MADRID.- "Proteger al partido". Esa es la excusa que ha esgrimido la dirección de UPyD para defenderse de las acusaciones que Irene Lozano y otros tres miembros del partido han lanzado contra la cúpula por el escándalo de la difusión de los correos privados que intercambiaron con el exdiputado asturiano Ignacio Prendes.

La diputada y candidata a relevar a Rosa Díez al frente de la portavocía pidió a la Comisión de Garantías que analice el informe que el Consejo de Dirección remitió al Consejo Político con la intención de "desprestigiar" su candidatura de Renovadores en el proceso electoral interno en el que se encuentran inmersos los magentas. Sin embargo, los acusados aseguran que actuaron con toda "legalidad" y que tenían "la obligación" de remitir dicha información al "máximo órgano de control del partido " (el Consejo Político) aunque no vayan a tomar medidas disciplinarias antes del Congreso extraordinario que se celebrará el próximo 11 de julio. 

Así lo han asegurado los responsables de Organización e Instituciones del partido, Juan Luis Fabo y Ramón Marcos, respectivamente, en una rueda de prensa a la que no ha acudido la todavía portavoz del partido ni su número dos, Andrés Herzog. "Se trataba de explicar temas organizativos que ni siquiera dependen del Consejo de Dirección, sino de la Comisión Electoral", les excusaron desde la formación, en relación a que la convocatoria era sólo para explicar cómo se desarrollará la cita electoral. 

Lozano, junto a otros tres miembros de UPyD citados en el informe, acusa a la dirección de violar sus correos privados, tergiversar el contenido de los mismos y de haber usado fondos del partido "para fines particulares" (el espionaje de dichos e-mails). Asimismo, los denunciantes consideran que la filtración de su contenido a los medios "no pudo tener otro origen que la propia dirección del partido", por lo que piden abrir un expediente disciplinario a todos sus integrantes e incluso suspenderles cautelarmente con el fin de celebrar el congreso del 11 de julio "con imparcialidad". 

Fabo y Marcos, por su parte, han negado que la filtración provenga de sus filas y han insistido en que la "obligación" de la dirección era informar cuanto antes de la "trama" que "personas del partido" habían conformado "trabajando para otros partidos" con el fin de "proteger" a la formación tanto de cara a las elecciones municipales y autonómicas del pasado 24 de mayo.

Ambos han resaltado que la dirección nunca espió los correos de Nacho Prendes, sino que contrató -con un coste que no han querido especificar- ante notario a una empresa para descubrir los movimientos de éste con Ciudadanos después de que se desvelara que su asesora era también la representante legal del partido naranja en Asturias. "[En el informe] no hay ningún correo de gmail", aseguró Ramón Marcos, obviando que, aunque la investigación se hizo sobre el correo corporativo del asturiano, también se citan las respuestas que los demás hicieron desde su cuenta personal.

Además, incidió en la "absoluta legalidad" de la revisión de los correos seleccionados por la empresa, a lo que tienen derecho "cualquier empresa, partido o institución" si encuentra una "razón motivada" para ello.  Fabo, por su parte, añadió que sólo trataban de "esclarecer los hechos" para "proteger al partido ."¿Y se han fijado en que nadie niega los hechos?", ironizó. 

No obstante, ambos dirigentes magentas señalaron que no tomarán medidas disciplinarias contra ninguno de los militantes citados en el informe; cuestión que dejarán en manos de la futura dirección que salga elegida del Congreso de julio. Así, si la lista de Lozano supera en votos a la de Unidos por UPyD -formada por el propio Herzog y otros dirigentes del partido como Mayte Pagazaurtundua y Gorka Maneiro-, cabe la posibilidad de que sea ella misma quien tenga que decidir sobre su propia expulsión.