El comisario Villarejo era un as del pluriempleo. Compaginaba ilegalmente su actividad como policía con el desarrollo de negocios privados, para los cuales se valía de la información reservada a la que accedía gracias a sus contactos dentro y fuera del Cuerpo. Ahora Público desvela que a partir del segundo trimestre de 2017 Villarejo empezó a trabajar también, aunque hasta julio no comenzó a formalizar el acuerdo, para los máximos cargos de la Procuraduría General y la Fiscalía General de Colombia, ocupados respectivamente por Fernando Carrillo y Néstor Humberto Martínez (la Procuraduría es una fiscalía general para irregularidades en servicios públicos).

Se trataba en este caso de ofrecerles y facilitarles la oportunidad de abrir una causa en Colombia por la gestión del Canal de Isabel II en sus filiales en el país latinoamericano que les diese pie a expropiar la propiedad —a coste cuasi cero— de la colombiana Triple A, la joya de la corona. Pero, ¿qué información podía aportarles Villarejo acerca del Canal? Ni más ni menos que datos sobre la operativa interna de la empresa pública madrileña contenidos en el sumario del Caso Lezo [DP 91/2016], instruido en la Audiencia Nacional desde julio de 2016 pero solo conocido desde la operación policial de detenciones de 19 de abril de 2017.

Múltiples indicios, entre ellos la secuencia de declaraciones de los fiscales colombianos, sugieren que Villarejo les suministró datos bajo secreto sumarial, además de la información abierta a la que pudo acceder desde el 17 de mayo de 2017, a medida que el secreto se levantaba parcialmente, gracias a la personación en el caso como "acusación popular" de Transparencia y Justicia, la asociación que creó el comisario para acceder a los sumarios y maniobrar en cada procedimiento con una estrategia multipropósito y multicliente.

El proyecto se enmarcaba en un plan del comisario Villarejo y sus cómplices para buscar nuevos mercados y fuentes de ingresos, amén de un manto protector internacional ante la pérdida de su anonimato y el tormentoso panorama judicial que enfrentaba en España en 2017: una doble imputación en los casos de Elisa Pinto y de la Grabación Ilegal al CNI, la Agencia Tributaria destripando la empresa Framen, de sus amigos guineanos, el fracaso de no conseguir el nombramiento de Director Adjunto Operativo (DAO) para su "tronco" José Luis Olivera, el cese del comisario Enrique García Castaño y el abandono de que es objeto por parte de sus apoyos tradicionales, a los que, además, no deja de avisar y amenazar.

La información bruta del sumario Tándem o Caso Villarejo (agenda del comisario, audios de reuniones y archivo informático incautado) construye un sólido cuadro indiciario acerca de los preparativos y las posteriores reuniones que mantuvo Villarejo en Bogotá del 8 al 13 de julio de 2017 con las dos máximas autoridades fiscales de Colombia. Los archivos informáticos incautados dejan, además, constancia de correos electrónicos recibidos de la Procuraduría General de Colombia con una "solicitud de "cotización de servicios" (el equivalente en jerga mercantil colombiana a una solicitud de presupuesto en España) y de correos de Villarejo a la Procuraduría con "borradores de propuestas de honorarios" en respuesta. 

Asimismo, archivos y grabaciones de conversaciones detallan otros dos asuntos que Villarejo se llevó en la maleta a Colombia —junto a su omnipresente grabadora— para proponer a otros máximos responsables de órganos colombianos (Contraloría y Auditoría General) y que también tenían que ver con intereses colombianos e involucraban a empresas españolas: la venta y posterior recompra del 32% de la gasista pública Transportadora de Gas Internacional (TGI) usando un vehículo español (esta investigación fue archivada un año después) y el arbitraje que instó Gas Natural Fenosa (hoy Naturgy) contra Colombia buscando una compensación por la expropiación de Electricaribe de 1.000 millones de euros.

Unas reuniones con personajes y temas de alto copete en las que el comisario era recibido sin reparos en el año 2017, a pesar de que su oscuro perfil y la naturaleza de sus actividades estaban archipublicados por este periódico y otro periodista. Era difícil, por no decir imposible, que Fernando Carrillo, el anfitrión de Villarejo, desconociera esos detalles, porque además fue embajador de Colombia en España (y en Andorra) hasta octubre de 2016. Por tanto no es descabellado concluir que dichas reuniones y negociaciones fueran posibles porque el comisario hubiera sido avalado por personas con influencia en Colombia y, particularmente, sobre Carrillo y/o el fiscal general Martínez, o porque los avalistas hubieran formado parte del equipo de Villarejo.

