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Violencia Policial Las unidades antidisturbios de los Mossos, una historia marcada por la polémica

Las actuaciones del cuerpo durante las protestas contra la sentencia del 1-O han sido recibidas con críticas que han reavivado un historial controvertido y frecuentemente cuestionado. Hablamos con varios partidos políticos sobre la Brigada Móvil y mientras la CUP pide su disolución, el Comunes se decantan por tener "una policía bajo sospecha antes que por una policía descontrolada".

Antidisturbios de los Mossos cargando contra manifestantes .. EFE / Alejandro García

El cuerpo antidisturbios de los Mossos, el Área de Brigada Móvil (popularmente conocida como Brimo), vuelve a ser objeto de crítica de la opinión pública. Junto con las Áreas Regionales de Recursos Operativos (ARRO), la Brimo se encarga oficialmente de patrullar zonas especialmente conflictivas y mantener la seguridad en grandes eventos deportivos o manifestaciones. Sus agentes tienen uno de los niveles de especialización más altos del cuerpo, sólo superados por los Grupos Especiales de Intervención (GEI) y los de desactivación de artefactos explosivos.

Desde su creación y desarrollo en los años noventa en sustitución de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, la Brimo ha sido uno de los cuerpos más polémicos por sus intervenciones, muchas de las cuales han resurgido estos últimos días en las redes sociales, tales como la carga contra una huelga de mineros en Súria que terminó con cinco heridos graves (2005), el llamado 'caso kubotan' -un arma de defensa no reglamentaria que un agente del cuerpo usó durante una manifestación contra el movimiento okupa en 2007-, las cargas en Via Laietana durante las protestas estudiantiles contra el Plan Bolonia (2009) que terminaron con 57 heridos y dos agentes condenados por agresión o las cargas en Plaza Cataluña contra el 15-M (2011). También se ha recordado como en 2012 Esther Quintana perdió un ojo por el impacto de una bala de goma disparada por los Mossos durante las protestas por la huelga general o el desalojo de Can Vies en 2014.

La polémica por la actuación de los Mossos en las cargas conjuntas con la UIP de la pasada semana llega meses después de que la Generalitat pusiera al frente a Xavier Pastor, presentado como un experto en prevención y responsable de la creación de una unidad 'ad hoc' que tiene el objetivo de negociar con los manifestantes en momentos de tensión para reducirla y evitar así la intervención del cuerpo. Pastor tomaba el relevo de Carlos Hernández , investigado por la justicia por su actuación durante las cargas contra los manifestantes independentistas que protestaban contra un acto de Vox en Girona en diciembre de 2018. En una imagen poco usual que quedó registrada por el fotógrafo Jordi Borràs se pudo ver cómo Hernández participaba personalmente en la carga contra los miembros del CDR a la manifestación.

Un modelo policial descartado en otros países europeos

"El problema principal es que los Mossos crearon su unidad de antidisturbios a imagen y semejanza de las de la Policía Nacional y de la Guardia Civil" , explica a Público el periodista de la DirectaJesús Rodríguez, gran conocedor de las diversas unidades antidisturbios. "Son, por decirlo así, una copia prácticamente idéntica donde lo que se prioriza es la dispersión con efectos disuasorios que tienen efectos lesivos sobre las personas que se manifiestan, como las porras y los proyectiles, primero las balas de goma y ahora las balas de foam, que tienen consecuencias que pueden ser irreversibles", continúa.

El periodista recalca que este modelo que aquí algunos consideran "normal" ya "se ha descartado en algunos países europeos, como Alemania, Reino Unido, Dinamarca u Holanda, y también parcialmente en Italia". Además, "otros países han descartado el uso de elementos lesivos contra los manifestantes y optan por la presencia masiva de agentes o el acordonamiento de zonas".

¿Qué hay de cierto de los rumores que hablan de inclinaciones derechistas de los agentes? "Hasta ahora era más bien una cuestión corporativa, de defensa de sus 'derechos' laborales que suponía que acabaran haciendo la política de seguridad ellos mismos", responde el periodista de la Directa. Y ofrece un ejemplo: "Cuando defienden que los agentes pueden usar las balas de goma para asegurarse de que esto protege los agentes y les da mayor capacidad de reacción ante los manifestantes, que venden como una cuestión laboral, de preservación de derechos de los funcionarios, pero esto tiene unas consecuencias sobre los manifestantes lesivas y que vulneran sus derechos fundamentales ".

