"Los compromisos se cumplen y la situación de Catalunya es hoy mucho mejor que en 2017". Esa es una de las respuestas principales de Moncloa para defender la derogación del delito de sedición anunciada este jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y materializada mediante una Proposición de Ley presentada el viernes en el Congreso. El Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos da así un pasó más en la llamada "desjudicialización" del conflicto en Catalunya y la mejora de las relaciones con la Generalitat que vieron empañadas hace unos meses con el estallido del caso Pegasus. Las heridas parecen haberse cicatrizado. 

Era el mes de abril, y una serie de revelaciones del medio The New Yorker iba a poner patas arriba la relación entre los socialistas y ERC. Las informaciones señalaban que decenas de dirigentes independentistas catalanes y vascos, incluido el presidente del Govern, Pere Aragonès, habían sido espiados mediante un software de origen israelí. El también llamado Catalangate provocó semanas de indignación en la Generalitat. La falta de explicaciones contundentes por parte del Gobierno agravó más la situación. 

La confianza se rompió hasta el punto de que los republicanos catalanes, habituales socios del Gobierno de coalición, votaron en contra del decreto anticrisis en el Congreso como consecuencia directa de ese espionaje. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y su homóloga catalana, Laura Villagrà, se habían reunido días antes con el foco puesto en desbloquear la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso y en el papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). 

La escalada no cesó, sino que fue a más, con Aragonès pidiendo directamente la cabeza de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Los hechos se sucedían de manera incesante y el 2 de mayo Moncloa desvelaba que los teléfonos de Sánchez y Robles también fueron espiados. A partir de ahí, comparecencias parlamentarias y un nombre en el punto de mira: el de Paz Esteban, directora en aquellos momentos de los servicios secretos. 

Las relaciones eran tensas aquellos días. Pero los puentes nunca se llegaron a romper del todo. De hecho, Sánchez y Aragonès acordaron reunirse para hablar de la crisis. Poco después, Paz Esteban era apartada de sus funciones en el CNI. El presidente anunció una nueva Ley de secretos oficiales y reformas en el CNI para calmar las aguas. Algo que tampoco terminó de conseguir. La distensión real se reflejó por fin a mediados de julio con la esperada reunión entre los dos máximos mandatarios. De ahí salió la convocatoria de una Mesa de Diálogo, una exigencia que ERC llevaba meses reclamando. 

Precisamente el delito de sedición sería uno de los puntos a tratar en ese encuentro, según informó Público. Aunque en aquellos momentos no se avanzó nada concreto. El Gobierno de Sánchez mantenía que su posición seguía siendo la de homologar este tipo de delitos a otras democracias europeas. Las aguas entre el Gobierno y el Govern se calmaron y encarrilaron a finales de verano. 

Ya en septiembre, el escenario volvía a la negociación presupuestaria. De nuevo ERC se encontraba en el candelero. Los dos últimos años no se lo había puesto fácil al Gobierno para aprobar las cuentas públicas, y así lo reconocían en las filas del PSOE. Pero siempre con la confianza de poder llegar a un acuerdo. Moncloa desliga completamente los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de la reforma del delito de sedición aunque su debate público y mediático se aceleró en paralelo al presupuestario. De lo que no había ya ni rastro era del caso Pegasus. 

Defensa de sus posiciones ante la derecha 

De hecho, las intenciones del Gobierno, confirmadas ya definitivamente, fueron la excusa que dieron los populares hace unos días para romper las negociaciones de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La derecha y ultraderecha, desde PP a Vox, pasando por Cs, han reaccionado de manera furibunda al anuncio de PSOE y Unidas Podemos. 

Pero el Ejecutivo de Sánchez tiene claro el camino a seguir. Su objetivo, repiten en Moncloa, es mejorar la convivencia en Catalunya. Algo que a su juicio han conseguido de manera evidente. Y para ello lo ejemplifican con datos como los del último CEO, el CIS catalán: un 50% de los catalanes estarían ahora en contra de la independencia frente a un 42% a favor.

Además, apuntan en el Gobierno a que en 2018 un 55% de los catalanes afirmaba que la convivencia estaba dañada en Catalunya como consecuencia del proceso soberanista y más del 40% había dejado de hablar con un amigo o un familiar por culpa de la política. En 2022, un informe del Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP) y del Centro de Políticas Económicas de Esade decía que Catalunya es hoy la comunidad autónoma con menos polarización partidista.

Moncloa defiende que el Código Penal se tiene que adecuar a Europa. Y que es prácticamente idéntico a lo que se hace, por ejemplo, en Alemania. En el Gobierno, ante las insinuaciones de que la reforma puede facilitar un golpe de Estado, se preguntan si la legislación alemana facilita eso. "Teníamos un delito de 1822, obsoleto, dicho por instancias internacionales", apuntan en el Gobierno. Además insisten en que esta reforma no impedirá que se enjuicie a Carles Puigdemont. 

La coalición gubernamental saca pecho de que desde su llegada han emprendido un cambio de estrategia en relación a Catalunya. Se pasa de confrontar a dialogar. "Nadie puede decir que la situación ahora es peor que antes", repiten como mantra en el Ejecutivo. Además, consideran que el independentismo ahora está más debilitado y desunido. ERC ha recibido la noticia con clara satisfacción mientras que Junts se ha mostrado más escéptico. 

Incluso los dirigentes socialistas más críticos, como el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, han puesto esta situación de manifiesto: "No me gusta nada de lo que le guste al independentismo. Dicho esto, hace cinco años, con el actual Código Penal, al Gobierno del PP le hicieron dos referéndums de independencia y una DUI. España se rompía. Hoy, con otro Gobierno, lo que se ha roto es el independentismo y el procés", escribió en Twitter.

No fueron tan comprensivos otros barones habitualmente críticos como los presidentes de Aragón y Castilla-La Mancha, Javier Lambán y Emiliano García Page. El primero dijo que lo ocurrido en Catalunya en octubre de 2017 fue "gravísimo" y se mostró partidario de "armar" más al Estado ante cualquier intento de violentar el Estado de Derecho. El segundo dijo directamente no compartir el planteamiento de la reforma. "Lo único que se abarata es el ataque a la Constitución", añadió. En Moncloa saben que vendrán días de mucho ruido y ataques, pero tienen muy clara cuál es su hoja de ruta y cómo defender sus posiciones.