El resultado de las gestiones del comisario en Colombia hasta julio de 2017 debió de ser satisfactorio, porque cerró un acuerdo de colaboración con un bufete local, Moncada Abogados, y en agosto inició los trámites para la constitución de Cenyt Colombia SAS, que la Cámara de Comercio de Bogotá (el equivalente a nuestro Registro Mercantil) dio de alta el 24 de octubre de 2017. Villarejo abonó la minuta a Moncada desde una de sus empresas panameñas, según consta en el sumario. Dicho bufete —que Villarejo conecta en su agenda con el ubicúo expolicía, exjuez y sacerdote Silverio Nieto— se perfila como una pieza del engranaje que trataban de crear en Colombia a imagen y semejanza del español. Tal y como avanzó Público en primicia, para el 23 de noviembre de 2017 el comisario estaba invitado como ponente y a gastos pagados al Foro Legal & Empresarial sobre Compliance que Moncada había organizado en la Torre Trump de Panamá y que precisamente inauguraba Fernando Carrillo. Villarejo no pudo acudir porque fue detenido el día 3 de ese mes. 

El interés del 'caso Lezo' para Colombia y el papel de Villarejo 

El caso Lezo se abre por la Audiencia Nacional para investigar dos operaciones de compra de empresas extranjeras por el Canal de Isabel II sospechosas de incurrir en sobreprecio: la de Inassa por el Canal en 2001 y la de la brasileña Emissao por Inassa en 2013. La colombiana Inassa era la cabecera de  Latinoamérica, siendo su filial barranquillera Triple A (AAA) la joya de la corona. Por hechos relacionados con estas operaciones se detuvo, entre otros, al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y a Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente ejecutivo de Inassa hasta abril de 2016.

Los hallazgos en los registros a González, Rodríguez Sobrino y el resto de detenidos dieron lugar en España a la apertura de nuevas piezas, que nada tenían que ver con las ventas de las filiales del Canal: la pieza del tren de Navalcarnero, la de la financiación ilegal del PP de Madrid, la pieza de Mercasa, etc.

Triple A era objeto de deseo de al menos dos actores más, aparte del Estado colombiano: Alejandro Char, entonces alcalde de Barranquilla ("la quiere para él", decía Rodríguez Sobrino a un amigo en una conversación pinchada por orden del juez), pero también del propio Rodríguez Sobrino a título personal, que maniobraba junto a su socio en la editora de La Razón Mauricio Casals para "forzar" al Canal a venderla a bajo precio. Así se desprende de forma explícita de las conversaciones que Sobrino mantiene con éste y otras dos personas en agosto, octubre y noviembre de 2016, y que figuran en el sumario Lezo. 

Pero fue Carrillo el que se llevó el gato al agua ganando a Sobrino por la mano, quien además fue uno de los detenidos. En julio de 2018 logró el embargo cautelar de las acciones de Inassa y, en abril de 2019, que la Fiscalía General solicitase la expropiación por la vía de abrir una causa paralela en Colombia usando datos que no eran el centro de la investigación en España, pero que eran nucleares para llevar a buen término una causa por facturación ficticia a empresas contratantes con administraciones públicas: los datos internos sobre facturaciones entre Inassa y su filial Triple A por asistencia técnica.  

La agilidad y rapidez de respuesta de los colombianos tras la operación policial, así como la velocidad de los pasos dados, el contenido de sus declaraciones en prensa y el propio contexto, constituyen indicios de una ayuda previa externa (la de Villarejo u otra) que consistiría en la identificación de la oportunidad, el suministro privilegiado de la información sumarial relevante y la gestión mediática de la misma, dirigida a que Colombia pudiera darse por enterada de la existencia de los datos y pedirlos oficialmente a España para abrir la causa. Un modus operandi que encaja como anillo al dedo con el de Villarejo.

La tesis de una ayuda externa previa se sustenta también en las contradicciones en las que Carrillo incurrió acerca de la procedencia de la información en la que anunció que se basaba la decisión de abrir una investigación pocos días después de la operación policial de 19 de abril de 2017: en una versión, procede de la "fiscalía española" (sin que conste en el sumario); en otra, de "los medios"; en otra no se aclara; y en rueda de prensa en Madrid, cuando se planta en España el 17 de mayo de 2017, habla de la posesión de 19 tomos que "hay que analizar" (el juez —y también los fiscales españoles— ya los tenían analizados, como es obvio).

