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Moncloa se resiste a convertir en definitivas algunas medidas temporales para desatascar la ley de vivienda

PSOE y Unidas Podemos acuerdan prorrogar el límite de la subida de los alquileres (una suerte de regulación de los precios), y prohibir los desahucios, dos de los escollos que impiden que la norma vea luz de forma inminente en el Congreso.

La ministra de Derechos Socialies, Ione Belarra, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, durante la sesión de control del Gobierno en el Congreso en Madrid. EFE/ Mariscal
La ministra de Derechos Socialies, Ione Belarra, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, durante una sesión de control del Gobierno en el Congreso. Mariscal / EFE

Querer es poder y en Unidas Podemos fían el futuro de la ley de vivienda a la "voluntad política" del PSOE en esta materia. Más aún cuando este martes, las dos fuerzas que componen el Gobierno han vuelto a pactar medidas temporales relativas a esta cuestión en el marco del tercer paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Tras unas intensas negociaciones, esta cuestión ha vuelto a ser el principal escollo entre PSOE y Unidas Podemos. De cara a este nuevo real decreto-ley, el espacio liderado por Yolanda Díaz en el Gobierno puso sobre la mesa la congelación de las hipotecas de tipo variable, una petición que surgió a raíz de la subida del euríbor y el posterior encarecimiento de los préstamos bancarios, y la prórroga de contratos de alquiler sin cambiar las condiciones.

La primera medida no salió adelante, pero la segunda sí. Esta última iniciativa, que tendrá una duración de seis meses y afecta a los contratos de alquiler que finalicen antes del 30 de junio de 2023 (no a los nuevos inquilinos que firmen el contrato de arrendamiento por primera vez), ya estuvo vigente durante casi dos años, desde la irrupción de la pandemia hasta el pasado 28 de febrero.

Asimismo, Moncloa aceptó prorrogar otras dos cuestiones en materia de vivienda. Una de ellas ya se comenzó a implementar desde la irrupción de la pandemia, como es la suspensión de desahucios y lanzamientos en hogares vulnerables sin alternativa habitacional, así como la prohibición de cortar los suministros básicos de luz, agua y gas a los consumidores vulnerables en caso de impago.

La otra se puso en marcha con el primer paquete de medidas aprobado en marzo de 2022 para dar respuesta a las consecuencias derivadas de la guerra en suelo europeo. Se trata del límite del 2% a la actualización anual del alquiler, que se prorroga hasta el 31 de diciembre el límite.

En esencia, estas soluciones de carácter temporal hacen referencia a dos de las tres líneas rojas que Unidas Podemos y los socios parlamentarios del PSOE ponen en la mesa de la negociación de la ley de vivienda, encallada en el Congreso desde hace casi un año y sin visos de que se alcance un acuerdo de manera inminente.

En esta línea, tal como han trasladado tanto el espacio morado como ERC y EH Bildu, del PSOE depende que estas medidas "se conviertan en estructurales" en la nueva norma estatal de vivienda, algo que desde Moncloa siguen rechazando a pesar de que aceptan hacer alguna de ellas temporal.

Es más, fuentes de la negociación creen que el hecho de que Pedro Sánchez acepte algunas de estas propuestas y su ampliación en el tiempo viene a confirmar que estas medidas son "eficaces" para solucionar el problema de la vivienda en España. Por ende, agregan, es un reconocimiento implícito de que "funcionan".

Según denuncian estas formaciones progresistas, "no aceptarán" una ley de vivienda que no contenga la regulación de los precios del alquiler para todos los propietarios y no solo para los grandes tenedores (como estipula el actual texto de la norma saliente del Consejo de Ministros), la prohibición de los desahucios de familias vulnerables y que los pisos de la Sareb pasen a manos de las comunidades autónomas para hacer un parque público de vivienda.

UP pierde la batalla por la congelación de las hipotecas

En cuanto a la congelación de las hipotecas variables, esta batalla se vuelve a perder en el seno del Gobierno. Unidas Podemos llevó la negociación al límite al exigir que, de cara a actualizar la cuota del préstamo bancario, se tome como referencia el euríbor fechado a 30 de junio, cuando la tasa se situaba en el 0,85% (en diciembre se ha situado en el 3,2%).

Cuando el Ministerio de Asuntos Económicos liderado por Nadia Calviño acordó con el sector bancario un código de buenas prácticas, que incorpora carencias y reducciones de intereses, tanto Unidas Podemos como el colectivo por el derecho a la vivienda lo tachó de "insuficiente". Entonces, se decidió emplazar esta pugna a las negociaciones del nuevo decreto-ley, que fue aprobado este martes sin lograr convencer al PSOE en este asunto.

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