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Estado de alarma Ayuso acaba con la "paciencia" del Gobierno tres semanas después de pedirle ayuda y vuela todos los puentes

Los equipos de ambos Ejecutivos únicamente han acordado volver a reunirse en los próximos 15 días, tras el fracaso de la negociación y la decisión del Gobierno central de decretar el estado de alarma por tercera vez en democracia, ahora sólo en Madrid. El real decreto ha generado también una discusión técnico-jurídica en el Consejo de Ministros.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Archivo. 

Alejandro L. de Miguel / Manuel Sánchez / Marta Monforte

Lo que hace tres semanas empezó como un acercamiento, un deshielo entre administraciones para luchar contra la covid-19, ha acabado de la peor forma posible. Los Gobiernos de Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso volaron de facto todos los puentes este viernes, y el Ejecutivo central acabó declarando el estado de alarma en la Comunidad de Madrid. 

Hoy por hoy, la desconfianza entre ambas administraciones ha escalado a niveles nunca vistos, y el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, habitualmente contrario a los reproches y a utilizar palabras gruesas, ha acusado a Ayuso de "no hacer nada" mientras la covid-19 se extendía a toda velocidad por Madrid y por otros municipios. "La paciencia tiene un límite", sentenció este viernes.

El único compromiso vigente entre ambos Gobiernos es que sus respectivos equipos volverán a hablar en un plazo de 15 días, constatándose así el fracaso del llamado grupo covid-19. Todo, pese a los preocupantes datos de contagios, incidencia, ocupación de UCI o positividad  de Madrid -que además cambió hace semanas los requisitos para hacer pruebas-, y tras la declaración del estado de alarma por tercera vez en la democracia, la primera vez que no se aplica en todo el territorio nacional.

El Gobierno decreta el estado de alarma para dar cobertura legal a las medidas pactadas por las comunidades autónomas una semana antes

El Gobierno lo ha decretado para dar cobertura legal a las mismas medidas pactadas por las comunidades autónomas una semana antes. Madrid las aplicó bajo el paraguas de una ley ordinaria y no orgánica -a diferencia del resto de comunidades autónomas, también las del PP-, y además recurrió la norma ante la Audiencia Nacional.

A su vez el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) comunicó el jueves que no avalaba la aplicación de estas medidas, y pese a los intentos de Illa por coordinarse con el Ejecutivo regional, Ayuso compareció para anunciar la aplicación futura de medidas -que no desveló,- decididas de forma unilateral, y para cargar contra el Gobierno central. La reunión entre ambas administraciones nunca llegó, pero Sánchez y Ayuso hablaron en tres ocasiones entre la noche del jueves y el mediodía del viernes.

En la primera, Sánchez le transmitió un ultimátum: o aplicaba las medidas en base a la ley orgánica en cuestión, o pedía la aplicación del estado de alarma, o el Gobierno lo aplicaría motu proprio. En la segunda, Ayuso pidió más tiempo, y Sánchez aplazó el Consejo de Ministros, inicialmente previsto para las 8.30, y lo convocó a las 12. 

La tercera llamada sirvió para certificar el fracaso en la búsqueda de un acuerdo, poniendo fin a un camino que comenzó con la petición de ayuda del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, con Sánchez recogiendo el guante en escasas horas. Cuatro días después, rodeados de banderas de España y de Madrid, Sánchez y Ayuso escenificaron su entendimiento y la tregua entre ambas administraciones.

Ayuso, la baza del PP para liderar la oposición a Sánchez

Sin embargo, Ayuso no ha dejado de disparar contra el Gobierno central ni siquiera en esa cita entre banderas. De hecho, desde el primer momento el socio minoritario del PSOE, Unidas Podemos, dejó ver sus reservas ante el acercamiento con la presidenta regional, y sobre el peligro de "blanquear" una actuación que consideran errática y profundamente lesiva.

Entonces, distintas voces alertaron de que Ayuso únicamente peleaba por el relato político -como desde la derecha también han achacado a Sánchez-, y finalmente distintos cargos de su Gobierno han atacado el supuesto totalitarismo del Ejecutivo central por su aplicación de esta herramienta constitucional.

Mientras tanto, han pasado tres semanas en las que Illa apenas se ha permitido algún paréntesis para su habitual estilo reposado -como cuando contraprogramó una rueda de prensa del consejero de Sanidad de Madrid-, para decir que el Gobierno regional no quería hacer caso de las recomendaciones del Ejecutivo central.