Teniendo en cuenta que solo una parte personada en una causa puede acceder al sumario cuando el juez levanta el secreto y que un juez no puede darle acceso a nadie más que al fiscal del caso —además de a las partes personadas como investigadas o como acusación popular o particular—, ni el magistrado o el entonces fiscal general español, con quienes se reunieron los juristas colombianos, pudieron hacerles entrega de dichos tomos: en primer lugar, no eran parte personada; en segundo lugar, el secreto solo se levantó del tomo 8 al 19 (el sumario acumulaba 34 tomos a esa fecha) y exclusivamente para consulta en persona en el juzgado y no para su entrega; y, en tercer lugar, la colaboración entre países no funciona así: no se entrega información sumarial en tomos y nunca, en cualquier caso, sin requerimiento oficial previo y justificado, por mucho "acuerdo de colaboración" que dijera que había firmado con "la fiscalía española".

Pero quien sí tenía esos tomos del 8 al 19 era Villarejo. Y, además, solo esos y guardados bajo la subcarpeta "Procuraduría", a su vez bajo la carpeta "2.Colon" (nombre clave para "Proyecto Colombia"). Villarejo estaba personado como "acusación popular" desde el 10 de mayo sin acceso permitido a la plataforma de descarga del juzgado hasta últimos de junio de 2017.

Agendas, audios y archivos incautados sobre reservas de vuelo y hotel confirman viaje, reuniones y temas tratados

El sumario Tándem acredita, a través de la agenda, audios, correos y archivos incautados, que Villarejo viajó a Colombia para ser recibido por los máximos responsables de la fiscalía colombiana y de otros órganos públicos, la naturaleza de los temas a tratar e incluso el cruce posterior o anterior de solicitudes de presupuesto y propuestas de honorarios en respuesta.

Del análisis documental se desprende que Villarejo le dio al proyecto colombiano el nombre de "Colon" y que en la preparación de la documentación y organización del viaje a Bogotá le ayuda alguien a quien en su agenda y archivos llama "Luis El Mecánico", cuya identidad está por identificar. Tras apuntar el 22 de mayo de 2017 en su agenda la necesidad de iniciar la organización del viaje con esta persona, el comisario agenda el 23 un almuerzo para el 24 en el que los comensales (Carlos Salamanca; Baltasar Garzón; la novia de éste, entonces fiscal de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado, y Fernando Andreu) tienen algo en común: todos poseen la capacidad en potencia para ayudar en algún aspecto a Villarejo en su aventura colombiana. Delgado, actual Fiscal General del Estado, no ha reconocido este encuentro.  

Los archivos, junto los apuntes de la agenda y dos conversaciones mantenidas —una el 6 de julio con Ana Rosa Quintana y Eduardo Inda, y otra a la vuelta, el 17 de julio, con Álvaro Pérez Maura—, confirman las fechas del viaje (del 8 al 13 de julio de 2017); y la conversación con Pérez Maura, dos de los temas tratados (Lezo, TGI). Y también informan de la identidad de la comitiva: Villarejo, su mano derecha, Rafael Redondo, y una tercera persona, cuyo papel está por averiguar, que ya ha sido imputado en otra pieza del sumario, la Pieza Pintor, por ser uno de los detectives supuestamente contratados por Villarejo en favor de un proyecto para el marido de Ana Rosa Quintana. Se trata de Gervasio Cañabate Mesas. El mundo de Villarejo es un pañuelo.

Asimismo, y con relación a la realidad de las reuniones mantenidas, se tienen los apuntes de las agendas, la conversación con Pérez Maura, en la que el comisario le cuenta la reunión con Carrillo, y unos archivos de audio contenidos en un pendrive que, por el nombre y las fechas con las que Villarejo los etiquetó, se corresponden con las grabaciones de las reuniones apuntadas en la agenda.

Villarejo no oculta el viaje a Colombia, qué iba a hacer allí y con quién. En la reunión que tiene con Pérez Maura a la vuelta le cuenta todo con pelos y señales sobre Lezo y también sobre los temas adicionales que llevaba, como puede observarse en los siguientes extractos de su conversación referidos al asunto de Lezo:

- Villarejo a Álvaro Pérez Maura: Nosotros, vamos, después de toda esta semana que nos hemos tirado en Colombia y yo, obviamente, le dije a Rafa que se incorporara, que no se volviera para España y para eso él… Yo viajé el día 8 y él se incorporó con nosotros. Y con toda esa información, lo he metido en todas las reuniones que hemos tenido con todos los colegas estos de inteligencia y tal [le fantaseó antes a Pérez Maura con que los fiscales y más gente en Colombia son de 'un grupo de inteligencia internacional' del que él era parte] que fue fundamentalmente... Aparte de que yo conocía, conocía personalmente al procurador general de Colombia [aquí inventa, eran Salamanca y Garzón quienes le conocían], como sabéis, la segunda figura después del presidente, que además, probablemente les vamos a ayudar en alguno cosa de estas de Lezo y tal.

