Extrema derecha EuropaLa pandemia agudiza el acercamiento entre los partidos conservadores y de ultraderecha en Europa

El efecto blanqueador a la ultraderecha se propaga por Europa. Una aquiescencia que, en ciertas ocasiones, como en el intento fallido en el länder alemán de Turingia, no surte efecto y concede el poder ejecutivo, por decisión expresa de la canciller Angela Merkel, a las alternativas políticas del bloque de izquierdas. Pero que, en otras muchas, sirve para tejer los primeros cortes sobre el cordón sanitario instaurado por el eje francoalemán como pauta para impedir en Europa la configuración gobiernos de tinte xenófobo, doctrinario nacionalista y leyes antiinmigración con proclamas de aporofobia; es decir, de rechazo a los más desfavorecidos. Y, en la mayoría de los casos, con vestigios de recortes de derechos civiles y de libertades democráticas y de politización de las instituciones estatales. Sin embargo, la consigna de Berlín –por la que se entregó en marzo de 2020 las llaves de Turingia a Bodo Ramelow, líder en la región de Die Linke (La Izquierda) en tercera votación, por mayoría simple, en cumplimiento del cordón sanitario y que precipitó la caída de Annegret Kramp-Karrenbauer, presidenta de la CDU y la dirigente llamada a suceder a Merkel– y de París –con larga tradición de alianzas entre los partidos para relegar el acceso a la jefatura del Estado del Frente Nacional lepenista– no parece surtir efecto. En la Europa asolada por la covid-19 –con casi 4.000 personas fallecidas por la epidemia en varios días de este mes de abril, cifra que ha superado las defunciones del atentado de las Torres Gemelas neoyorkinas– la distancia entre las formaciones conservadoras y algunas liberales con la extrema derecha se ha contraído. Hasta el punto de tener anestesiados los cordones sanitarios.

Pero, ¿qué factores están propiciando este viraje estratégico? Y, sobre todo, ¿dónde se asientan en el espacio europeo?

El FMI, en un reciente working paper, firmado por Philip Barrett y Sophia Chen, certifican con un modelo dinámico en 130 países que las epidemias ocasionan un incremento de la contestación social. Y que la de la covid-19, de especial virulencia y con confinamientos y medidas restrictivas masivas a la población, ha generado un rechazo de las sociedades civiles de especial intensidad. En un momento en el que, además, se venía de un ejercicio, 2019 y los primeros dos meses de 2020, de crecientes protestas ciudadanas. Hasta 59, contabiliza el Fondo. De hecho, se presenció un octubre rojo en ese periodo con manifestaciones en demanda de libertades democráticas, en petición de renuncia de gobiernos corruptos y, sobre todo, para reclamar conquistas sociales que se perdieron en la historia o que se han evaporado tras la crisis. Alrededor de 15 países registraron ese mes movilizaciones críticas. En su diagnóstico, el FMI sitúa en un espacio temporal de entre cuatro y seis meses el instante de detonación de las protestas civiles ante una pandemia. Con la salvedad de los cuatro primeros meses desde la proclamación oficial de la covid-19 el 5 de marzo de 2020 –en los que hubo una tregua social por los confinamientos en hogares ante el elevado grado de incertidumbre de la crisis sanitaria–, se puede asegurar que el inicio de la contestación ciudadana a las medidas de restricción coincide con el comienzo de las campañas de vacunación, las primeras luces al final del túnel para contener la epidemia, en el cambio de año. Un campo abonado para el resurgimiento de la extrema derecha y sus tergiversadas apelaciones a la falsa ausencia de libertades de los estados de alarma.

Tras Austria, países como Finlandia e Italia también han protagonizado coaliciones con partidos de corte ultraderechista

