"Te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España". Con estas palabras el rey emérito hacía saber a su hijo, Felipe VI, su decisión de partir al exilio el 3 de agosto de 2020 bajo el argumento de que quería facilitarle su labor como monarca e intentar calmar sus problemas con la justicia. Casi un año después, Juan Carlos I, sigue en los Emiratos Árabes, sin fecha de regreso a España y cada día con más información alrededor de sus posibles delitos fiscales y casos de corrupción.

El anuncio de que el que fuera rey de España durante casi cuatro décadas partía fuera de España, intentando eludir sus problemas con la justicia sin dar explicaciones, fue la culminación de una serie de acontecimientos, que se aceleraron a raíz de su abdicación en junio de 2014, ligados a su vida privada y sus actividades financieras que le han terminado situando en el punto de mira de la justicia. 

Así lo reconocía él mismo en la misiva que envió a Felipe VI el 3 de agosto, explicando que daba el paso "ante la repercusión que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada" con el fin de "contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad". Además el rey emérito se macho debido a sus problemas con la justicia, ya que tiene abiertas varias causas por posibles delitos fiscales.

Por lo que se refiere a la vuelta a España se ha especulado mucho, mientras el Gobierno asegura que el antiguo monarca es libre de regresar cuando quiera igual que lo fue a la hora de partir hacia Emiratos Árabes Unidos.

El Gobierno también ha aclarado que su estancia en Abu Dhabi, donde está invitado por el príncipe heredero Mohamed bin Zayed, no se financia con recursos públicos, sino que, lo único que paga el Estado son los sueldos de los tres asistentes que le ayudan, un gasto que sería el mismo en caso de que Juan Carlos I residiera en España, según contó en el Congreso la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

Venta de armas

Uno de los supuestos grandes negocios del rey emérito que están en el punto de mira es la venta de armas a países árabes, con la que habría fraguado su fortuna. Desde Público se ha ido informando a lo largo de todo este tiempo de muchos de los negocios del emérito con el tráfico de armas y de quienes lo administraron.

Fundación Lucum y fundación Zagatka

La salida de España de Juan Carlos I se había venido gestando entre el Gobierno y la Casa Real durante semanas después de que el Sunday Telegraph desvelara el 14 de marzo de 2020 un generoso regalo millonario a Juan Carlos I por parte de Arabia Saudí. Esto llevó a que Felipe VI anunciara el 15 de marzo que retiraba su asignación el rey emérito.

Además, en marzo de 2019 se habían recibido ya en Zarzuela dos cartas del bufete británico en el que trabaja el abogado de Corinna Larssen, amiga íntima de Juan Carlos, informando de que Felipe VI y la princesa de Asturias figuraban como segundo y tercer beneficiarios de la Fundación Lucum.

Dicha fundación fue creada en 2008 por el entonces monarca para ocultar la donación de 100 millones de dólares que le habría hecho Arabia Saudí. Esos fondos permanecieron en una cuenta en Suiza hasta que en 2012 Juan Carlos Itransfirió los 65 millones que quedaban a Corina Larssen.

Ante estos hechos, el rey y la princesa de Asturias procedieron a una declaración ante notario el 12 de abril de 2019 en la que renunciaban a cualquier herencia que pudiera dejarles Juan Carlos I, si bien no fue hasta marzo de 2020 cuando se hizo pública esa decisión.

Por otra parte, el 2 de marzo de 2019 Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano de Juan Carlos I, negaba en una entrevista en El País ser el testaferro del rey emérito y aseguraba que los fondos de la Fundación Zagatka, creada en 2003 en Ginebra, eran suyos y que su objetivo era poder ayudar a las familias reales que lo necesitaran.

Desde Zarzuela salieron rápidamente a proteger al rey actual, afirmando que Felipe VI desconocía por completo que fuera beneficiario de la Fundación Zagatka y ante esta situación decidieron  ante notario él y la princesa Leonor intentar desmarcarse de cualquier vínculo que pudiera haber con la Fundación Lucum. Además, en el comunicado de Casa Real se incluyó un mensaje de Juan Carlos I, aclarando que este en ningún momento facilitó información sobre las dos fundaciones a su hijo.

