El problema de la vivienda en Andalucía arroja unas cifras especialmente preocupantes. En 2022, mientras en toda España bajaba un 7,5% el número de desahucios, en la comunidad andaluza aumentó un 1,5%, la única región que registró una subida, según ha podido constatar Público. La Asociación Pro Derechos Humanos (APDHA) ha calificado de "angustiosa" la situación de muchas familias, fundamentalmente de las que no pueden hacer frente al pago del alquiler.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reflejan que el año pasado se llevaron a cabo 6.717 lanzamientos de viviendas por orden judicial en Andalucía, lo que supone una media de 18 diarios, el 67% por procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y el resto, de ejecuciones hipotecarias y otras causas. Esas cifras suponen un incremento interanual del 4,4% en los desahucios por impagos del alquiler y un descenso del 7,4 en el caso de los relacionados con hipotecas.

Los datos andaluces contrastan con los del resto de las comunidades autónomas recogidos por el CGPJ, que reflejan en 2022 un descenso de los lanzamientos en un 19,9% en Cantabria, un 7,4% en Extremadura, un 10,5% en La Rioja, un 6,5% en Galicia, un 12,9% en Navarra, un 8,9% en Madrid, un 16,2% en Castilla-La Mancha, un 17,1% en Murcia, un 9,5% en el País Valencià y en torno a un 15% en Canarias.

El alquiler es donde se focalizan, por tanto, los mayores problemas de la vivienda en Andalucía, que es, tras Catalunya, la comunidad en la que se registra un mayor número de procedimientos de lanzamiento derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

La APDHA señala en su informe anual que se ha producido un repunte después de un periodo de tiempo en el que el problema de la vivienda se había ido atenuando, gracias a medidas como el Código de Buenas Prácticas para la reestructuración de deudas hipotecarias y la intervención de las plataformas ciudadanas contra los desahucios.

Y ese repunte se ha traducido en un aumento de los desahucios en la comunidad, fundamentalmente en viviendas alquiladas, un mercado al que en los últimos años han acudido más personas, sobre todo las jóvenes, debido a la inflación del sector inmobiliario y las mayores dificultades para acceder a una hipoteca.

Los precios del alquiler han subido cerca de un 40% en la última década en Andalucía, según el informe de Pro Derechos Humanos, que resalta que, en cambio, el salario medio ha aumentado poco más de un 10%, lo que supone que las familias tienen que realizar un esfuerzo cada vez mayor para acceder a una vivienda.

"La subida del precio del alquiler no se encuentra relacionada entonces con la necesidad de las familias y sus posibilidades económicas, sino con la ausencia de oferta de viviendas para alquilar. Nos encontramos con un parque de viviendas muy infrautilizado, con más de 641.000 viviendas vacías de forma permanente, según el censo de 2021", subraya esta organización.

Cada vez más pisos turísticos

A ello se suman las cada vez más numerosas viviendas para fines turísticos que hay en la comunidad andaluza, 90.000 según Pro Derechos Humanos, que siguen sin contar con una regulación específica. "El incremento de este tipo de vivienda se hace directamente a costa del parque residencial de viviendas, frente al cual ofrece mayor flexibilidad y mayores ganancias, especialmente en las zonas de afluencia de turistas -gran parte de Andalucía-. De esta manera, tenemos un mercado del alquiler convencional con una oferta escasa y precios prohibitivos, que resulta ser inoperante para inquilinos y propietarios", explica en el informe Ibán Díaz, portavoz del Punto de Información y Vivienda (PIVE) de la APDHA.

El estado actual del mercado de la vivienda de alquiler está creando -advierte Díaz- una "situación angustiosa" a muchos hogares andaluces que no pueden hacer frente a unas rentas mensuales tan elevadas.

A eso se añaden las familias que viven hacinadas en infraviviendas, en pisos compartidos gestionados por ONG financiadas por los ayuntamientos sin perspectiva de hallar una solución, la escasez de viviendas sociales en el parque público y la sobrecarga de trabajo que soportan los servicios sociales municipales, por falta de personal y recursos para atender toda la demanda, se añade en el informe de Pro Derechos Humanos presentado este lunes.

