Mariano Pérez-Hickman estaba citado a declarar como investigado por un presunto delito ambiental el 19 de septiembre, pero su condición de aforado acaba de ahorrarle este trago. El heredero del escaño de Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso de los Diputados tomó posesión este martes y por tanto no puede comparecer ante el Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón, donde fue concejal durante 20 años, y otros 2 teniente de alcalde. 

Somos Pozuelo, la formación con representación en este consistorio que ejerce como acusación particular en el caso, recuerda que otros 10 exediles de Pozuelo están citados a declarar esa misma semana, pero en el caso del sustituto de Santamaría es el Tribunal Supremo quien puede ahora pronunciarse.

El Congreso debe primero cumplir el obligado trámite de acreditar ante el Supremo que Pérez-Hickman es aforado, y es este tribunal quien efectivamente puede llamarlo a declarar. "Si lo mantiene imputado, la causa entera iría al Supremo", sostienen.

Por su parte, fuentes del Grupo Parlamentario Popular inciden en que hoy por hoy la pelota está en manos del Supremo, y se ratifican en la versión aportada por fuentes cercanas al heredero del escaño de Santamaría a Público: "Es una decisión judicial. Él considera que será archivado". Su entorno asegura a este diario que el flamante diputado tampoco tiene ninguna intención de dimitir.

La providencia del juzgado recoge que el exconcejal y la decena de altos cargos de los gobiernos del PP desde 2005, incluida la alcaldesa, Susana Pérez Quislant, están citados a declarar como investigados (antes denominados imputados). La acusación particular sostiene que Pérez-Hickman es uno de los responsables de la gestión de la depuradora del barrio de Húmera, que vertió aguas altamente contaminadas en la Casa de Campo.

Es la misma ciudad en la que fue alcalde Jesús Sepúlveda (2003-2009), condenado a 14 años y 8 meses de cárcel por la trama corrupta Gürtel y exmarido de la exministra de Sanidad Ana Mato, condenada como partícipe a título lucrativo por la misma trama.

En el PP no aclaran si sabían que estaba imputado

En otro orden de cosas, ni en el PP ni en el grupo parlamentario aclaran si efectivamente estaban al tanto de que Pérez-Hickman había sido llamado a declarar como investigado.

En sus filas hay quienes interpretan que la dirección no conocía su estado procesal, pero también quienes sostienen que, en cualquier caso, aún estando al tanto no habrían podido evitar que tomase posesión de su escaño. "El siguiente en la lista es el que toma posesión, no puedes decir que no", sostienen.

Argumentan su respuesta citando la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que en su Artículo 164 afirma: "En caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un Diputado, el escaño será atribuido al candidato o, en su caso, al suplente, de la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocación".

Y, sobre la posible dimisión de Pérez-Hickman en el caso de que el Supremo mantengan su imputación, en el PP no quieren oír una palabra. Al menos de momento.