El PSOE se abre a una reforma fiscal más profunda para desencallar los Presupuestos tras la presión de UP

La negociación de los Presupuestos Generales en el seno del Gobierno de coalición sigue bastante encallada, pero se mueve. Unidas Podemos ha elevado la presión sobre el PSOE en las últimas semanas, después de que la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, desvelara la existencia de un bloqueo en las conversaciones. 

Esa presión del espacio confederal parece haber tenido sus frutos, al menos en materia fiscal, que es una de las más importantes en la negociación presupuestaria. La ministra de Hacienda, y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, anunció este lunes un nuevo paquete de medidas fiscales que será presentado en los próximos días. 

Montero no quiso avanzar la concreción de estas medidas aunque fuentes gubernamentales sí transmitieron que habrá "subida selectiva de impuestos". Lo que sí se rechaza es acometer una bajada en el IVA de determinados productos básicos de alimentación, como propusieron este mismo lunes desde las filas populares. No está descartado, por otro lado, es que este impuesto sí se rebaje en los productos de higiene femenina, una petición expresa de UP. 

La presión de Unidas Podemos en la negociación presupuestaria existe desde antes incluso de que el PSOE y el espacio confederal se sentaran a negociar, pero en las últimas semanas ha cobrado una relevancia muy importante. Desde Podemos, por ejemplo, se dejaron claras de manera pública cuáles eran sus prioridades en estas negociaciones: reforma fiscal, desbloqueo de la ley de vivienda, derogación de la ley mordaza y aprobación de la ley de familias.

Hace unas semanas, Belarra desveló que las negociaciones estaban muy encalladas, y mostró su preocupación por este asunto ya que, trasladaron desde la formación morada, los socialistas no concedían ningún elemento sustancial en ninguna de las prioridades que se habían fijado.

A esta presión también ha contribuido la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en sus formas y dinámicas. La ministra de Trabajo siempre ha defendido la discreción como una de las herramientas más útiles a la hora de alcanzar acuerdos en una negociación, pero también es partidaria de que la ciudadanía conozca las posiciones de cada parte, en este caso del PSOE y de Unidas Podemos, en los temas a tratar.

En sus declaraciones e intervenciones hace tiempo que es habitual que apele a la necesidad de desbloquear la ley de vivienda o a la de acometer una reforma fiscal que disminuya la presión sobre las rentas salariales (las rentas del trabajo) y la aumente sobre las rentas del capital (como el patrimonio o los beneficios empresariales).

Sin embargo, este lunes ha dado un paso más y ha señalado que las negociaciones siguen bastante alejadas de lo esperado: "No me gustaría dar esta idea, pero la tengo que transmitir: estamos todavía muy lejos de la negociación en materia presupuestaria", ha dicho, y también ha mandado un recado al PSOE: "Hay cuestiones que en un Gobierno progresista no deberíamos de discutir".

Las propuestas de UP

En agosto, antes del parón estival, Unidas Podemos remitió a los de Pedro Sánchez un documento para la negociación presupuestaria con cinco bloques temáticos que contenían propuestas: ingresos públicos (contiene una propuesta de reforma fiscal que incluye una parte de lo anunciado por María Jesús Montero); "permisos" (donde estaría recogida la ley de familias, que se está abordando de forma paralela en el Ejecutivo, pero no en la mesa de Presupuestos con Hacienda); transición ecológica; lucha contra la inflación y "orden social" (fundamentalmente el IPREM, índice de referencia de muchas ayudas públicas, y revertir los recortes del PP de Mariano Rajoy en materia de protección social).

En el bloque de fiscalidad había, a su vez, cuatro propuestas muy concretas que son clave para Unidas Podemos. En primer lugar, la implementación de un tipo mínimo efectivo del 15% en el Impuesto de Sociedades, con el objetivo de aumentar la recaudación de este tributo, que es especialmente ineficaz a la hora de recaudar.

Otra de las propuestas clave es el impuesto a las grandes fortunas, un tributo que Hacienda ya aceptado implementar a partir del próximo año con el objetivo de contraatacar las bajadas de impuestos a los ultra ricos aprobadas por el PP en sus territorios. La disputa entre el PSOE y Unidas Podemos residiría ahora en el diseño de esta tasa, sobre todo en su extensión en el tiempo: Unidas Podemos quiere que el tributo sea permanente y estructural, y los socialistas defienden su aplicación de manera temporal.

Los de Yolanda Díaz también piden que se incrementen los tipos que gravan las rentas del capital en el IRPF para las personas que están en los tramos de renta más alta, para, entre otros objetivos, desplazar la presión fiscal de las rentas del trabajo a las del capital.

Según algunas voces consultadas en Moncloa, precisamente el IRPF o el Impuesto de Sucesiones pueden ser los impuestos que se toquen en este nuevo paquete. Las medidas llegarán en plena batalla ideológica fiscal del Gobierno con el PP, especialmente tras la decisión de Juanma Moreno Bonilla de eliminar el impuesto de patrimonio. "Es un debate con el que nos sentimos cómodos", transmiten desde el ala socialista del Gobierno. La contraofensiva ha continuado este lunes con el anuncio de Montero. 

Por último, desde UP también se propone avanzar en fórmulas de armonización fiscal que desincentiven que las comunidades con más recursos vacíen de ingresos a otros territorios que no pueden permitirse bajadas de impuestos para atraer rentas. En concreto, se apunta a establecer mínimos no bonificables en el Impuesto Patrimonio y en  el Impuesto de Sucesiones, para evitar el dumping  entre comunidades y que el PP siga bajando los impuestos a los ultra ricos.

De momento, el paquete de medidas fiscales anunciado por Montero da oxígeno a unas negociaciones que parecían ahogadas, pero no es suficiente para desencallarlas. Desde Unidas Podemos ya advierten al PSOE de que si los Presupuestos no llegan pronto, no se podrán aprobar en tiempo y forma. A ello se comprometió este lunes la ministra de Hacienda aunque sin dar por cerrado que esto se vaya a producir antes del 1 de octubre, como estaba previsto inicialmente.