- Villarejo: Y, además, insisto, tiene [Iván Velasquez, el director de la CICIG] una serie de enemigos importantes, entre ellos el procurador general. ¿Quién es el procurador general en Colombia? Pues igual que pasa en México y tal. La segunda figura más importante después del presidente.
- Álvaro Pérez Maura: Fernando Carrillo.
- Villarejo: Sí, el que estuvo aquí de embajador, casualmente el que estuvo aquí de embajador hasta hace seis meses [fue hasta octubre de 2016], estuvo aquí de embajador de Colombia y que ahora mismo aquí, allí  [Colombia] es un hombre muy fuerte y tal. Y que ya te digo, nos hemos ofrecido a ayudarle en los temas de Lezo y tal con todos los problemas estos que han tenido ellos de cuentas… de las operaciones estas del Canal, etcétera etcétera.

Villarejo fue recibido y negoció con las más altas autoridades fiscales de Colombia. ¿Quién lo avaló ?

En el espacio de tan solo cinco días (del 8 al 13 de julio de 2017), cuando ya era famosísimo y a tan solo cinco meses de su detención, Villarejo presume de ser  recibido por las más altas autoridades fiscales y de control de Colombia: el Procurador General, Fernando Carrillo; el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez; el contralor distrital de Bogotá, Juan Carlos Granados, y el Auditor General, Carlos Felipe Córdoba. De todos, salvo de Martínez, se localizan audios etiquetados con su nombre y la fecha de la reunión que figura en la agenda.

¿Cómo se explica que, dada la proyección pública de Villarejo, fuera recibido sin mayor reparo por las más altas instituciones colombianas y además para asuntos relacionados con Lezo, cuando ya era pública su interferencia por la personación de su asociación?  ¿El valor de la información que aportaba para los intereses de Colombia lo justificaba? ¿Quién lo avalaba?

En sus conversaciones, Villarejo le da especial protagonismo al Procurador General y exembajador de Colombia en España (y Andorra) hasta octubre de 2016, Fernando Carrillo, como si éste fuese el contacto principal, el anfitrión último que logra movilizar a otros altos cargos. A tan solo dos días de coger el vuelo a Bogotá, Villarejo apunta que el comisario Carlos Salamanca, detenido junto a él el 3 de noviembre siguiente, es "muy amigo de Fernando Carrillo". Teniendo en cuenta que lo que anota Villarejo en su agenda corresponde a conversaciones o encuentros que ha mantenido, resulta prácticamente imposible que fuera Salamanca quien le ayudase con las citas al comisario, porque para aquel día 6 tenía que tener ya cerrada la reunión con Carrillo. 

Con Baltasar Garzón había almorzado el 4 de julio junto a Salamanca, Olivera y Dolores Delgado, que dijo haber ido solo a los postres y a una conversación oficial de trabajo con Olivera. Garzón acumulaba trayectoria y contratos públicos en Colombia, entre ellos uno con la Fiscalía General, además de tener en dicho país un campamento base con su fundación FIGBAR. Quién mejor para guiar y aconsejar a Villarejo que un buen amigo prestigiado y experimentado en el país y además en las instituciones con las que quería contratar.

Precisamente Villarejo destaca en su agenda el periplo por Sudamérica que Garzón realiza del 15 al 28 de junio, quedando con él al día siguiente de su regreso. Además, el exjuez no hacía ascos a los "proyectos" que se le ofrecían por el par Villarejo/De la Joya; siempre según lo que Villarejo apuntó en su agenda, a principios de julio le fue ofrecido por De la Joya un "proyecto" para "empezar en Ecuador", un país en el que Garzón tiene gran influencia, y que según el comisario es aceptado el 31 de julio.

De la reconstrucción de la agenda de Villarejo a partir de apuntes sueltos que Asuntos Internos ha ido desperdigando por las piezas del sumario se desprende una elevada frecuencia de encuentros con Garzón junto a otras personas que en potencia podían apoyarle a comercializar en otro país el contenido de un sumario de la Audiencia Nacional.