Los datos del CGPJ registraron en el segundo trimestre de este año una mejoría en la comunidad andaluza, donde se llevaron a cabo 1.051 lanzamientos de viviendas —un 45% menos que en el mismo periodo de 2022—, casi el 63% derivados de un impago del alquiler de la casa. Pese a todo, en el primer trimestre Andalucía continuaba como la segunda comunidad con mayor número de lanzamientos, por detrás de la catalana, con un promedio de 14 desahucios diarios.

No obstante, la APDHA teme que se pueda producir un repunte de los desahucios relacionados con impagos de hipotecas, debido, principalmente, a la subida de los tipos de interés que obliga a hacer frente a cuotas cada vez más altas. "Esto recuerda mucho a la situación de 2008 y podemos volver a encontrar hogares hiper endeudados que no pueden hacer frente a sus cuotas y con propiedades devaluadas.

Aún más problemático es el efecto que la nueva fase del mercado inmobiliario puede tener en materia de empleo y de dinamización de la economía en general. Ante esta situación sería prudente prepararse para un nuevo endurecimiento de la crisis habitacional el próximo año", alerta esta organización andaluza.

Multas y detenciones de activistas

El incremento de los lanzamientos también ha llevado aparejado un repunte de las actuaciones policiales contra las plataformas ciudadanas que tratan de evitar los desahucios, tras un periodo de relativa calma que se vivió a causa de la pandemia de la covid. Solo en la provincia de Sevilla, se han registrado en este año dos incidentes que se han saldado con multas de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley Mordaza, y detenciones de activistas.

En la localidad de San Juan de Aznalfarache, cuatro personas fueron detenidas el pasado mes de mayo cuando intentaban impedir el desahucio de una familia, entre ellos el que era candidato del Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) en las elecciones municipales de ese ayuntamiento. Los detenidos se encuentran pendientes de la celebración del juicio, acusados de atentado a la autoridad y uno de ellos, además, ha sido multado por grabar la intervención policial.

Por su parte, un integrante del PIVE fue sancionado con una multa de 600 euros por participar en la concentración que trató de impedir el pasado febrero el desahucio de un matrimonio de jubilados en la capital andaluza.

Miguel Balbuena, el sancionado, se lamenta de que la cuantía de esa sanción. Esta supone la mitad de lo que gana al mes por su trabajo y asegura que lo único que estaba haciendo aquel día era mediar entre la familia y las fuerzas de seguridad. Sostiene que pretendía que se respetara la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la pareja que iba a ser desahuciada, ya que el hombre había sufrido, además, un ictus.

El desahucio se suspendió, precisamente, por la mala salud del inquilino, que la noche anterior había tenido que ir al hospital a causa de una subida de tensión. Pese a ello, una semana después se llevó a cabo el lanzamiento por sorpresa, sin previo aviso a la familia y, por tanto, sin oposición de activistas en la puerta del edificio.

En este caso, la multa se ha impuesto por vulneración del artículo 36.4 de la ley Mordaza, que sanciona los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad o empleado público el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales.

El número de sanciones por este artículo han aumentado precisamente en el último año un 5% y su cuantía global casi se ha elevado un 20%, hasta aproximarse a los 437.000 euros. Todo ello en un contexto de descenso general del 12% de las multas impuestas por la ley Mordaza, según la estadística de 2022 del Ministerio del Interior.

En su denuncia, los agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana describen la actitud del sancionado como "altiva y chulesca", amparada por "la masa que le rodea". Así es como se refieren a la concentración de activistas que se congregó delante del portal para impedir el desahucio. En ella se encontraban también representantes y cargos de IU, Podemos y Adelante Andalucía.

Balbuena niega rotundamente que tuviera una actitud hostil y señala que en esa concentración intervino como mediador, lo mismo que hizo en otro desahucio a petición de la policía para intentar evitar un enfrentamiento con la familia del piso que tenía una orden de lanzamiento judicial.