La Junta Militar birmana admitió hoy que continúa con la persecución de opositores y que unas 3.000 personas fueron detenidas, mientras el enviado especial de la ONU, Ibrahim Gambari, prosigue buscando apoyos en Asia para solventar la crisis en Birmania (Myanmar).

Ese anuncio de los militares fue hecho un día después de que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, pidiera al régimen que inicie un proceso para la democratización de su sistema político, y calificara de "repugnante e inaceptable" la represión de las multitudinarias manifestaciones pacíficas en favor de la democracia.

En un comunicado publicado por el periódico "Nueva Luz de Myanmar", órgano oficial de propaganda del régimen, se informó de que un total de 2.927 birmanos han sido detenidos desde que a finales de septiembre se emprendió una amplia operación policial contra miembros y simpatizantes de los grupos antigubernamentales.

"Seguimos llamando a gente para que sea interrogada, y aquellos que tengan que ser puestos el libertad, serán puestos en libertad", indicó el diario.

Anteriormente, y mediante un parte oficial divulgado por la televisión estatal, la Junta Militar que preside el general Than Shwe precisó que en las redadas llevadas a cabo en Rangún, la mayor ciudad del país, fueron apresadas 2.284 personas, y que otras 643 detenciones se practicaron en diferentes provincias.

Según la versión oficial, las autoridades han ordenado el ingreso en prisión de unas 500 personas, y las que han sido puestas en libertad, cuya cifra no ha precisado, han firmado antes un documento mediante el que se comprometen a no participar en ninguna otra acción contra el Gobierno.

La Liga Nacional por la Democracia (LND), que encabeza la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, cuestionó en un comunicado que las autoridades hayan liberado a centenares de personas, y denunció que cinco miembros de la formación que participaron en las manifestaciones fueron condenados ayer a siete años y medio de cárcel cada uno.

La semana pasada, la Junta Militar señaló que había detenido a cerca de 2.100 personas, cifra que está por debajo de la estimada por los grupos de disidentes y diplomáticos, que la sitúan en 6.000, y que incluye a varios miles de monjes budistas, que fueron quienes lideraron las protestas pacíficas en las principales urbes.

Por medio del periódico oficial utilizado por los generales para enviar sus mensajes a la comunidad internacional, también el régimen culpó a los religiosos de provocar las acciones de respuesta de las fuerzas de seguridad, que causó la muerte de al menos 16 personas.

"El Gobierno no habría empleado la fuerza para acabar con las protestas" si los monjes hubieran permanecido en sus monasterios, señaló el escrito aparecido en el diario, y aseguró que "el caos se habría evitado de no llevar a cabo las protestas para pedir que se liberara a los presos políticos".

Naciones Unidas y Amnistía Internacional (AI) estiman que unos 1.100 birmanos están encarcelados desde hace muchos años por motivos políticos, los mismos por los que Suu Kyi cumple arresto domiciliario desde junio de 2003.

El pasado 13 de octubre, las fuerzas de seguridad detuvieron en Rangún a tres destacados líderes del movimiento opositor Generación de Estudiantes del 88, creado por los cabecillas de las manifestaciones por la democracia de 1988 y que desembocaron en la matanza de unos 3.000 activistas por disparos de los soldados.

Entretanto, el enviado especial de la ONU para Birmania, Ibrahim Gambari, confirmó hoy tras su entrevista con el primer ministro de Malasia, Abdullah Badawi, que regresará a Birmania a mediados del próximo noviembre para intentar mediar entre la Junta Militar y la oposición.