El único resultado de este periodo de vaivenes, además, son las medidas acordadas por todas las comunidades en el Consejo Interterritorial de Salud del día 30, las mismas que Madrid recurrió. Sólo las comunidades autónomas gobernadas por el PP votaron en contra, y ni siquiera lo hicieron todas, ya que Castilla y León sí apoyó la norma, y de hecho la está aplicando. 

El Gobierno, además, pactó los criterios con Ayuso, de forma unilateral, molestando así a otras comunidades. Con todo, desde el Ejecutivo regional llegaron a argumentar que el acuerdo no era válido, golpeándose contra el muro de un informe de la Abogacía del Estado que sustanciaba las posiciones de Moncloa. Todo esto, en apenas tres semanas. Y para volver a volar los puentes.

El PP califica el estado de alarma como un "155 sanitario"

Pablo Casado quiere dejar claro que la guerra de Ayuso también es la suya y que cualquier decisión de calado en la Comunidad de Madrid pasa por sus manos. Este viernes ha comparecido de manera improvisada y ha salido en rescate de la presidenta madrileña, a la que ha vuelto a respaldar públicamente. El líder del PP ha cargado contra el presidente del Gobierno, al que ha tachado de incompetente y de tener que acudir a una "excepcionalidad legal" con "su habitual prepotencia" para enmendar a los tribunales.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una visita al Hospital de Campaña de Ifema. E.P.

Los populares llevan semanas defendiendo que las decisiones en Madrid se toman en base a "criterios partidistas"  y no "científicos o epidemiológicos", un relato que ven reafirmado con la aplicación del estado de alarma, pese a que la región se sitúa a la cabeza en número de contagios. "Un 155 sanitario", así es como lo ha definido el alcalde de Madrid, y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida. Para el regidor, la decisión del Consejo de Ministros supone un agravio frente a otras comunidades como Navarra o Catalunya.

Otra de las caras más visibles del Ejecutivo de Ayuso, Enrique López, titular de Justicia y miembro de la dirección nacional del PP, ha calificado de "atropello constitucional" contra la Comunidad de Madrid la aplicación del estado de alarma. "Es un ataque a todos los madrileños, desproporcionado, innecesario y sectario", ha escrito a través de Twitter. Desde el PP se presentan como las víctimas de un Estado que la ha tomado con ellos sin motivos. Sin embargo, esta postura contrasta con la de su otro socio de gobierno en Madrid, Ciudadanos, favorable al confinamiento perimetral.

Ciudadanos trata de ser juez y parte

Desde Ciudadanos tratan de ser juez y parte, y buscan jugar un papel mediador entre ambas administraciones, pese a formar parte de una de ellas. El vicepresidente Ignacio Aguado ha manifestado en varias ocasiones su oposición
al plan presentado por Ayuso
de ampliar las restricciones a nuevas zonas básicas de salud para frenar el avance de la pandemia. El dirigente de Cs era partidario de rehacer la orden tumbada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid corrigiendo sus defectos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado (dcha.), despiden al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las puertas de la sede del Gobierno regional, en Madrid. EFE/Emilio Naranjo

Las diferencias entre PP y Ciudadanos durante toda la gestión de la pandemia en Madrid no han hecho más que crecer y hace unos meses Díaz Ayuso sopesó la posibilidad de un adelanto electoral, pero desde Génova se lo echaron para atrás. Desde la dirección de ambos partidos aseguran que la legislatura durará cuatro años, pero las fricciones están dejando marca entre presidenta y vicepresidente, cuya relación está cada día más debilitada.

El Consejo de Ministros se extiende hasta las dos horas

Con Sánchez de viaje oficial en Barcelona, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha presidido un Consejo de Ministros que no debía prolongarse más que unos minutos. Si el Consejo estaba convocado a las 12.30, la previsión era que Illa y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecieran en rueda de prensa a las 12.30, pero finalmente lo hicieron dos horas después.

Fuentes del Ejecutivo explican que la reunión ministerial se dilató por el debate generado en torno al real decreto redactado bajo la batuta de Calvo, con algunos ministros señalando supuestos errores en la norma, que no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta las 17.00, cuando la idea era que entrara en vigor dos horas antes. 

Otras fuentes afirman que ha habido una discusión técnico jurídica para perfilar el decreto, si bien le restan importancia. Hay quienes señalan que no ha sido fácil armar esta norma, y que, en ocasiones, la sensación vivida este viernes fue similar a la que vivieron durante la primera -y larguísima- discusión en Consejo de Ministros sobre el decreto de alarma, el 14 de marzo, salvando las distancias.

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