Este es "un problema que se ha enquistado en los sindicatos de Mossos, que acaban presionando para dictar la política de seguridad". "Al margen de todo esto", precisa, "sí es cierto que en los últimos años sí que hay una parte de los agentes que se han connotado a partir de organizaciones como Jusapol u organizaciones policiales que cada vez tienen una mayor proximidad en el entorno de Vox o Ciudadanos".

Preguntado por algunas de las propuestas políticas hacia el cuerpo, Rodríguez responde que "todo es una cuestión de voluntad política", incluso la posible disolución de la Brimo. Ante todo, sin embargo, se debe analizar si la unidad "tiene alguna función", y recuerda un dato poco conocido: que "la mayor parte de las horas de trabajo de la Brimo y el ARRO las dedican a los desahucios". Rodríguez sí ve posible su disolución con una "reformulación del modelo de orden público para que tengan más que ver con la mediación que con la disolución de los manifestantes atacándolos", pero al mismo tiempo advierte que existen "lobbies que mantienen una posición de fuerza" para que todo siga como hasta ahora.

¿Reforma o disolución?

Hemos preguntado a los partidos políticos por las medidas que plantean sobre la Brimo (Público se puso en contacto con JxCat y ERC para consultar su opinión, pero a la hora de publicar este texto no había recibido ninguna respuesta). Los cuerpos antidisturbios son polémicos en todos los países por sus actuaciones contundentes, pero ¿qué hace a los antidisturbios de los Mossos más polémicos que al resto?

"Todos los cuerpos policiales europeos cometen abusos", contesta a nuestra pregunta el diputado de En Común Podemos Jaume Asens. "Los Mossos, y especialmente la unidad antidisturbios, no es una excepción, como hemos visto en los últimos días", sigue, "ahora bien, no me atrevería a decir que los Mossos lo son más". "En un Estado de derecho, la gestión del orden público exige un uso estrictamente regulado y controlado de la fuerza, además del despliegue de los medios o técnicas disuasorios que sean lo menos lesivos posible", aclara Asens, que menciona "la prohibición de las balas de goma por parte del Parlamento" como "un gran paso que homologa los Mossos a otras policías europeas que hacía años que habían retirado este armamento".

En cuanto a la reforma del cuerpo, Asens opina que "hay que avanzar hacia un modelo policial de proximidad, el máximo transparente y democrático", pero que "eso no quiere decir disolverlo, sino estar en permanente evolución". "La lucha contra la impunidad policial supone una victoria de la lógica del Estado de derecho frente a la lógica de la razón de Estado", comenta el también abogado, para quien "después de todo, en un sistema que se pretenda democrático siempre será preferible tener una policía bajo sospecha de que una policía descontrolada".

El 19 de octubre, en una comparecencia ante la prensa, el diputado de la CUP Carles Riera pidió "la destitución de Buch, la disolución de la Brimo y la retirada de Cataluña de los cuerpos de seguridad del estado". En respuesta colectiva a este diario, la CUP considera que el problema de los Mossos radica en que "incorporan muchos agentes provenientes de otros cuerpos policiales del estado que no vivieron ninguna depuración después de la dictadura".

"En el caso concreto de los antidisturbios, son una brigada dentro de los cuerpos policiales con una trayectoria de prácticas que tienen el objetivo único y exclusivo de reprimir", explican al reiterar que "son unidades encargadas de aplicar, de forma exclusiva y material, el monopolio de la violencia de los estados y, por tanto, son unidades totalmente contrarias a la lógica de la garantía de derechos, también al de la protesta" .

"La falta de depuración de responsabilidades y la omisión de la opinión de organizaciones pro derechos humanos con respecto al uso de material y de armas por parte de los cuerpos policiales" justifican la medida hecha pública por Riera, según la CUP, que cree "necesario cambiar de modelo y urgente generar mecanismos de control de los abusos policiales", así como "lanzar un mensaje contundente al conjunto de los cuerpos policiales y sus responsables políticos". En este sentido, el partido reivindica "abordar los conflictos exclusivamente desde una perspectiva policial, ya que tienen origen en las grietas de exclusión y dolor que generan las desigualdades sociales".

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