El ladrillo se está llevando dos de cada cinco euros de las partidas de los Fondos Next Generation (NGEU) que han puesto en ejecución el Gobierno central y las comunidades autónomas. Paradójicamente lo sitúa como el principal destinatario de una bolsa de dinero de origen comunitario dirigida, precisamente, a modificar el sistema productivo de un país con una elevada dependencia de la construcción que solo se ve superada por la del turismo.

Los datos proceden de una investigación de Joaquín Maudós, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de València, sobre la gestión de los fondos al cierre de 2022 que aparece en el último número de Cuadernos de Información Económica, la revista de análisis de Funcas, la fundación de las antiguas cajas de ahorro.

La absorción de Fondos Next Generation por ese ramo alcanza el 41,6% (4.839 millones de euros), solo superada por el 46,9% (5.451) de los servicios, un epígrafe tan general como para incluir ramos como el de la información y las comunicaciones, que se lleva un 15,4% del total, o el comercio, que acapara el 12,1%, mientras "en la industria, destaca el 3,6% (413) de las ayudas al sector de la automoción".

Se trata, salvo en el caso del comercio y de la industria del automóvil, de participaciones en la financiación netamente superiores al peso de esos ramos tanto en la producción como en la generación de valor añadido en el sistema económico español, que no llega al 7% ni al 6%, respectivamente, en el caso de la construcción, según los datos de la Contabilidad Nacional que elabora el INE (Instituto Nacional de Estadística).

Tampoco el reparto de los fondos en función del tamaño de las empresas reproducen ni el esquema de la demografía empresarial ni reflejan una proporcionalidad en función de su aportación al empleo.

Según los datos del Ministerio de Trabajo, las microempresas y las pequeñas empresas, las de hasta diez y las de entre diez y cincuenta trabajadores, suman el 97% de las unidades productivas del país y el 41,4% del empleo. Frente a un 2% y un 17,6% de las medianas y un 0,4% y un 41% de las grandes, cuya frontera se encuentra en los 250 empleados.

Eso sin incluir en los cálculos a los tres millones de autónomos, que dispararían el peso laboral del tejido productivo (sin tener en cuenta al personal de las administraciones) de menor tamaño por encima de los dos tercios del total.

Sin embargo, el acceso de esas micro y pequeñas empresas a los Fondos Next Generation destinados a las unidades productivas se queda en el 20,5%, mientras las medianas se llevan un 21,1% y las grandes el 59,3% restante.

Los dos primeros grupos sumaban al cierre de 2022 adjudicaciones y subvenciones de fondos comunitarios procedentes del Estado y de las comunidades autónomas por un montante de 2.390 millones de euros de un total de 11.632. Una cifra a la que, en todo caso, podrían añadirse parte de los 459 que el trabajo de Funcas asigna a hogares y autónomos.

Esas cifras parecen apuntar en la misma dirección en la que lo hicieron numerosos economistas e instituciones como el Banco de España hace ya tres años, cuando en la UE comenzó a ponerse en marcha este instrumento de 750.000 millones de euros como herramienta para facilitar la salida de la crisis desatada al socaire de la pandemia y para financiar la transformación de los sistemas productivos europeos hacia modelos más digitalizados y descarbonizados.

Los analistas llamaban la atención acerca de la tardanza de un mínimo de dos años que iba a darse desde la puesta en marcha del programa hasta que se produjera de manera efectiva el drenaje de esos fondos hacia el tejido microeconómico de las empresas y los hogares.

Sin embargo, la distribución nominal de los fondos no tiene por qué coincidir con su reparto real, apunta José Moisés Martínez Carretero, de Economistas Frente a la Crisis.

"Probablemente esté llegando a las pymes más dinero del que nominalmente aparece. Proyectos como los Perte (proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica) tienen capacidad tractora, y eso tiene que llegar a la pyme", explica.

"El reto del programa está en que esas ayudas lleguen a todo el tejido productivo, pero tanto en los de tipo tecnológico como en los de infraestructuras la práctica totalidad del trabajo se subcontrata con pymes aunque nominalmente aparezca una gran empresa como destinataria de los fondos", añade.

El patrón de distribución de los fondos

"Este patrón de distribución de las ayudas según el tamaño de la empresa varía en función del órgano de contratación/concesión", destaca, por su parte, Maudós. Reseña cómo en las ayudas del Estado "aumenta aún más el peso de los destinadas a las grandes empresas, ya que suponen el 64% del total", mientras en las comunidades autónomas ese "peso cae hasta el 48,8%".