Las pancartas con el Never again, que rodearon el parlamento de Turingia a lo largo del mes de incertidumbre sobre el color político de la coalición regional, en el que la conservadora CDU, de la mano de Kramp-Karrenbauer, impulsó un pacto con Bjoern Hoecke, líder de Alternativa para Alemania (AfD), la formación con connotaciones neonazis, parecen olvidadas en el recuerdo. A pesar de la contundente reacción de Paul Ziemiak, miembro del Busdestag y secretario general de la CDU desde diciembre de 2018, para quien la "cooperación con el AfD supuso una traición a los valores y postulados democristianos" por intentar sellar una alianza con Höcke, a quien se refirió como "nazi" por su constante negacionismo del holocausto. Y pese a que la experiencia austriaca de la primavera de 2019 revele la difícil complicidad de los gobiernos con presencia ultraderechista. Un vídeo en el que su vicecanciller y líder del FPÖ, Heinz-Christian Strache, en el que ofrecía tratos ilegales en Ibiza a una supuesta multimillonaria rusa –sobrina de un oligarca– e interesada en invertir en las campañas electorales de Austria a cambio de contratos públicos, acabó con el primer mandato del canciller Sebastian Kurz del conservador Partido Popular ÖVP. Medio año después, Kurz, previo paso por las urnas, de forma anticipada para solventar la crisis política, estrenó gabinete con los verdes, la primera aparición de los ecologistas en el Ejecutivo federal austriaco. Y algo todavía muy testimonial en el orden europeo, donde, quizás, el máximo exponente fue el Gobierno rojiverde de Gerhard Schöder, con Joschka Fischer, líder entonces de la formación medioambientalista, como jefe de la diplomacia. Junto al experimento vienés, en los últimos años, Finlandia e Italia también han protagonizado coaliciones con partidos de corte ultraderechista en la órbita estatal.

El cordón umbilical Vox, PP, Cs

En España, a escasas fechas de la trascendental cita con las urnas en la Comunidad de Madrid, el PP de Isabel Díaz Ayuso parece cómodo con un escenario postelectoral bajo el apoyo de Vox. Explícito, con formación de gobierno, o implícito, sostenido desde el parlamento regional. Bajo una nítida estrategia de bajadas de impuestos y recortes sociales. La crisis murciana, que se ha saldado con la prolongación del Ejecutivo de Fernando López Miras, tras la moción de censura fallida impulsada por las facciones regionales de PSOE y Cs y que ha dado el mando de Educación a Mabel Campuzano, expulsada de Vox –aunque afín a su ideología–, declarada antivacunas y defensora del pin parental en las escuelas, ha cambiado las tornas en la dirección popular. Las embestidas de Pablo Casado contra Santiago Abascal durante el debate de la moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez, parece haber quedado en agua de borrajas. Su mensaje de que confía en dejar sin fuerza negociadora a Vox en Madrid contrasta con las apelaciones al resto de dirigentes regionales del partido para que asuman el recetario Ayuso y dan credibilidad a la advertencia del líder de Unidas Podemos a Casado en el hemiciclo del Congreso durante el tenso debate de la moción de censura de Vox de que el supuesto dique de contención "llegaba demasiado tarde" porque "el monstruo les está devorando" tras haberle insuflado "oxígeno".

La conducta del PP no solo pone en situación de derribo el cordón sanitario a la extrema derecha que, por otro lado, en España no ha existido. También la de Cs. Así lo considera Ben Margulies, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Brighton en un análisis en la European Politics and Policy de la London School of Economics (LSE). Instante que empezó nada más convertirse en la tercera fuerza política en las elecciones de abril. Con la decisión –dice– de Albert Rivera de pivotar hacia el espectro político de derechas. "Su elección significó no solo alinearse con Vox y el PP en su rechazo frontal al nacionalismo catalán o al cuasifederalismo del PSOE, sino también asumir la hostilidad de la ultraderecha con los migrantes, frente al feminismo o a las leyes en favor de la igualdad de género". De igual forma que posibilitó, con Vox en la sombra, pero con acuerdos tácitos de apoyo, el Gobierno en Andalucía. Sin que de todo ello haya sacado réditos electorales. La reedición de las elecciones generales les deparó la pérdida de 47 diputados (de 57 a 10) en apenas seis meses. Votos que fueron a parar a PP, que aumentó en 23, y a Vox, con 28 escaños adicionales. Las declaraciones de Edmundo Bal, candidato a Madrid de emergencia y todavía portavoz de Cs en el Congreso, denotan que nada ha cambiado en la táctica naranja. Su defensa de que "hay que hablar con todos, otra cosa es negociar" sobre el abandono de los debates por parte de las formaciones de izquierda –a raíz del enfrentamiento en la Cadena Ser entre Iglesias y Rocío Monasterio, cabeza de cartel de Vox, que se negó la veracidad de la carta amenazante con cuatro balas al líder de Podemos– contrasta con la actitud de Cs. En Andalucía, donde el respaldo de Vox al Ejecutivo de coalición PP-Cs siempre ha sido determinante, al igual que ahora en Murcia, donde la dirección de Inés Arrimadas no logró contener la rebelión de tránsfugas de su formación.

