Indultos, inmersión lingüística, memoria histórica y derogación de la 'ley mordaza': las otras 'fotos de Colón' en el Congreso

La derecha y extrema derecha han vuelto a unirse en bloque este año para atizar cuestiones sobre las que suele existir un amplio consenso en el arco parlamentario y, por ende, entre la mayor parte del electorado. Como en años anteriores desde la mítica foto de Colón en febrero de 2017, los representantes de PP, Vox y Cs han pugnado por abanderar los reclamos de sus principales caballos de batalla, llevando al Congreso nuevas ofensivas que emulan aquella unión en la conocida plaza madrileña.

Esta lucha se ha visibilizado en las sesiones de control, en las ruedas de prensa, en las declaraciones realizadas en el patio externo de la Cámara Baja, pero también mediante innumerables iniciativas legislativas, campañas de firmas y movilizaciones. Como respuesta, la mayoría de las fuerzas políticas han aislado en el hemiciclo a estas tres formaciones al considerar que intentan tirar por la borda logros alcanzados y echar más leña al fuego a cuestiones aún pendientes de abordarse.

Ya en enero, PP, Vox y Cs unieron sus votos contra la proposición de ley para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras no sea renovado, como actualmente se encuentra desde hace tres años. La medida salió adelante con un amplio respaldo y, aunque muchos grupos cuestionaron el sistema de elección del órgano de los jueces, rechazaron más tarde la reforma propuesta por el PP (contó solo con el respaldo de Vox, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias).

Ofensiva contra los indultos

La concesión de los nueve indultos a los políticos presos por el procés abrió una nueva etapa de diálogo para dar una respuesta al conflicto político en Catalunya tras varios años de confrontación y enquistamiento en las negociaciones entre el Gobierno central y el Govern de la Generalitat. Sin embargo, antes de que esta decisión fuera adoptada en el Consejo de Ministros, el 22 de junio, las derechas centraron sus esfuerzos para deslegitimar la concesión de la medida de gracia, una estrategia de "confrontación" mal vista por un amplio espectro de la Cámara Baja.

En este sentido, además del pinchazo de la manifestación en Colón para impugnar la decisión del Ejecutivo, que volvió a reunir a los principales líderes de las derechas (acudieron por separado para evitar que esa imagen se les volviera en contra, sobre todo a los conservadores y a los naranjas), PP, Vox y Cs se quedaron solos hasta en dos votaciones en el hemiciclo acerca de la idoneidad de la medida de gracia.

Primero, el Pleno de la Cámara Baja rechazó una moción del grupo conservador por la que se instaba al Gobierno a no conceder los indultos. La iniciativa contó con la oposición de 190 diputados frente a los 152 parlamentarios de la derecha que votaron a favor (PP, Vox, Cs, UPN y Foro Asturias). Una semana después, cuando el Ejecutivo dio luz verde a que los nueves líderes políticos salieran de la cárcel, estos partidos volvieron a quedar retratados a colación de una proposición de ley del PP en la que se planteaba suprimir esta medida para los condenados por sedición o rebelión, como es el caso de los líderes independentistas.

Revisionismo histórico de las derechas

La memoria histórica también ha sido utilizada por la derecha y la extrema derecha para cargar contra el Gobierno y la izquierda en general, aunque esto suponga pasar por encima de la verdad, justicia y reparación que las víctimas del franquismo llevan décadas reclamando. Los partidos de Pablo Casado y de Inés Arrimadas no solo han mostrado su tibieza respecto a la dictadura franquista al negarse a condenarla expresamente en diferentes parlamentos o al comparar a las víctimas con sus verdugos, sino que, junto a Vox, tratan de parar todo movimiento que promueva un avance en el reconocimiento y la dignidad de las víctimas del franquismo.

Es el caso de la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Ejecutivo en julio y paralizada en el Congreso por la falta de apoyos. Vox no tardó en avanzar que recurriría la norma en caso de que saliera adelante, mientras que PP prometió que la derogaría si llega a la Moncloa. Su rechazo, junto al de Cs, no se basa precisamente en los motivos expuestos por los colectivos memorialistas y los aliados del Ejecutivo. Y es que, para estas formaciones, cualquier intento que pueda acabar con la impunidad de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo es "reescribir la historia" o "mirar hacia atrás en lugar de hacia delante".

Agitar a policías y guardias civiles, nuevo campo de batalla

Cuando el Congreso reactivó la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, estas tres formaciones volvieron a la carga para tratar de desactivar este nuevo intento de reforma, una petición que multitud de organizaciones pro derechos humanos y por la libertad de expresión llevan reclamando seis años (la norma fue aprobada en solitario por el partido conservador en 2015).

PP, Vox y Cs han cargado contra el Gobierno por las enmiendas planteadas por los grupos que le sostienen, PSOE y Unidas Podemos, a través de mentiras y medias verdades que han puesto en pie de guerra a las principales asociaciones de Policía y Guardia Civil. Lo cierto es que, a pesar de las críticas de las derechas, acusando al Gobierno de dejar desprotegidos a los miembros de las Fuerzas de Seguridad, muchos juristas lamentan que estas propuestas se quedan cortas, ya que no derogan los aspectos más lesivos de la ley mordaza.

Contra el uso constitucional de las lenguas cooficiales 

En el último tramo del año, la derecha y ultraderecha han atizado nuevamente el uso de las lenguas cooficiales. A raíz de un caso de acoso a una familia de Canet de Mar por pedir más horas de castellano para sus hijos en los colegios, PP, Vox y Cs han librado una batalla por un falso conflicto lingüístico escolar en Catalunya que también se visibilizó en el Congreso. 

En la penúltima sesión de control al Gobierno del año, los representantes de las tres formaciones agitaron este asunto en la mayoría de sus preguntas a los miembros del Ejecutivo por la vía de los insultos y la falta de decoro parlamentario. Asimismo, PP, Vox y Cs fueron nuevamente reprobados por la gran mayoría de grupos del Congreso a colación de una iniciativa de la ultraderecha para aplicar otro 155 a Catalunya tras la sentencia que ratifica el 25% del castellano en los centros de este territorio. Como respuesta, un Congreso plural se volcó para reivindicar la diversidad de las lenguas frente al enésimo ataque de las derechas a costa del catalán.