"Las grandes empresas acuden en mayor medida a las convocatorias del Estado", en las que "acaparan casi las tres cuartas partes de la financiación concedida con cargo a los fondos (72,1%)". Mientras, microempresas y pequeñas empresas solo acceden al 1,2% y el 6,7%, respectivamente.

Por el contrario, añade, cuando se trata de subvenciones "disminuye claramente el peso de las grandes empresas, sobre todo en las concedidas por el sector público territorial, donde cae al 21,5%, siendo la distribución mucha más igualitaria entre los distintos tamaños de empresa".

En cualquier caso, sí parece claro que las empresas de menor tamaño no están accediendo en menor medida a las adjudicaciones, y eso parece deberse a dos motivos básicamente: la escala de los proyectos y la capacidad económica, técnica y administrativa para optar a ellos.

Las dificultades de acceso por lo complejo de los trámites

"Las pymes no tienen capacidad para movilizar esos fondos, mientras que las grandes empresas, además de concurrir a programas casi ad hoc como los Perte, tienen, o pueden crearlos, departamentos dedicados a los trámites para acceder a ellos", anota el economista, para quien "eso explicaría en gran medida el reparto".

Esas circunstancias se suman a otras como la falta de una gradación en función de la potencia de las empresas para acceder a los programas en general. O, también, la ausencia de simplificaciones específicas de los trámites en los de lluvia fina, en los que "el público objetivo son unas empresas que carecen de capacidad para cubrir esos trámites" o que no la tienen activada por no concurrir a licitaciones de manera frecuente.

Ocurre, por ejemplo, con los destinados a financiar la mejora de la eficiencia energética de los hogares con acciones como los cambios de ventana, que resultan prácticamente inaccesibles por su complejidad para los autónomos y las microempresas de carpintería y de albañilería a las que van destinados, algo que se está convirtiendo en un obstáculo prácticamente insalvable para acceder a las ayudas desde el mundo rural.

"La capacidad de absorción de los fondos no se calculó bien en algunos programas, no se elaboraron sistemas para facilitar el acceso de las pequeñas empresas y las microempresas cuando iban dirigidos a ellas", señala.

Un porcentaje de ejecución del 43%

Los Fondos NGEU han asignado a España un total de 173.670 millones de euros de los que 89.670 (81.964 iniciales más 7.706 añadidos en junio) consisten en transferencias no reembolsables y posteriormente ampliadas en otros 2.600 millones.

No obstante, el análisis del catedrático "llega hasta finales de 2022, por lo que la cifra de referencia de partida son los fondos que España tenía asignados hasta esa fecha (81.964 millones de euros de transferencias no reembolsables)".

Tras depurar los datos, anota, "hasta finales de 2022, la cifra de fondos convocados vía fondos NGEU asciende a 35.828 millones de euros. Este importe significa que se ha convocado el 43,7% del total de fondos asignados a España a esa fecha".

"Sin embargo, una parte del importe de esos fondos convocados no han llegado a la economía real, ya que el importe que ha sido resuelto es menor. Sobre todo, en el caso de las subvenciones", añade, ya que "hay convocatorias todavía en evaluación de las ofertas presentadas y otras publicadas y en plazo de presentación de ofertas. De forma que el importe resuelto es de 16.349 millones de euros, lo que implica un porcentaje de ejecución de los fondos del 45,6%" al cierre de 2022.

Los efectos en el empleo

Esas cifras, no obstante, se han ido viendo modificadas en los últimos meses tras recibir España el tercer desembolso, de 6.000 millones de euros, la pasada primavera y haber aprobado la Comisión Europea hace unos días otra ampliación de 10.000 tras aceptar un paquete de modificaciones que incluye el descarte de los peajes en las autovías.

"La Comisión ha aprobado un nuevo calendario de pagos para los desembolsos de transferencias y préstamos, con el que España podrá recibir desembolsos de hasta 25.600 millones de euros en 2024, hasta 44.600 millones en 2025 y hasta 44.300 millones en 2026", informó el Ministerio de Asuntos Económicos.

Donde sí comienza a tener consecuencias esa movilización de fondos es en el mercado laboral, en el que en los últimos meses están arraigando unas tendencias que comienzan a apuntar a un incipiente cambio de modelo productivo con un peso creciente de las ocupaciones de carácter técnico.

"Hay elementos que indican que las cosas se están moviendo en ese sentido", señala Martínez Carretero, quien explica que "las ocupaciones técnicas están en una fase de pleno empleo, incluso con un mercado laboral tensionado y también para los perfiles más junior". "Algo estamos viendo, si no de transformación del modelo productivo, sí de reequilibrio".