La foto de Colón fue la revelación de que el cerco sanitario a la ultraderecha en España era un cordón umbilical

Cs nunca ha conciliado con el cordón sanitario contra la ultraderecha. No comulgó con la táctica de Emmanuel Macron –máximo exponente del grupo liberal en Europa, al que pertenece– ni con las advertencias de su eurodiputado Luis Garicano, cabeza visible de los críticos a Rivera y ahora, en menor medida, a Arrimadas, desde la facción considerada más progresista del partido, frente a las alianzas contranatura del liberalismo con la extrema derecha. Ni en Europa, ni Andalucía. Como tampoco con la similar actitud de Manuel Valls, ex primer ministro francés, y candidato de Cs a la Alcaldía de Barcelona. La foto de Colón ha resultado ser algo más que una instantánea del triunvirato ideológico. Fue la revelación de que el cerco sanitario a la ultraderecha en España era, en el fondo, un cordón umbilical. La petición de Vox de pedir a sus dirigentes regionales que rompan los cierres perimetrales con justificantes laborales para participar en mítines en Madrid y la receta de la presidenta madrileña de boicotear las restricciones aprobadas en el Consejo Interterritorial de Sanidad en semanas de alta intensidad de contagios son caldos del mismo cultivo, el rechazo a los confinamientos, que ya se apreció con meridana claridad en la oposición, en comandita, de PP y Vox a las ampliaciones del estado de alarma. La aquiescencia de Cs ha permitido a los populares gobernar en 15 grandes capitales –Madrid, Zaragoza, Alicante Málaga o Santander, entre otras– en coalición, con el resguardo de Vox, que persisten pese al cosmético órdago de Casado tras la moción de censura nacional de romper en los municipios sostenidos por la formación de Abascal. El penúlltimo guiño, antes de las elecciones del 4M en Madrid, un pacto de rebaja fiscal en Andalucía. De nuevo con la complicidad de Vox.

La ruptura de los cordones sanitarios europeos tiene otros botones de muestra. Los extremistas Demócratas Suecos (SD) mantiene un diálogo fluido con los Moderados de centroderecha de Ulf Kristersonn, quien admite "importantes puntos de cooperación sobre asuntos de estado con similares puntos de vista". De igual manera que Boris Johnson logró una amplia mayoría de 80 escaños en las urnas por, entre otras razones, la adhesión del Partido Brexit de Nigel Farage a la lista de candidatos tories, que hundió al laborismo en muchos de sus feudos tradicionales. La formación de Farage ha asumido ahora la bandera del anticonfinamiento en Reino Unido. Con la llegada de la covid-19, una segunda oleada se ha puesto en marcha. En medio de una marcada vuelta de tuerca en los discursos extremistas en materia de inmigración y derechos sociales y de mayor fervor nacionalista e identitaria. Es el caso del FN de Marine Le Pen, pero también de Cs y PP con la línea dura de Vox sobre el separatismo catalán o sobre el movimiento abertzale de Bildu y el pasado de ETA.

