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Subidas y bajadas de precios Sueldos y precios públicos entran congelados en el 2020

El Gobierno elude revalorizar el salario mínimo, el de los funcionarios y las pensiones al tiempo que frena la presión a los autónomos y aprueba rebajas en la energía y los transportes mientras bancos y compañías telefónicas anuncian subidas.

Varias personas con las bolsas de sus compras por el centro de Madrid. REUTERS/Andrea Comas

EDUARDO BAYONA

El año 2020 comienza raro. No tanto por tener un Gobierno en funciones, algo que empieza a ser normal en un país que acumula en esa situación 563 de los 1.473 días (38%) transcurridos entre el 20 de diciembre de 2015 y la Nochevieja de 2020, sino porque el ejecutivo de Pedro Sánchez, al que le faltan más de dos meses (69 días) para empatar en interinidad con el penúltimo de Mariano Rajoy, haya optado, en lugar de por la tradicional subida del cambio de año, por congelar tanto los sueldos como la mayoría de los precios cuya revisión depende de los ministerios, aunque con promesa de subida para los primeros.

Esas decisiones, no obstante, no tienen un carácter exclusivamente político y discrecional, sino que en varios casos están directamente vinculadas con dos de las limitaciones a las que está sujeto el ejecutivo: por un lado, la propia interinidad le impide tomar decisiones que supongan incrementos del gasto público y, por otro, carece de unos Presupuestos Generales del Estado propios, la herramienta en la que tradicionalmente se establecen buena parte de las decisiones que ahora quedan en el aire a la espera de la eventual investidura de Sánchez.

Estas son las principales decisiones, tomadas o por tomar, que afectan directamente al bolsillo de los ciudadanos con el cambio de año:

Sueldos públicos y pensiones congelados

El Consejo de Ministros acordó el pasado viernes mantener el SMI (Salario Mínimo Interprofesional) en 900 euros a la espera de que el nuevo ejecutivo pueda revisarlo de nuevo al alza y decidió mantener congeladas las pensiones, en este caso con el compromiso de que el nuevo gabinete sustituya el factor de sostenibilidad que limita la subida anual al 0,25%, y que lleva dos años suspendido, para aplicar una del 0,9%.

El PP, que impuso en su reforma la limitación al 0,25%, ha anunciado que va a llevar al Constitucional la decisión del ejecutivo pese a que el decreto, publicado el sábado en el BOE, establece que “una vez aprobada la norma correspondiente, la revalorización de las pensiones y otras prestaciones públicas producirá efectos desde el 1 de enero de 2020”.

Estas dos medidas, a las que se añade el aplazamiento de la revisión del 3% para las pensiones no contributivas que reciben otras 450.000 personas, suponen congelar los ingresos de 8,86 millones de pensionistas (5,93 de ellos jubilados), según los datos del Ministerio de Trabajo, y de los 1,052 millones de asalariados que, según el cruce de las encuestas de Estructura Salarial y de Población Activa, ambas con datos de 2017, trabajan a cambio del SMI o menos.

A la situación de esos casi diez millones y medio de ciudadanos se les suma la de los 3,1 millones que, entre funcionarios y laborales y también según la EPA, suma el sector público en España, y cuyo aumento de sueldo del 2% deberá esperar a que haya un Gobierno en plenitud de funciones, con lo que la congelación de los ingresos afecta a trece millones de personas.

En los casos de los pensionistas y los funcionarios, las subidas tendrán carácter retroactivo al 1 de enero de 2020 cuando entren en vigor, con lo que más que de una congelación se trata de un aplazamiento temporal de las subidas.

Los autónomos entran en el año sin nuevas cargas

La ausencia de Presupuestos Generales del Estado hace que este año no suban las cotizaciones de los autónomos, cuya adecuación a sus ingresos sigue encima de la mesa como una de las principales tareas pendientes para el nuevo ejecutivo junto con la revisión del ineficiente y costoso sistema de tarifa plana.

Paralelamente, el Consejo de Ministros decidió el viernes suspender la prevista revisión del sistema de módulos, con lo que podrán seguir acogiéndose a él los que facturen hasta 250.000 euros o 125.000 a un solo cliente, cotas que iban a caer a 150.000 y 75.000, y aquellos cuyos gastos en bienes y servicios llegan a 250.000, límite que la legislación iba a reducir a 150.000.

Paralelamente, quedan prorrogados para 2020 “los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca” en el IVA.

Energía: baja el gas y lo hará la luz

Es el capítulo con más novedades: la Tarifa de Último Recurso del gas natural, que utilizan más de un millón y medio de hogares, baja un 4% el 1 de enero, fecha en la que, mientras en el mercado eléctrico cae el precio del kilowatio.hora, se congelan tanto los peajes, para los que ha propuesta una rebaja del 5,6% la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), como los impuestos que gravan el consumo de electricidad, dos bloques que suman dos terceras partes del recibo de la luz.

