La fórmula legislativa del Gobierno de coalición, su proceso para impulsar leyes, pasa necesariamente por el conflicto. Las principales normas que han emanado del Consejo de Ministros lo han hecho tras durísimas (y a veces prolongadas) negociaciones entre las denominadas dos almas del Ejecutivo: el PSOE y Unidas Podemos, primero, y ahora entre los socialistas y Sumar.

Este martes ha concluido la última gran partida de ajedrez en este espacio con un solo elemento diferencial: la precampaña del 23J como telón de fondo. La negociación de la prórroga del decreto anticrisis ha seguido el mismo guion que la de la reforma laboral, los escudos sociales y sus ampliaciones, la ley de vivienda o la ley de familias.

Hacía semanas que se apuntaba a la existencia de discrepancias en el seno de la coalición respecto a este decreto, sobre todo en lo que se refería a las medidas para proteger la vivienda y los alquileres asequibles en un contexto de inflación y de incertidumbre económica.

El batacazo de la izquierda en el 28M y la convocatoria anticipada de las elecciones generales opacaron un ruido de sables que ha sido constante en la legislatura a la hora de abordar grandes transformaciones legislativas.

Pero estaba ahí, y apenas unas horas antes de la celebración del Consejo de Ministros que tenía que dar luz verde a este decreto (que legisla sobre muchas y diversas materias) el telón de la precampaña cayó y la última gran batalla entre el PSOE y Sumar para dejar su sello en el BOE quedó al descubierto.

Nadia Calviño, vicepresidenta económica, rechazaba ampliar en el decreto la posibilidad de que los arrendatarios pudieran acogerse a una prórroga de seis meses de sus contratos de alquiler obligatoria para los arrendadores. De facto, esto impedía a los caseros subir sus rentas por encima del límite del 2% estipulado (ya que este tope sólo opera para los contratos del alquiler que están en vigor, pero no para los nuevos).

Los permisos de la ley de familias, aprobados por decreto

Es decir, si un contrato expira y el casero decide no prorrogarlo para establecer una nueva relación contractual, esto le permitiría sortear el límite del 2% y fijar el precio que quisiera. Desde Sumar se mostraron contrarios a dejar caer esta medida, y durante días negociaron para tratar de mantenerlo.

El lunes por la noche, durante una entrevista de precampaña, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, calificó de "grave error" tumbar las prórrogas de seis meses de los contratos del alquiler en un contexto de incertidumbre económica y de inflación como el actual. Sin embargo, finalmente fue Calviño la que se llevó la partida, y la medida dejará de tener vigencia en apenas unos días, a partir del próximo 30 de junio.

En paralelo, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, libraba otra batalla. Su ley de familias había decaído por el adelanto electoral y le había impedido ver en el BOE una de sus principales normas en la legislatura. Belarra pidió a los socialistas incluir parte de este texto legislativo en la prórroga del decreto anticrisis, en concreto la relativa a los permisos.

El contexto parecía el idóneo para esta reformulación legislativa por dos motivos fundamentales: porque España tenía que incorporar permisos parentales a su legislación para trasponer una directiva europea pendiente, en primer lugar; y en segundo lugar porque ampliar y reconocer nuevos permisos para conciliar (como el de 15 días por el registro de las parejas de hecho) a las puertas de una campaña electoral podía dar cierto impulso a las dos formaciones del Gobierno.

Los socialistas aceptaron la propuesta y los permisos de la ley de familias se aprobaron este martes vía decreto. También se prorrogaron otra serie de medidas relativas al precio de los alimentos o el transporte, entre muchas otras materias.

Yolanda Díaz, Nadia Calviño o Ione Belarra han sido tres de las ministras que más batallas han librado en el seno del Gobierno para llevar sus proyectos al BOE; y los alquileres y la vivienda en general ha sido uno de los temas fundamentales en disputa en la coalición.

Con los mismos ingredientes y con la precampaña como telón de fondo, el Ejecutivo de coalición cierra la legislatura con la receta que ha imperado durante los últimos cuatro años a la hora de legislar: una intensa negociación.