MADRID.- El Juzgado de Primera Instancia nº4 de Badajoz ha absuelto este lunes a Juliana Garlito, la mujer que ocupó una vivienda de tras pasar unas semanas acampada frente a la urbanización del presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago. El fallo exime a Juliana, sin recursos y solicitante de renta básica, del pago de la sanción económica de 1.170 euros que pedía la Fiscalía: 900 de responsabilidad civil más 270 euros de multa.

En el fallo, la jueza rechaza los argumentos de la acusación, que atribuía a la mujer la "usurpación del inmueble" a pesar de haber pasado menos de dos horas en él. Tras entrar en la vivienda —propiedad de la Junta de Extremadura y cuya puerta estaba había sido forzada hace meses, tal y como han confirmado los vecinos citados como testigos en el proceso—, Juliana fue detenida inmediatamente y trasladada a comisaria, donde prestó declaración y puesta en libertad con cargos.

"Lo único que tengo es necesidad. No lo hice por gusto. Mi familia y yo llevábamos viviendo cuatro meses en la calle", dijo Juliana

José Luis Murillo, letrado de la PAH en Badajoz que ha colaborado con la abogada de oficio de Juliana en el diseño de su defensa, ha opinado que el fallo "es un palo a la administración pública, que ha perseguido a personas sin recursos". "La Justicia viene a decirle a la Junta que a las extremeñas y los extremeños que no tienen casa no se les puede perseguir, se les tiene que garantizar su vivienda social", ha asegurado Murillo a este medio. 

Fallo del Juzgado de Primera Instancia de Badajoz en el que absuelve a Juliana Garlito.

En una conversación telefónica con Público, Juliana se preguntaba de dónde iba a sacar el dinero para pagar la multa en caso de ser encontrada culpable, debido a su difícil situación económica. "Lo único que tengo es necesidad. No lo hice por gusto. Mi familia y yo llevábamos viviendo cuatro meses en la calle", explicaba la mujer, de 55 años y con problemas depresivos derivados de la situación que atraviesa su familia. 

Juicio a puerta cerrada

En una peculiar decisión, la jueza ordenó cerrar al público la vista del juicio oral de Juliana Garlito. Esto contraviene uno de los preceptos básicos de la Justicia española, que señala que esta parte de los procesos debe ser abierta y pública.

La magistrada temió que la gran expectación que generó el juicio oral, que convocó a un gran número de vecinos pacenses, afectara al orden en la sala. "No iba a ser el caso, dado que la gente que se presentó no iba con pancartas ni con elementos para hacer ruido, sino que estaba allí solo para ver el juicio", afirma en este caso Murillo, que también ocupa la secretaria general de Podemos en el municipio.

En opinión del abogado, la jueza intentó evitar que el proceso se convirtiera "en un debate político-social" que examinara la actuación de la Junta de Extremadura, que mantiene vacías cientos de viviendas sociales. Durante la legislatura de Monago, la propia Junta ha forzado el desahucio de miles de familias en riesgo de exclusión social. Mientras, su presidente se ha subido el sueldo un 6,1%, hasta superar el salario que percibe el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.