Un organismo, la Audiencia Nacional, cuya influencia Villarejo ansiaba, como se desprende de esta conversación del año 2005 con Enrique García Castaño entonces jefe de la UCAO :

-Enrique: menudo puesto tiene en la Audiencia Nacional , si fuera listo... que no lo es... se lo hubiera montado de puta madre, para llevarse bien
​-Villarejo: y para hacerse de oro. Es un sitio...vamos yo tengo ese puesto y dos o tres años me hago de oro Lo que pasa es que joder, hay que...pues líneas generales al final, que es lo que pasa que la gente ni es leal derecho, ni mantiene el tipo, ni cumple la palabra ni es auténtico.

¿Por qué Colombia? La conexión Odebrecht-BPA

Desde al menos abril de 2017 hasta su detención, Villarejo trata de irse con la música a otra parte tras comprender que en España está amortizado y que ya será un logro no ser detenido: ni siquiera logra que le hagan un arreglillo con el tiempo de cotización para cobrar entera su pensión (por la excedencia de 1983 a 1993 se quedaba corto), ni que le concedan el título de comisario honorario que necesitaba para seguir aparentando.

Así las cosas, con la suscripción de acuerdos con estas importantes instituciones colombianas, el comisario y sus cómplices buscan cuatro cosas: 1) Reinvención en otro país aprovechando información captada en España. 2) Aval internacional de amparo a su persona y modo de hacer. 3) Prueba de poder ante interesados o afectados en las causas colombianas. 4) Una fuente estable de ingresos para el mantenimiento de una oficina en Bogotá y una mínima estructura.

Colombia tenía, al igual que Guatemala, un enorme potencial para todo aquel que viviera de la instrucción de causas judiciales de relieve (abogacía, periodistas, gestores de crisis): desde octubre de 2016 tenía en marcha un mega plan contra la corrupción, el blanqueo y el fraude fiscal lanzado precisamente por Fernando Carrillo y Néstor Humberto Martínez llamado Plan Bolsillos de Cristal y que había resultado en la generación de decenas de procedimientos judiciales con más de 3.000 imputados (2.000 de la función pública y 1.000 del ámbito privado). 

Es en el marco de dicho plan cuando se impulsa en Colombia la causa contra el Canal de Isabel II, a la que se llamó Operación Acordeón. Y también el procedimiento de la rama colombiana del caso Odebretch, que Carrillo había convertido en su tema estrella y en el que Villarejo y sus amigos también estaban en condiciones de proporcionar datos, concretamente aquellos relevantes que figurasen en el sumario del Caso de la Banca Privada de Andorra, que se instruía en un juzgado del principado y donde sus expropietarios, los hermanos Cierco —a la sazón clientes de Villarejo y De la Joya—, estuvieron personados como investigados.

La constructora brasileña Odebretch canalizaba numerosos sobornos a través de este banco y el sumario recogía mucha información a la que tenían acceso las partes personadas en la causa, como investigados o como acusadores. Y el asunto de Odebretch era de gran interés para Colombia, al menos para su Fiscalía General.

Precisamente, pocos días después de la detención de Villarejo y Salamanca la prensa local colombiana se hacía eco, el 9 de noviembre, de un amplio reportaje de El País publicado el día anterior, Los sobornos de Odebretch, país a país, del que se desprendía una moraleja: que el Caso de la Banca Privada de Andorra era un filón para abrir causas millonarias en todo el Cono Sur Americano. El reportaje formaba parte de una serie llamada "El Caso Odebretch. Los papeles del mayor escándalo de América", cuya fuente principal es el sumario que se instruye en Andorra.

El audio de  2009 de Villarejo con Delgado se emitió el día antes de la reunión que ésta tuvo con Carrillo  

Las reuniones en Colombia que figuran en la agenda y audios de Villarejo incorporados al sumario de la Pieza PIT, así como los encuentros con Salamanca, Garzón y en dos ocasiones con Dolores Delgado (ella solo reconoce uno) que tuvieron lugar antes y después del viaje, quedaron invisibilizados por el ruido y amplia cobertura mediática del famoso audio emitido el 24 de septiembre de 2018 del almuerzo celebrado en 2009 en el restaurante Rianxo en honor de Villarejo, en el que se podía escuchar a la entonces fiscal de la Audiencia Nacional comentar como una más supuestas conductas sexuales de jueces y fiscales en Cartagena de Indias y calificativos chabacanos sobre el actual ministro del Interior. 

El Procurador General, Fernando Carrillo, contribuyó a centrar la atención en dicho audio con declaraciones inmediatas posteriores a su emisión, exigiendo conocer la identidad de dichos jueces y fiscales. Y resultó que la web que difundió dicho audio, moncloa.com, eligió para su emisión el día anterior a la reunión en Madrid de Carrillo con Delgado, ministra de Justicia por entonces. Curiosa coincidencia.