Investigaciones abiertas

El 5 de junio, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, encargaba al fiscal de Sala del Tribunal Supremo de la especialidad de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos, las diligencias respecto al supuesto cobro de comisiones por el rey emérito por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas.

Según explicó la Fiscalía General del Estado, la investigación asumida por Campos se derivaba de las diligencias abiertas en diciembre de 2018 por Anticorrupción para aclarar el destino de 80 millones de euros que según Corinna Larsen se habrían repartido entre otros Juan Carlos I por la citada adjudicación en 2011.

Con el rey emérito ya fuera de España, en noviembre la Fiscalía del Tribunal Supremo anunció dos nuevas investigaciones. La primera, por el uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que ninguno de ellos figuran como titulares los años 2016, 2017 y 2018. Dado que los gastos superaban los incrementos de renta no declarados por encima de los 120.000 euros, la Fiscalía previno de que podrían constituir delito fiscal. La segunda está relacionada con la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del rey emérito en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

Dos regularizaciones fiscales

Ante estos hechos, el antiguo monarca procedió el 9 de diciembre a una regularización fiscal por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, uno de los tres asuntos investigados en su contra.

A esta siguió una segunda en teoría la última el 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de 8 millones de euros de pagos en especie y que tienen que ver con "determinados gastos por viajes y servicios realizados" por el rey emérito a costa de la Fundación Zagatka, a cargo de su primo Álvaro de Orleans-Borbón, que está siendo investigado por la Fiscalía suiza por las actividades de esta firma.

Los pagos se habrían realizado hasta 2018, con posterioridad a la abdicación, y el rey emérito aparecería como beneficiario de Zagatka hasta junio de 2020, cuando la fundación modificó sus estatutos y suprimió a Juan Carlos I y a sus tres hijos como beneficiarios. En este sentido, Álvaro de Orleans volvió a reivindicar que la fundación es suya y que no ejerce de testaferro.

Esta segunda regularización generó un terremoto político, con críticas hacia la gestión realizada por Hacienda en relación con el caso, y también especulaciones sobre su posible vuelta a España, toda vez que se había hecho sin requerimiento previo lo que le permitiría quedar exento de incurrir en delitos fiscales por este asunto.

En este sentido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negó que hubiera habido pasividad en la Agencia Tributaria (AEAT) en relación con las regularizaciones y advirtió de que estas "no terminan ningún proceso", sino que dicha entidad comprobará, como con cualquier contribuyente, si la regularización es completa y veraz"

Así las cosas, en mayo se supo que AEAT ha notificado al rey emérito la apertura de una inspección y le ha pedido más información para comprobar la veracidad de las regularizaciones que ha presentado, un proceso que aún no ha culminado.

Desde entonces, se ha conocido que el fiscal ha descubierto una nueva cuenta vinculada a Juan Carlos I en Credit Suisse. La Fundación Zagatka del rey emérito efectuó 3 transferencias a un depósito de esta entidad controlado por una sociedad instrumental panameña, Lactuva SA, informó El Confidencial.

El frente judicial del rey emérito se completa con la demanda que Larsen también investigada en Suiza ha presentado ante en Londres por la "vigilancia ilegal" y "hostigamiento" que asegura sufrió por parte de los servicios secretos españoles y del propio Juan Carlos.

Rechazada de momento la comisión de investigación

ERC, EH Bildu, Junts, PDeCAT, CUP, Más País, Compromís, BNG y Nueva Canarias han pedido la creación de una comisión de investigación después de que 'Público' desvelara en exclusiva que Juan Carlos I fraguó su fortuna con la venta de armas junto a su mejor amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal y el traficante de armas Adnan Khashoggi.De momento no lo han conseguido, ya que PP, PSOE y Vox no han accedido a que el rey emérito se enfrente a una comisión sobre su fortuna y sus posibles delitos fiscales.