Menos de un mes después de su última comparecencia ante el Pleno del Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acude a la Cámara Baja este miércoles para hablar de varios asuntos que han ocupado la agenda política y mediática en las últimas semanas: las respuestas a la crisis económica agravada por la guerra en Ucrania (tras el acuerdo alcanzado el pasado viernes en el Consejo Europeo) y su cambio de posición respecto al Sáhara Occidental.  

Cuestiones cruciales que, en opinión de la mayoría de los grupos del arco parlamentario, merecen debates por separado. El primero, servirá para medir los apoyos de los grupos al plan de choque aprobado este martes por el Consejo de Ministros. De entrada, al menos sus aliados parlamentarios han señalado que no se opondrán, por lo que el Gobierno afronta a priori una negociación más favorable que la de la reforma laboral.

Además de desgranar las medidas contempladas en este nuevo escudo social, el líder del Ejecutivo expondrá ante sus señorías el "importante acuerdo" alcanzado con sus homólogos europeos por el que España y Portugal pasan a ser considerados una "isla energética", esto es, se les permitirá topar de forma temporal el precio del gas usado para generar electricidad (por el momento se desconoce la cifra), lo que repercutirá de forma directa en la factura de los consumidores.

Otro punto del día, y no menor, será la cuestión del Sáhara Occidental, un cambio de postura adoptado por Sánchez por el que España reconoce la propuesta de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental y abandona su posición de neutralidad activa en un conflicto prolongado durante 46 años.

Ya la semana pasada esta decisión provocó una completa unanimidad de todos los grupos, a excepción del PSOE, contra lo que supone un "giro histórico", incluido su socio gubernamental, Unidas Podemos, también ajeno al acuerdo. Esta imagen insólita tuvo lugar durante la comparecencia a petición propia del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en la comisión del ramo para hablar precisamente de este asunto.

A pesar de los esfuerzos del titular de Exteriores para defender la "nueva etapa" de relaciones con "un socio y vecino como Marruecos", donde acudirá el próximo 1 de abril y tratará en el orden del día "la normalización completa de las conexiones con España, incluidas las marítimas y la Operación Paso del Estrecho", Albares presenció una de las tardes más complicadas en sede parlamentaria durante su etapa al frente de este departamento.

Escuchó críticas de las bancadas de la izquierda y de la derecha, que le acusaron de "traicionar" al pueblo saharaui, de "ocultar" el acuerdo con Marruecos, de "falta de transparencia" a la hora de comunicar todos los detalles del trato con el país vecino, y de "abrir una brecha" con Argelia, país que suministra el 45% del gas al Estado español, entre otros aspectos.

Una situación similar le tocará vivir al presidente del Gobierno, puesto que todos los grupos, excepto el suyo, pidieron que rindiera cuentas ante la Cámara Baja en lugar de Albares. Asimismo, en virtud de lo expresado por los representantes de las diferentes fuerzas del arco parlamentario en los últimos días, exigirán a Sánchez "más transparencia" en el acuerdo con Marruecos, que asuma la responsabilidad de España sobre el Sáhara Occidental, del que es potencia administradora, y que rectifique su decisión.

"Yo ya sé que la geopolítica tiene razones que no entiende la decencia, pero sí que vamos a reclamar una explicación" a Sánchez para que explique "el cambio brutal en la política internacional del Gobierno y a cambio de qué se ha hecho", ha advertido este miércoles el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

También, durante la comparecencia del presidente del Ejecutivo, dos de las asociaciones que apoyan a los saharauis, FEMAS y ASCM, han convocado una concentración bajo el lema "no en mi nombre" frente a las puertas del Congreso. Y, por otra parte, Malainin Mohamed, un ciudadano de origen saharaui nacido en los campos de refugiados, presentará las más de 90.000 firmas que ha recogido a través de la plataforma Change.org para reclamar a Sánchez que revierta su decisión.