Casi 60 días después del inicio del estado de alarma, Raquel solo ha podido ver a su pareja, interno en la prisión de Sevilla 2, dos veces. Dos veces por videollamada y apenas 10 minutos. Toda la conversación transcurría delante de un funcionario de prisiones que vigilaba en todo momento la conversación.

"Demacrado, muy muy triste y con muchas ganas de pensar que nos podremos volver pronto", recalca esta joven de veintidós años a Público. Raquel recuerda los primeros días de incertidumbre, de aislamiento de su pareja, sin poder tener derecho a una sola mascarilla, ni a protección de ningún tipo. "Me decía que allí nadie les daba ni guantes, ni material. Como me dejaban escribirle cartas dentro de un sobre le pude poner una máscara de tela para al menos protegerse en el patio", aclara.

Han pasado los meses. Raquel puede hablar con su chico varias veces a la semana, llamadas de ocho minutos y pronto podrán verse por locutorio. Mientras, la pareja de Raquel pidió estar solo en una celda, dentro de Sevilla 2, para evitar el contagio lo máximo posible. "En las dos videollamadas que hemos hecho me he puesto nerviosa porque es duro verlo allí en esta situación, donde no puede alejarse de los contagios. Y sin poderlo evitar le dije al vigilante que nos dejara hablar con intimidad. Ha sido muy muy duro vivir así este confinamiento", aclara la joven.

Con el inicio de la fase 1, Raquel y la familia de su chico, del que prefiere no decir su nombre, volverán al locutorio, paredes de cristal y un teléfono para comunicarse. "Por ahora no podremos hacer vis a vis, pero al menos le podré ver la cara sin que sea una pantalla". Raquel ha vuelto a trabajar en las peonadas del campo, ha podido recobrar en parte su vida y solo espera que todo el protocolo de visitas "se haga bien", de forma segura, porque "los que están allí dentro no pueden confinarse de la misma forma y están obligados a vivir en sus módulos dentro de prisión", afirma.

205 móviles para videollamadas entre 50.000 reclusos

María Luisa Díaz Quintero, abogada de la Federación Enlace, señala a Público que las comunicaciones presenciales fueron suspendidas el 10 de marzo en todas las prisiones de España.

"La única vía era la telefónica, pero eso al principio generaba problemas, ya que muchas familias no podían ingresar dinero al no haber mercadillos, u otros medios de ganarse la vida, y el peculio (tarjeta donde ingresar el dinero en prisión) se iba acabando o ya no les quedaba". Luego vinieron las videollamadas para paliar la necesidad de contacto de las familias ante la falta de comunicación presencial. "Instituciones penitenciarias adquirió 205 móviles, pero con una población de casi 50.000 personas presas en nuestro país... imagínate".

Esta abogada ha podido ver de cerca el dolor de estas familias que tenían una información muy sesgada dentro de la prisión. "Cuando alguien llamaba y decía que se habían llevado a varios internos por contagio, que había fallecido alguien en prisión... al no haber teléfono donde informarse el bulo corría como la pólvora y era una angustia hasta que se conseguía averiguar que no era cierto, sólo rumores infundados".

Las condiciones de los presos también han empeorado en la etapa de confinamiento, ante la suspensión de todos los permisos penitenciarios. "Muchas horas en celda metidos y viendo por el canal interno de CP los vídeos de películas que emiten. Hay que tener en cuenta que muchas personas presas tienen una situación económica muy precaria y por tanto ni tienen la posibilidad de ver la televisión ni escuchar la radio, porque son aparatos que deben comprar en el economato de la prisión y con un coste más elevado que en el exterior, y al carecer de peculio estaban horas y horas mirando a la pared".

Además aclara que a "este encierro había que añadir el doble aislamiento en cuarentena si se detectaba la posibilidad de algún síntoma y el nerviosismo que genera el síndrome de abstinencia o la carencia de recursos sanitarios dentro de prisión".

Un llamamiento para cumplir un protocolo de desescalada

Un total de 16 organizaciones, a nivel nacional, en defensa de los derechos humanos han presentado ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias unas "propuestas para la desescalada en el contexto de la covid-19 en las prisiones dependientes de la Administración General del Estado".

Desde las organizaciones que han impulsado este plan de actuación sostienen que "es necesario adoptar un protocolo para llevar a cabo el desconfinamiento en las cárceles y hacer un retorno a la normalidad". Critican que, "aunque hace más de una semana que el Gobierno central aprobó las diferentes fases en que se haría el desconfinamiento, todavía no se ha publicado ninguna información específica sobre cómo se hará en los centros penitenciarios".

Francisco Fernández Caparrós, coordinador del área de Cárceles de la Asociación Pro derechos Humanos, señala a Público que "a nuestro juicio es indispensable que se mantengan los terceros grados concedidos hasta ahora mediante el control telemático, telefónico o personal con el objetivo de mantener la reducción de la población reclusa". Esta misma semana la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha accedido a esta petición que formularon los colectivos la semana pasada.

