Unidas Podemos y los socios parlamentarios de Pedro Sánchez defenderán este martes sacar a alquiler social las viviendas de la Sareb (Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), una de las tres líneas rojas que según el espacio morado allanarían el camino para desbloquear la ley estatal por el derecho a la vivienda.

Y es que, la ponencia que debe discutir las 866 enmiendas parciales al proyecto de ley (31 de ellas proceden de Unidas Podemos) aún sigue sin constituirse a la espera de que se resuelvan tres asuntos que para las formaciones a la izquierda del PSOE y los colectivos sociales son indispensables.

Esto es, la regulación del precio de alquiler en las zonas de mercado tensionado para todos los propietarios (no solo a grandes tenedores, como está contemplado en el proyecto de ley), la prohibición de manera estructural de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional (una medida que se aplica de forma excepcional desde la irrupción de la pandemia y que se ha ido prorrogando), y la inclusión de todas las viviendas de la Sareb en el parque público de vivienda de alquiler.

Esta última cuestión se escenificará este martes en el pleno del Congreso por medio del debate de una proposición de no de ley registrada por Unidas Podemos en febrero, semanas después de que el Gobierno decidiera tomar el control del conocido como "banco malo", incluida su deuda de 35.000 millones, y tras el rechazo de los socialistas a cambiar el objeto social de dicha sociedad en esta dirección mediante el mismo real decreto-ley aprobado el 18 de enero de este año.

Convertir la Sareb en una "herramienta pública"

Desde el grupo confederal consideran que la decisión tomada en el seno del Gobierno "deja en evidencia la negligente actuación en la gestión de esta sociedad y la necesidad de modificar la forma de actuar" la Sareb, que fue creada en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para comprar activos inmobiliarios de cajas de ahorro y bancos quebrados en la crisis de 2008.

"El entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguraba sólo unos meses después de la creación de la Sareb, que la sociedad no sólo no les costaría dinero a los contribuyentes españoles, sino que, a lo largo de su vida, ofrecería una rentabilidad del 15%", recuerda el grupo morado en el texto al que ha tenido acceso este medio.

Sin embargo, en junio de 2021, la sociedad había consumido "los 1.200 millones
aportados de capital y los 3.600 millones de deuda subordinada que habían suscrito los accionistas. En total, 4.800 millones". Asimismo, el patrimonio neto de Sareb era negativo en casi 9.700 millones de euros. "En total, un quebranto contable que asciende a unos 14.500 millones de los que 12.000 millones son públicos", añaden en el texto de la iniciativa.

Para asegurar un control adecuado del banco malo, proponen su dependencia del ministerio competente en materia de vivienda, la creación de un organismo específico para comprobar el cumplimiento de sus objetivos, y la participación de los ministerios en su consejo de administración y este organismo de seguimiento.

Asimismo, exigen la puesta en conocimiento de todos los activos que tiene en propiedad, ya que denuncian que sus inmuebles y suelos son "algo desconocido para los ministerios que tienen competencias relacionadas, como es el caso de Transporte o Derechos Sociales".

Un reclamo unánime

En este sentido, Alejandra Jacinto, portavoz y secretaria de Vivienda de Podemos, ha pedido este lunes al PSOE que acepte esta reivindicación para aprobar una ley de vivienda "a la altura". "Si la deuda de la Sareb es nuestra, sus casas han de serlo también", ha zanjado.

Asimismo, el vicepresidente segundo de la Generalitat valenciana y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, que tuvo oportunidad de trasladar esta cuestión a la propia vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, recalca en unas declaraciones a este medio que la medida es un clamor entre las diferentes comunidades autónomas.

En una ronda de contactos mantenida hace unos meses con sus homólogos de otras autonomías, como Navarra, Euskadi, Asturias, Aragón, Catalunya, Illes Ballears y Galicia, es decir, "con gobiernos con todos los colores" (incluido el PSOE), el dirigente morado comprobó en primera persona que "hay una coincidencia básica en que todas las viviendas de la Sareb se incorporen al parque público, ya que es una forma de revertir una gestión de la crisis que se percibió por parte de la sociedad como una estafa", remacha.