Aunque la piedra angular es el Fidesz húngaro de Viktor Orbán. El jefe líder ultra (nacionalista y conservador) húngaro ha dado nuevos bríos al autoritarismo. A partir de una retórica que mezcla proclamas sobre controles migratorios, críticas a Europa, rechazo a las élites, soberanía nacional, defensa del trabajo industrial y un recetario económico contrario a la globalización y al progreso tecnológico. Un doctrinario avanzado de forma milimétrica por George Orwell, en 1944. El autor de Rebelión en la Granja o 1984, incidía en que los cimientos que sustenta el neofascismo son los episodios de nacionalismo exacerbado, entendido como "el hambre de poder alimentada por el engaño" y que, a su vez, abraza un patriotismo que resulta "más fuerte que el odio de clases y que el internacionalismo". Combinación que, además, usa un lenguaje político diseñado "para hacer que las mentiras suenen confiables" –la posverdad ha existido en todas las épocas históricas–, por lo que se genera un clima "de engaño universal", en el que "expresar la realidad objetiva se convierte en un acto revolucionario". Y que arraigó hace más de un lustro en Jaroslaw Kaczynski, líder de Ley y Justicia –el PiS polaco, hermano político de Fidesz– e inspirador en la sombra de un Ejecutivo de fieles que puso en marcha la misma hoja de ruta que el presidente húngaro en su largo decenio gubernamental. Junto a Jobbik, formación también ultraderechista húngara –Movimiento por una Hungría Mejor– que ejerce de sostén del partido de Orbán. En el seno de la UE, el dirigente húngaro acaba de protagonizar, junto a su homólogo polaco, Mateusz Morawiecki y Mateo Salvini, de la Liga italiana, una unificación política –tras la expulsión se su partido del grupo popular europeo, después de los intentos de partidos como el PP español por mantenerlo en sus filas– para el "renacimiento" de la UE bajo supuestos "valores familiares" que pretende convertirse en la plataforma de la extrema derecha para ganar influencia en las altas instancias comunitarias. Europa nunca se ha atrevido a aplicar contra Hungría y Polonia, pese a sus amagos de actuar, el artículo 7 del Tratado de la UE, que establece amonestaciones, primero, sanciones, después y, finalmente, la suspensión de su capacidad de voto en el Consejo Europeo, si un Estado miembro se salta sus compromisos con la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley. En dos naciones que han politizado instituciones como el Ejército, el Tribunal Constitucional y que han modificado sus reglas electorales para perpetuarse en el poder.

Peligros del nacionalpopulismo sin ataduras democráticas

Los delitos de odio han entrado en escena y han propagado los actos terroristas y la violencia

Stefanie Ehmsen y Albert Scharengerg, investigadores en la Rosa Luxemburg Stiftung, hablan de la creciente ascendencia de la ultraderecha bajo el sólido "matrimonio de conveniencia" entre el neoliberalismo económico y la identidad nacionalista en el plano político. En un estudio en el que destacan a seis países en los que esta conexión resulta más que elocuente: el régimen autoritario húngaro, el neofascismo nacionalista polaco, la "nueva Turquía emergente" de Recep Tayyip Erdogan, el "pragmatismo derechista danés" del Danish People's Party, el "populismo de estilo nórdico" en Noruega y la normalización austriaca de la extrema derecha. Mientras Joe Mulhall y Safya Khan-Ruf, del think tank británico Hope not hate Charitable Trust en su informe de 2021 State of Hate. Far Right Extremism in Europe, inciden en el repunte de teorías conspirativas como la de QAnon en Europa durante la covid-19, muy en particular, a través de redes sociales y amparadas en informaciones falsas que desvían la atención hacia sus postulados xenófobos o ideológicos –de demonización de la izquierda– que exaltan al mismo tiempo el nacionalismo. Y que se ha corroborado con el aumento de la conflictividad vinculada a la extrema derecha tanto en 2019 como en 2020. Los delitos de odio –que en España repuntaron un 6,8% en 2019 y se propagaron en EEUU durante la Administración Trump antes del movimiento Black Lives Matter– han entrado en escena y han propagado los actos terroristas y la violencia. Atrás queda, casi en el olvido, el intento de atentado contra el presidente español, Pedro Sánchez, desbaratado por los Mossos en noviembre de 2018, tras el anuncio sobre la exhumación de los restos de Francisco Franco, por parte de un francotirador experto con afiliación ultraderechista. O el asesinato de la laborista Jo Cox, tiroteada y apuñalada por Thomas Mair, extremista defensor del Brexit en 2016 durante la campaña del referéndum británico de salida de la UE.

