El ascenso de Vox hasta la tercera fuerza política en el Congreso se puede traducir en cifras. Los resultados electorales de la ultraderecha, que obtuvo 52 escaños este domingo, refuerzan sobremanera a los de Santiago Abascal en una Cámara en la que, tras los comicios de abril, apenas tenían capacidad legislativa. Ahora, no solo tendrán mayor capacidad a la hora de impulsar o de bloquear iniciativas, sino también mayor protagonismo y más recursos.

Con los 24 escaños que Vox había sacado en el 28-A, la ultraderecha no tenía margen para llevar a cabo importantes iniciativas en la Cámara Baja. Esta situación se puso de manifiesto desde la propia constitución de las Cortes y de sus órganos legislativos. Vox se quedó fuera de la Mesa del Congreso (al no alcanzar ningún pacto con ninguna otra formación), y no salió bien parado en el reparto de los distintos órganos de gobierno de la Cámara (ni en las comisiones, ni en sus Mesas, ni en la Diputación Permanente).

Tras el 10-N, los de Abascal no necesitan llegar a acuerdos para ocupar puestos de responsabilidad en el Congreso. Con 52 diputados tienen un asiento prácticamente garantizado en la Mesa, principal órgano de gobierno de la Cámara, crucial para agilizar o bloquear el trámite de las leyes que se impulsan desde partidos, desde el Gobierno o desde otros organismos (además de la Iniciativa Legislativa Popular).

Los miembros de la Mesa se eligen mediante votación directa y secreta durante la sesión constitutiva de las Cortes, que tendrá lugar el 3 de diciembre. Además de tener un puesto garantizado, un pacto con el PP le podría hacer ganar incluso más peso en este y en los distintos órganos de trabajo de la Cámara.

También incrementan sobremanera su cupo para presentar leyes, y sus 52 escaños se pueden convertir en una auténtica barrera para tumbar iniciativas que no cuenten con un respaldo muy mayoritario en el Congreso. Una de las potestades más importantes que adquiere la ultraderecha con su ascenso electoral es la de interponer recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Esta prerrogativa está reservada exclusivamente al presidente del Gobierno, al Defensor del Pueblo, a 50 diputados o a 50 senadores, y a los órganos ejecutivos y legislativos de las Comunidades Autónomas (solo para normas con rango de ley en el ámbito autonómico). Con sus 52 escaños, Vox puede recurrir al TC leyes orgánicas, estatutos de autonomía, todos los actos y disposiciones normativas del Estado con fuerza de ley (como los decretos), los Reglamentos de las Cortes (Congreso y Senado), las leyes, disposiciones y normativas de los parlamentos y gobiernos autonómicos y los reglamentos de las Cámaras autonómicas.

Recursos contra las autonomías ante el TC

La aceptación a trámite de un recurso de inconstitucionalidad por parte del TC supone de facto la paralización del proceso o del acto legislativo recurrido, por lo que Vox (y así lo anunció Santiago Abascal este domingo, durante su valoración de los resultados electorales) podría bloquear muchas iniciativas en todos los ámbitos. Teniendo en cuenta, además, que es una formación que apuesta por la supresión del Estado de las Autonomías, los parlamentos y gobiernos autonómicos podrían ser objeto de gran parte de la actividad de Vox en el Constitucional.

La ultraderecha no solo aumenta su margen de maniobra en el Congreso, sino que incrementa sobremanera sus recursos económicos, materiales y humanos. En cuanto a los económicos, el partido verá incrementadas las subvenciones que están relacionadas con los resultados de las elecciones.

Hay dos tipos de subvenciones: las otorgadas por el Ministerio del Interior, mediante orden ministerial, para cubrir los gastos originados por la actividad electoral, y las que otorga en el Congreso de los Diputados con cargo al Presupuesto de las Cortes.  Como resultado de la repetición electoral (y tras una reforma legislativa llevada a cabo en 2016, cuando se produjo la primera repetición electoral como consecuencia del fracaso en una investidura), los partidos vieron recortadas las subvenciones por parte de Interior.

La orden ministerial fijó estas dotaciones en 14.817,35 euros por cada escaño y en 0,57 euros por cada voto a la candidatura. Vox obtendría por el primer concepto 770.502,2 euros y, por el segundo, con más de 3,6 millones de votos, 2.074.835,91 de euros. En total, la ultraderecha se llevará 2.845.338,11 de euros en concepto de subvención por gastos originados por actividades electorales.

En cuanto a las subvenciones con cargo al Presupuesto del Congreso, la Cámara fija una asignación para cada grupo parlamentario de 29.026,04 euros mensuales, y otra de 1.670,17 euros mensuales por cada diputado del grupo. Por tener grupo propio, Vox se llevaría 348.312,48 euros en un año, y por sus 52 escaños, al mes obtendría 86.848,84 euros, y en un año 1.042.186,08 de euros. En total, los de Abascal unos 1,4 millones de euros del Congreso en 12 meses (mucho más si la legislatura acaba teniendo gobierno y prolonga su duración).

También tendrán más personal a su disposición en la Cámara Baja (asesores, facultativos, letrados...), y más despachos y estancias dentro del Congreso.