En 'estricto cumplimiento' de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado día 2, que ordenó al Consejo General del Poder Judicial investigar una denuncia presentada contra el juez Baltasar Garzón por sus cobros en Nueva York, la Comisión Disciplinaria del CGPJ acordó este martes por unanimidad abrir nuevas diligencias informativas. En ellas se volverán a revisar los 175.954 dólares que, según el Servicio de Inspección del propio Consejo, percibió el magistrado por las labores de investigación y docencia que desarrolló en la Universidad neoyorquina durante quince meses.

En dicho expediente se han acumulado las dos investigaciones ordenadas en los últimos meses por el Supremo sobre la estancia de Garzón en Nueva York, al referirse a los mismos hechos. Una parte de una denuncia presentada por el abogado Antonio Panea. En ella se acusaba al juez de haber cobrado 1.700.000 euros del Banco Santander por conferencias impartidas en Nueva York. El Supremo revocó el pasado día 2 el archivo de la queja.

La otra investigación se inició a raíz de una querella interpuesta por Panea y el también abogado José Luis Mazón. El Supremo la archivó al no apreciar delito, pero ordenó al CGPJ investigar los cobros del magistrado en la ciudad estadounidense. El Servicio de Inspección proponía el archivo, al entender que Garzón nunca engañó al CGPJ sobre lo que percibiría en Estados Unidos. Además, las faltas habrían prescrito. Con la decisión de la Disciplinaria, ahora se realizarán todas las diligencias que pidan los denunciantes antes de que Inspección pueda llegar a la misma conclusión.

Por su parte, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado a favor del archivo de la querella interpuesta contra Garzón por el autodenominado sindicato Manos Limpias, tal y como adelantó este diario el pasado sábado. El Ministerio Público niega que la actuación de Garzón en la causa abierta para investigar los crímenes del franquismo sea constitutiva de un delito de prevaricación.

Sus decisiones, dice el fiscal, 'únicamente acreditan la realización de una serie de labores de investigación, para las que, al menos ‘funcionalmente', como juez instructor, el querellado era inequívocamente competente'.

Añade que 'se trataba de evaluar la existencia o inexistencia de responsabilidades penales como consecuencia de hechos gravísimos'.