Desde otro centro de análisis, Idea (Institute for Democracy and Electoral Assistance) se afirma que "la salud democrática en Europa se ha erosionado en más de la mitad de sus países, aunque con especial intensidad en Hungría, Polonia y Serbia". A raíz, sobre todo, de la pandemia, etapa en la que han proliferado "las protestas sociales a través de cauces digitales". En España e Italia, sus grupos extremistas han aprovechado la crisis sanitaria para atacar a minorías y avanzar en sus agendas políticas, "beneficiándose del clima de confusión e incertidumbre" reinante. Tesis que suscribe, en otro centro de investigación, el Molecular Diversity Preservation International (MDPI), con sede en Basilea (Suiza) Ulrike M. Vieten, profesora de la Queen's University Belfast, para quien, "la nueva normalidad" ha generado un "populismo pandémico" promovido a través de "antihigiénicas movilizaciones de la extrema derecha".

Según Woertz, "arraigan mensajes populistas" que intentan dinamitar la legitimidad de las instituciones democráticas

En los mercados también cunde la preocupación. Azad Zangana, estratega económico del banco de inversión Schroders, resalta que "los partidos de corte centrista están siendo reemplazados por un populismo radical" que ponen en riesgo la democracia ante "la creencia ciudadana de que van a hacer algo diferente", ante lo que Europa "debería realinearse ante el falso idealismo" de estas formaciones. "El populismo está lejos de ser defenestrado". Todo lo contrario. Con la covid-19 como instrumento de confusión, los gobiernos –dice Zangana– deberían dar prioridad a las necesidades urgentes de las familias y las empresas para encauzar un ciclo de negocios que genere prosperidad. El retorno a las posiciones moderadas requiere de una gestión competente y eficaz de la crisis económica que actúe decididamente contra las desigualdades sociales. "Si no toman ventaja en este desafío, el populismo emergerá aún con mayor fuerza", aclara. En el semanario The Economist alertan contra la actuación del nacionalpopulismo para acabar con la independencia de los medios de comunicación. La propagación de fake news y la connivencia y banalidad de ciertos canales mediáticos y de las redes sociales con los bulos ha dado alas a la extrema derecha en la práctica totalidad de los socios europeos. Las principales asociaciones de periodistas en Alemania denunciaron ser "un objetivo del odio de la extrema derecha" ya en el verano de 2019. Un asunto que también llama la atención de Eckart Woertz, coordinador de Investigación en Cidob, el Barcelona Centre for International Affairs. "Las democracias liberales se hallan en un estado de fragilidad en el que arraigan mensajes simplistas y populistas del estilo o estás conmigo o contra mí, que propagan xenofobia e intentan dinamitar la legitimidad de las instituciones democráticas y que pueden llegar a modificar la audiencia y transformar el actual mapa mediático en Europa". Y encumbrar a estas posiciones extremistas al poder, explica.

Las tácticas propagandísticas de los movimientos neofascistas en Europa ya las puso de relieve el difunto Stieg Larsson, autor de la saga Millenium –que se especializó a lo largo de su trayectoria periodística en el fenómeno de la extrema derecha europea, especialmente entre los países escandinavos– a mediados de la década pasada. Al advertir de su irónica retórica. Con constantes alusiones a la democracia, la justicia y la libertad. A pesar de sus perfiles autoritarios y a sus frecuentes referencias a la ley y el orden. Y de su palpable falta de respeto por los derechos civiles o sus aversiones a cualquier adversario o rival político. Con este lenguaje desean alcanzar el poder para, precisamente, desvirtuar la democracia, la justicia y la libertad que enarbolan en su periplo previo a la conquista de los gobiernos. Un aviso para navegantes que Adam Gendzwill y Carmen Navarro, del European Consortium for Political Research (ECPR) llevan al ámbito local; de los ejecutivos municipales y regionales. Como el que se dirime el 4M en Madrid. Y que dejan un desafío mayúsculo; todavía en plena pandemia. Porque, a su juicio, están obligados a cambiar la relación entre las autoridades de estas administraciones con sus ciudadanos. A diagnosticar los efectos de las privatizaciones o remunicipalización de sus servicios y de los nuevos modos de cooperación económica circular. Lo que requerirán de nuevas fórmulas de gestión y contabilidad democrática municipal, mecanismos de ejecución que inculquen mayor calidad y eficiencia y un compromiso y metodología de consenso para abordar una agenda reformista integral que sea capaz de insertar a sus territorios en los avances en movilidad, conectividad, sanidad, educación, cambio climático, transición energética, digitalización, smart cities e integración de migrantes para abordar el futuro económico.