadi y La Rioja tienen que cerrar el interior de la hostelería, según el último acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Andalucía tiene que cerrar el ocio nocturno que reabrió en la región cuando terminó el estado de alarma. La Comunidad de Madrid, limitar el aforo del interior de la hostelería al 30% y reducir el número de comensales a seis. Pero Madrid, Andalucía y Euskadi se niegan a cumplir con las restricciones, que serán de obligado cumplimiento cuando se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en los próximos días. Sanidad no quiere judicializar el conflicto, al menos de momento, y ha dado cierta flexibilidad para aplicar las normas, pero las comunidades del PP, lideradas por Isabel Díaz Ayuso, mantienen sus amenazas. Castilla y León, pese a que no tiene que realizar ningún gran cambio, ha avisado que se plantean llevar la "imposición" de estas medidas a los tribunales.

El documento aprobado este miércoles estará vigente hasta que el 70% de población esté vacunado, que será en torno al 18 de agosto, según las previsiones del Gobierno. Hasta entonces, y por primera vez en la pandemia, las comunidades están obligadas a cambiar sus medidas según el nivel de riesgo. Pero este plan no ha contado con el visto bueno de hasta seis comunidades, entre las que se encuentran todas las del PP, Catalunya y Euskadi. Es decir, solo ha sido apoyado por las comunidades en las que gobierna el PSOE. Un hecho que podría romper con el modelo de cogobernanza que impulsó Sanidad con la pandemia, según reconocen fuentes autonómicas de diferentes partidos.

Varias comunidades pidieron que se actualizara el documento de actuaciones obligatorias, según Sanidad. Previo a este texto ya se aprobaron otros como el que estableció las medidas para Navidad o Semana Santa. Siguiendo esta versión, hace semanas que se creó un grupo de trabajo formado por 13 comunidades y técnicos del ministerio para elaborar el documento. Pero un consejero del PSOE, que pide mantener el anonimato, dice que fue idea del departamento de Darias y reconoce que no se entiende muy bien el motivo por el que se ha querido "imponer" ahora obligaciones sobre la hostelería. "Muchas veces hemos sufrido en nuestros territorios las consecuencias de que comunidades como Madrid no aplicaran restricciones severas. Ahora, que todo está mejor, se entiende poco este giro", asegura a Público.

Este medio ha consultado a la mitad de las comunidades y no hay ninguna opinión mayoritaria entre ellas sobre cómo acabará este conflicto. De hecho, la ministra Darias ha llegado a afirmar este jueves en Onda Cero que Madrid podría aplicar las medidas del nivel de riesgo medio y mantener abierto el interior de los bares pero bajando el aforo a un tercio, si la tendencia sigue siendo descendente. Eso sí, ha recriminado a la Consejería de Sanidad de Ayuso su actitud: "La judicialización no es una medida que haya que plantearse, al menos en este momento. Hay que buscar el consenso. Lo busco pero es casi imposible, especialmente con alguna con la Comunidad de Madrid.  Digamos lo que digamos, va a estar en la contra".

Euskadi ni siquiera quiso participar en el debate. Junto a Catalunya defendió que el plan suponía una invasión de competencias, como ya ha ocurrido en varias ocasiones a lo largo de la pandemia. Las dos regiones siempre han defendido la autonomía de sus gobiernos para hacer frente a la covid-19.

No ocurre igual con las comunidades del PP ya que, en multitud de ocasiones, los dirigentes han sostenido que era el Gobierno central el que tenía que tomar las riendas de la gestión de la pandemia. Esto lleva a que los socialistas no entiendan tampoco la resistencia: "Ahora que tienen una excusa para culpar a otros de medidas que deben llevar a cabo pero desgastan políticamente, dicen que no lo van a hacer igual. Esto va más allá de la gestión sanitaria", comenta otra dirigente, mucho más favorable a Sanidad que otros compañeros.

Sin embargo, la posición que más ha extrañado ha sido la de Castilla y León, una comunidad que en varias ocasiones ha apoyado las propuestas de Sanidad mientras que el resto de regiones gobernadas por el PP, o por el PP y Ciudadanos, no lo hacían. En esta ocasión el líder conservador, Alfonso Mañueco, ha llegado a afirmar que utilizarán todos los medios que tengan a su alcance, incluso los jurídicos, para tomar las medidas que decida el Gobierno autonómico y no las impuestas por el documento. Castilla y León se encuentra en el nivel dos de alerta sanitaria y, según el plan, la hostelería solo podrán abrir con un tercio de aforo y el máximo de personas que se pueden reunir debe ser de seis. Las actividades multitudinarias solo pueden ser de un máximo de 2.500 personas.

Otros dirigentes autonómicos intentan quitarle hierro al asunto. "Siempre hay amenazas. Después no se cumplen", comenta una de las consejeras de Sanidad que, además, recuerda que las reuniones del Consejo Interterritorial siempre son menos tensas de lo que parecen por las declaraciones de los políticos.

Pese a esto, entre los dirigentes del PP insisten en el gran descontento que hay porque Sanidad "impone" sus planes y miente diciendo que hay "cogobernanza". Desde Madrid reprochan que nunca la ha habido, pero otras que han protagonizado menos conflictos aseguran que ha habido un cambio ahora que llega el fin de la pandemia. "Parece que quieren desviar la atención de otras cosas. Que no entendiéramos la decisión de la segunda dosis que administrar a los menores de 60 años que recibieron AstraZeneca enfadó mucho a la ministra", asegura uno de los conservadores.

Todas las comunidades que votaron en contra tampoco están de acuerdo con las limitaciones de horario que se expresan en el documento y no tanto por el horario de cierre de las discotecas (las 3.00 horas de la madrugada en las fases de menos riesgo), también porque la hostelería deberá de dejar de servir comidas y bebidas a las 24.00 horas y cerrar a la 1.00 horas. Es, para las regiones, algo que impedirá que la economía eche a andar ya que cada vez la situación, gracias a las vacunas, se espera que sea mejor.