Desde el comunicado consideran fundamental que, conforme a los principios de actuación recomendados por el Consejo de Europa, ONU o la OMS, "se apliquen medidas tendentes a conceder regímenes abiertos y de detención domiciliarias para personas en régimen del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, así como a todas aquellas mayores de 65 años, mujeres embarazadas, madres con hijos dentro de prisión o personas enfermas crónicas".

Francisco apunta que "sobre esto aún no se ha pronunciado la Secretaría General, es esencial que se produzcan progresiones a terceros grados o que ya estuvieran disfrutando de permisos antes del confinamiento, así como aquellas que ya hayan cumplido las tres cuartas partes de su condena".

"Nerviosismo por el corte de la entrada de estupefacientes"

Elena Getino es funcionaria de prisiones en Alhaurín de la Torre (Málaga) y portavoz de la asociación Tu abandono me puede matar, que congrega a casi cuatro mil funcionarios de prisiones de todo el territorio nacional. Habla con franqueza de la realidad de la covid-19 en intramuros, de la falta de datos fiables sobre el contagio y fallecidos en las prisiones de toda España.

"Es imposible saber cuál ha sido el verdadero impacto de la pandemia dentro de los muros", si bien la administración penitenciaria a fecha de 20 de mayo reconoce "69 internos positivos y no registra los casos de los trabajadores". Ella detalla otra realidad y es que "han habido mas de mil trabajadores en cuarentena e innumerables internos en la misma situación con módulos enteros dedicados a esta cuarentena, pero declara que jamás sabremos la realidad por la falta de comprobación y la opacidad de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias".

Getino destaca a Público que se ha registrado la muerte de 5 compañeros por covid-19 (aunque la administración solo reconoce 4) y de 2 internos. "Fueron golpes muy duros para todo el colectivo, así como todas las agresiones y los momentos de tensión vividos". El inicio de la crisis sanitaria fue, para Elena, uno de los los momentos más difíciles dentro de las prisiones, donde se le restaba importancia a la situación.

"No sólo no recibíamos EPI, sino que se nos prohibía el uso de nuestras propias mascarillas. Fueron momentos de pánico mezclado con mucho enfado". La tensión era palpable entre los internos que, tal y como destaca Getino, "nos exigían que usáramos esas mascarillas puesto que realmente éramos el vector principal de contagio". Aquella fase de angustia se mezclaba con el nerviosismo de muchos internos "por haberse cortado la principal entrada de estupefacientes con la suspensión de las comunicaciones y los permisos, lo que era un coctel molotov diario".

A nivel personal, esta funcionaria de prisiones ha tenido que comunicar el fallecimiento de familiares relacionado estrechamente con la crisis. "Había que comunicar la noticia de un fallecimiento de un familiar de una intena por covid-19 en el exterior, hubo que sacar toda nuestra profesionalidad y empatía para hacerle entender que no podría salir al funeral".

Como portavoz de un colectivo de funcionarios reclama como en el territorio nacional la peor parte se la han llevado prisiones como Madrid VII (Estremera). "La administración reconoce 44 positivos entre los internos, muy por encima de la media de otros centros. Se da la paradoja de que los talleres productivos penitenciarios están abiertos desde antes de la fase de la desescalada, permitiéndose la entrada de personal externo por un criterio meramente económico, dejando el tema de la salud en un segundo plano".

Este hecho ha sido sistemáticamente denunciado por parte de la asociación. "Un accidente laboral a un interno ha dejado al descubierto este problema, al dar positivo cuando tuvo que ser atendido en un hospital".

"Mejorar la crítica situación de la sanidad penitenciaria"

Francisco Fernández denuncia, como miembro de la asociación Pro Derechos Humanos, que el "problema más grave en este ámbito es la precarizada situación de la asistencia sanitaria en prisión y su dependencia administrativa del Ministerio del Interior, salvo en los casos de Catalunya y Euskadi".

Los colectivos sociales reclaman que se mejore "la crítica situación de la sanidad penitenciaria como la elevada tasa de encarcelamiento de nuestro Estado". Por ello piden a Instituciones Penitenciarias que se impulsen otras medidas de excarcelación que hasta ahora no se han puesto en marcha y que ayudarían a evitar la propagación de la covid-19 en el futuro".

Las comunicaciones se empezarán a reactivar a partir de la semana que viene (sólo por cristales), se han establecido medidas como la disminución de comunicantes por familia o a la vez en los locutorios, la desinfección entre comunicación y comunicación, el uso de mascarillas y guantes".

Elena Getino espera que se cumplan los protocolos y que se mantenga la cautela en un medio tan cerrado y donde guardar la distancia de seguridad es imposible. "La salud de los trabajadores y de los internos debería de ser el criterio numero uno, y no lo es cuando aún tenemos una mascarilla por turno de trabajo de 38 horas. ¿Cómo podemos cuidar así de nuestros internos?", concluye.