Comienza un nuevo curso legislativo en el Congreso de los Diputados. El año pasado, el primero de la XIV Legislatura, se saldó con casi medio centenar de iniciativas legislativas aprobadas a pesar de la irrupción de la pandemia, que obligó al Congreso a tener una actividad bajo mínimos durante varios meses. La llegada de la vacuna, la confianza que otorga al Gobierno de coalición la aprobación de sus primeros Presupuestos, así como el refuerzo del bloque de investidura, que mantiene sus opciones para sostener al Ejecutivo, sientan las bases para un nuevo año legislativo más productivo aún. 

Buena muestra de ello es el mes de enero, que viene pisando fuerte. Este periodo, como julio y agosto, suele ser inhábil para la actividad parlamentaria. Sin embargo, está previsto que el Congreso celebre sesiones extraordinarias para aprobar varias leyes y sacar adelante otras iniciativas pendientes, tal como solicitó el Gobierno apoyado por sus socios.

A tenor de varias peticiones a las que ha tenido acceso este medio, el Ejecutivo quiere remitir al Senado al menos cuatro leyes durante el primer mes del año. Es el caso de la ley de cambio climático y transición energética, y la de infancia, dos propuestas legislativas muy ambiciosas y urgentes según la hoja de ruta del Ejecutivo. Por otro parte, previsiblemente salga adelante el proyecto de ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género durante la pandemia de covid-19, aprobadas en marzo vía real decreto ley, y la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

El proyecto de ley impulsado por el equipo de la vicepresidenta cuarta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, pretende abordar el problema estructural de la crisis climática. Por ello, contempla la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero desde ahora hasta 2050 "como muy tarde" y sienta las bases para alcanzar la descarbonización de la economía.

La propuesta discurre por la comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico mediante una tramitación urgente y se prevé que el órgano parlamentario apruebe el dictamen de la ponencia a finales de enero para que continúe su tramitación en el Senado, según fuentes de la comisión.

La conocida como ley Rhodes, por el pianista James Rhodes -víctima de abusos sexuales cuando era niño-, se registró en el Congreso a finales de junio, aunque las enmiendas parciales no se han presentado hasta octubre. Para el primer mes del año está previsto que la ponencia estudie la norma para luego ser discutida en la comisión de Justicia. Como se trata de una ley orgánica, el texto final debe ser debatido y votado en el Pleno antes de ser remitido a la Cámara Alta.

La iniciativa, que sale de la vicepresidencia segunda de Derechos Sociales de Pablo Iglesias, reformula los delitos de odio, aumenta el plazo de prescripción del delito de abuso sexual a menores, que comenzará a contar a partir del momento en que la víctima cumpla 30 años (ahora es desde los 18), y obligará a los jueces a suspender el régimen de visita a los maltratadores, entre otras cuestiones. 

Las medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género durante la pandemia de covid-19 fueron aprobadas en marzo mediante un real decreto ley y, desde entonces, están en vigor. No obstante, la Cámara Baja acordó tramitar esta iniciativa como proyecto de ley mediante una tramitación urgente. Por otro lado, el proyecto de ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica terminó el periodo de enmiendas parciales a primeros de diciembre y es previsible que la comisión de Justicia celebre sesiones extraordinarias para que salga adelante a finales de enero o principios de febrero. 

Otras iniciativas

El Congreso también avanzará desde el mes de enero en la tramitación de la reforma legislativa que limita las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante el bloqueo de la renovación del órgano de los jueces, dará salida a los trabajos de la comisión de investigación sobre la Kitchen y celebrará las comparecencias para la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, un órgano que está pendiente de renovarse desde hace dos años.

En el caso de la proposición de ley impulsada por el PSOE y Unidas Podemos, la mayoría reforzada de la investidura respaldó la toma en consideración de esta reforma legislativa que propone introducir dos nuevos artículos en la ley del Poder Judicial para que el gobierno de los jueves no pueda realizar nombramientos clave ni designar a una cúpula una vez expirado su mandato, como está actualmente desde hace dos años. Este aspecto ya estaba incluido en la propuesta que presentaron estos dos grupos en octubre para rebajar las mayorías necesarias para renovar los vocales del Poder Judicial y que ahora está paralizada.

En cuanto a la comisión Kitchen, se constituyó casi tres meses después de que la mayoría del Pleno aprobara su creación. Este órgano, presidido por la socialista Isaura Leal, comprometerá al PP de Pablo Casado, pues tiene por objeto indagar sobre la presunta utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, durante los mandatos de Gobierno de Mariano Rajoy, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción.

Leyes pendientes de registrar

Al margen de estas iniciativas, está previsto que el Congreso asuma a lo largo de 2021 otras propuestas legislativas pendientes de registrarse en la Cámara Alta, como la ley de memoria democrática y la de libertad sexual, o de aprobarse en el Consejo de Ministros, como la anunciada ley LGTBI.

El Gobierno aprobó el anteproyecto de ley de memoria democrática el pasado 15 de septiembre. El texto se someterá a consultas del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial para que pase de nuevo por el Consejo de Ministros antes de que comience su andadura en el Congreso. El Estado se hará cargo de la exhumación de las miles de personas que permanecen aún en cunetas tras ser fusilados por el franquismo y se ilegalizará la Fundación Nacional Francisco Franco.

El anteproyecto de ley de libertad sexual recibió luz verde del Gobierno unos días antes del 8-M. La norma contempla poner el consentimiento en el centro, esto es, asume el conocido solo sí es sí. El Consejo Fiscal ya se ha pronunciado sobre esta norma avalando por unanimidad la definición del consentimiento expreso, pero recomienda en todo caso que el articulado regule esta figura en positivo.

Por otro lado, la ministra de Igualdad, Irene Montero, anunció en el Congreso a finales de febrero la llamada ley Trans, que prevé la igualdad plena y efectiva de las personas del colectivo, aunque de momento no se conocen muchos más detalles sobre el texto. Si bien, el anuncio ha levantado ampollas en el seno del movimiento feminista sobre el sujeto del mismo, así como dentro del propio Gobierno de coalición en torno a la autodeterminación del sexo.