Hace dos semanas la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid presentaba un demoledor informe que apuntaba a la responsabilidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en buena parte de los miles de mayores fallecidos durante la covid. Ante lo cual, el Ejecutivo autonómico ha decidido guardar silencio y arrinconar el tema.

Las familias de las víctimas, las grandes olvidadas por los juzgados hasta ahora, llevan ya cuatro años denunciando su invisibilización. Si bien Ayuso no está dispuesta a reunirse con estos familiares, la Comunidad de Madrid no ha tenido reparo alguno en enviarles cartas para reclamarles el dinero por los días de marzo y abril de 2020 que sus allegados estuvieron en las residencias antes de morir. 

Con declaraciones como "No deberíamos hacer de la anécdota categoría" o "Se morían en todas partes", la presidenta y su Gobierno se han esforzado por salvar políticamente y edulcorar la versión de una tragedia que hace aguas. Y, lo más importante, han tratado de justificarla a costa del dolor de miles de familias.

En 2020, Ayuso negaba que existiera una orden pública para que los residentes no fueran trasladados a los hospitales, mientras insistía en que la crisis de la covid "no solo había pasado por las residencias, sino también en casas y hospitales". Salía, así, del paso de las críticas por su gestión, tras haber convertido Madrid en la región europea con mayor número de fallecidos.

Este febrero, ante la innegable existencia de los "protocolos de la vergüenza", la presidenta declaró que "cuando una persona mayor estaba gravemente enferma, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio". "Las tropelías y abusos de la Comunidad de Madrid son constantes y continuos. Es de tener falta de empatía y de sentido común", lamenta Carmen Martín, miembro de Marea de Residencias, en una conversación con Público. 

A su juicio, el "mayor acto deleznable" cometido por el Gobierno de Ayuso es la "no derivación" de los residentes. Sin embargo, la madrileña también insiste y pone de relieve el daño causado por la actitud de la Administración el tiempo sucesivo, cuando ya había "pasado lo peor". El hecho de que "se siguiera pagando a los empresarios durante la pandemia, estando las camas vacías" o el "premiar" a las residencias privadas por su gestión con un millón de euros, cuando los residentes "estuvieron abandonados", son algunas de las acciones que más impotencia le generan.

En abril de 2020 el secretario general técnico de la Consejería de Sanidad se dirigió a la Abogacía de Madrid para preguntarle si las residencias privadas debían recibir algún pago por el traslado de mayores a sus centros durante el estado de alarma. La conclusión de la Abogacía fue que no procedía hacer ningún abono a estos centros, pero la Comunidad de Madrid ignoró esta apreciación y les indemnizó igualmente. "Creo que es momento de que la Justicia entre a investigar todo esto", afirma Martín.

Una benevolencia que contrasta con la inmediatez con la que muchas familias de las personas que murieron privadas de recibir atención sanitaria recibieron los cobros de las cuotas, en pleno confinamiento y apenas unas semanas después de su pérdida. "Mi experiencia fue que al mes siguiente de fallecer mi padre, el día 26 de marzo de 2020, nos pasaron el recibo, pero descontándonos cinco días", recuerda María Jesús Valero.

También difiere el trato que recibieron dichas empresas con el que siguen, aún a día de hoy, recibiendo estos familiares, para cuyo dolor todavía no ha habido proceso alguno de reparación. A punto de cumplir los cuatro años para que prescriba el cobro, el Ejecutivo reclama, ahora por escrito, a los herederos de los fallecidos el dinero que costó la estancia de sus allegados antes de morir sin ser derivados a ningún hospital. "Están intentando pisarnos, hacernos daño... Que después de cuatro años, con las atrocidades que hicieron, sean capaces de dañarnos de esta manera...", expresa Valero en declaraciones a este diario. 

"Qué caos no habría en la Administración de la Comunidad de Madrid, cuando a mí, casi un año después de que falleciera mi padre, me llamó una funcionaria del departamento de residencias diciéndome que qué suerte, que ya me habían concedido una residencia para él. Un año llevaba muerto", recuerda.

Pagar por "la tortura" que sufrieron los residentes

Ángela Armingol, una de las familiares que ha recibido la carta de Ayuso para reclamarle el dinero −901,58 euros, según La Ser, en su caso− vive esta situación como "otro mazazo" del Gobierno regional, que "tiene a nuestros ancianos en condiciones infrahumanas, en residencias que solo son un negocio".

Después de la "vulneración de derechos que se cometió, respaldado esto por Amnistía Internacional y el informe de la Comisión por la Verdad, resulta muy humillante y es un golpe muy bajo", declara Armingol a Público. Ella, por lo pronto, ha puesto en manos de los abogados de Marea de Residencias el caso para recurrir esta "deuda". Se niega a pagar por "la tortura" que sufrió su padre. "Mi padre, antes de morir, me dijo: Estamos esperando turno para el cementerio", recuerda con pena.

Tal y como ella misma cuenta, para Armingol era "muy importante" darle publicidad al último giro de tuerca de la Comunidad de Madrid. "Creo que vivimos en una sociedad muy manipulada, que ha votado mayoritariamente a unas políticas que se caracterizan por el abuso y la no importancia de los valores", expresa. "Vivimos en la cultura de la taberna y de la terraza contaminante, sin acordarnos de que todos vamos a llegar a esa edad", advierte.

Lo que tiene claro es que "la misma fuerza mayor que les impidió proteger los derechos de los residentes", extremadamente vulnerabilizados en ese momento, es la que le va a impedir a ella "pagar por el "calvario" de su padre. En el mismo tono, María de Álvaro, otra de las personas a las que se le ha reclamado el cobro, ha declarado que lo había sentido como "si el asesino de mi padre ahora me reclamara el dinero de la bala", durante una entrevista en Hoy por Hoy.