Paralelamente, este año entrará en vigor, aunque todavía no hay fecha, el nuevo sistema de tarifas impulsado por la CNMC, que establece la 2.0 TD para contratos de menos de 15 kw de potencia instalada, lo que engloba a la práctica totalidad de los consumidores domésticos.

Esta tarifa, diseñada para que el consumidor module su recibo, tratará como hora punta el periodo de 8.00 a 00.00 horas de lunes a viernes laborables y como valle el resto, fines de semana y festivos incluidos, además de permitir tener contratadas dos potencias distintas a lo largo del día, lo que facilitará que los usuarios adecúen sus condiciones a su consumo. No obstante, este aspecto tiene truco: los plomos dejarán de saltar si se supera la potencia autorizada, pero esa situación será penalizada con un sobreprecio.

Por último, el precio de la bombona de butano de 12,5 kilos que regula el Gobierno entra en 2020 congelado en 12,74 euros, aunque lo hace con los 59 céntimos de subida que ya le fueron aplicados en noviembre.

Transportes: sube el tren, baja el avión y se liberan 460 km de autopistas

El Gobierno y sus empresas públicas mezclan cal y arena en el apartado de la movilidad, donde los billetes del AVE y de los trenes de Larga Distancia y las de los Cercanías de Renfe subirán, respectivamente, un 1,1% y un 1% tras llevar tres y cinco años congelados. El ticket de los Regionales, los ferrocarriles de Vía Estrecha y los de Media Distancia se encarecen un 1% con la excepción de los Avant, que suben un 1,2% mientras los abonos no varían.

El Avlo, el tren de alta velocidad low cost entra en servicio en 2020 entre Madrid y Barcelona con billetes de 10 a 60 euros y un precio de cinco euros para los menores de catorce años.

Paralelamente, Aena bajará en marzo un 1,44% las tarifas que cobra a las compañías aéreas por utilizar sus aeropuertos, que no podrán subir en cinco años, después de que Enaire bajara en 2019 un 12% las de navegación aérea, aunque la decisión de repercutir ese abaratamiento en los billetes depende de las empresas.

Por otro lado, el Ministerio de Fomento congela los peajes de las autopistas rescatadas (las cuatro radiales de Madrid, la M-12 al aeropuerto, la Madrid-Toledo o AP-41, la Ocaña-La Roda o AP-36, la Cartagena-Vera, y la circunvalación de Alicante), elimina los de la AP-4 Sevilla-Cádiz (7,45 euros para turismos por 86 kilómetros) y la AP-7 de Tarragona a Alicante (45,90 por 374) al no prorrogar más las concesiones que gestiona Abertis y limita al 0,84% la subida de las de explotación privada, un aumento netamente inferior al 1,64% de 2019 y al 1,91 de 2018.

Impuestos: sigue Patrimonio y se revisa el catastro

El Gobierno prorroga por octavo año consecutivo la vigencia del Impuesto de Patrimonio, un tributo cuya gestión lleva décadas traspasada a las comunidades autónomas y que pagan 175.000 contribuyentes de los 200.000 que poseen bienes por más de 600.000 euros. Soportan en su conjunto una presión fiscal de apenas el 0,16% del valor de su patrimonio, que suma 670.000 millones de euros, y solo la Comunidad de Madrid les perdona mil millones al año.

Paralelamente, el 1 de enero entra en vigor la revisión de los valores catastrales en 1.092 de los 8.131 municipios españoles, que incluye subidas y bajadas de una horquilla del -3%/+3% que afectarán al IBI que cobra cada uno de esos ayuntamientos, que son los que han solicitado esas modificaciones al alza o a la baja.

Lo que no controla el Gobierno: banca, teléfono y ladrillo

Cuatro de los seis principales bancos españoles, Santander, BBVA, Bankinter y también el público Bankia, han anunciado para este año una subida de las comisiones que cobran a sus clientes o un aumento de las exigencias de vinculación para no hacerlo, según informa El Mundo, tras haberse convertido esos ingresos en el único medio para mantener a flote sus negocios ante el colapso del negocio del préstamo y la azarosa evolución de las inversiones en grandes empresas.

Así, Santander comenzará a cobrar por mantener las cuentas 1,2,3 y aplicará nueve euros al mes por las Día a Día, mientras BBVA eleva las comisiones de mantenimiento de 60 a 100 euros anuales para los clientes que ingresen menos de 600 euros al mes y tengan menos de cinco recibos domiciliados.

Por su parte, algunas compañías de telefonía estudian subir sus tarifas hasta cinco euros al mes, según apuntan algunas informaciones y niegan las empresas.

Y, por último, y a expensas de que el nuevo Gobierno pueda tomar medidas que los limiten, los precios del alquiler y de la compra de vivienda entran en 2020 con tendencias alcistas, mientras que, según los datos del Banco de España, tanto las hipotecas como la remuneración de los depósitos las presentan bajistas.

El Euríbor deja el año con registros negativos (-0,331% y -0,26% a seis y doce meses) cuyo mantenimiento el números rojos para 2020 apuntan todos los pronósticos.