Irene Montero inició la legislatura como ministra de Igualdad con objetivos  específicos y ambiciosos, y cierra 2022 habiendo alcanzado algunos de los más significativos. Entre ellos, la aprobación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual (conocida como ley del solo sí es sí), la reforma de la ley del aborto y la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, conocida popularmente como ley trans (estas dos últimas pendientes de aprobación final en el Senado).

El Ministerio de Igualdad afronta así el último año de la presente legislatura con avances legislativos importantes, aunque siguen pendientes de cumplirse algunas promesas como la aprobación de una ley contra la trata de personas con fines de explotación sexual. Este proyecto tiene ante sí todavía una larga tramitación parlamentaria. Las disputas con el Ministerio de Justicia en torno a esta norma han alargado los plazos y aún le queda un dilatado proceso por delante para ver la luz antes de que se convoquen las próximas elecciones generales a finales de 2023. 

Lucha contra la violencia de género

Sin embargo, si hay un tema que centrará la actuación del Ministerio de Igualdad en 2023 este será sin duda la lucha para erradicar las violencias machistas. Un objetivo compartido por numerosos gobiernos desde el terrible asesinato de Ana Orantes hace ahora 25 años, pero que sigue lejos de alcanzarse. Los datos de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas siguen siendo inadmisiblemente altos, y en las últimas semanas han registrado un incremento que ha hecho saltar todas las alarmas en el Ejecutivo. 

Por un lado, por la escalada en el número de crímenes: 11 víctimas solo en diciembre de 2022, el mes más mortífero de los últimos 20 años. Por otro, por un hecho también histórico: la mitad de las víctimas de diciembre habían denunciado la violencia que padecían, cuando la media de denuncias se había mantenido constante a lo largo de los años en torno al 20%. Que la mitad de las mujeres hubieran denunciado su situación y que, pese a ello, hayan sido asesinadas pone de relieve importantes fallos en el sistema de protección de estas víctimas. 

Analizar estos fallos y tomar medidas urgentes para corregirlos es el objetivo con el que fue convocada en la última semana del año la primera reunión del Comité de Crisis coordinado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. El protocolo prevé que este comité se convoque si se registran cinco asesinatos en un mes, cifra que en esta ocasión se ha duplicado con creces. Representantes de los ministerios de Igualdad, Interior y Justicia, de la Fiscalía de sala contra la violencia de género y de las comunidades autónomas señalaron algunos de los puntos prioritarios que han de abordarse para intentar poner fin a esta lacra.

Ninguno de ellos es particularmente novedoso: mayor coordinación entre las instituciones; formación en violencia de género para colectivos críticos como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la judicatura o los profesionales sanitarios; revisión del sistema de alerta Viogén y más recursos para crear unidades de valoración forense integral en los juzgados, entre otras. Además se habló de la necesidad de reforzar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, uno de los objetivos con los que Irene Montero inició la legislatura. El Pacto de Estado, cuya vigencia terminaba este año, se extenderá en el tiempo. Está por definir en qué consistiría el reforzamiento que propone el Ministerio de Igualdad (más allá de garantizar los fondos económicos) y pendiente del análisis de los objetivos alcanzados por el Pacto de Estado firmado en 2017. La Comisión del Pacto de Estado creado con este documento en el seno del Parlamento ha dado hasta la fecha pocas indicaciones de los cumplimientos de las más de 200 medidas que incluía el documento. 

Violencia institucional y política: asignaturas pendientes

Además de la lucha contra los asesinatos machistas, el Ministerio ha puesto el foco en otras violencias que también están pendientes de ser abordadas y que juegan un papel cada vez más determinante en nuestra sociedad. Entre ellas, la violencia institucional (y muy concretamente la ejercida por el sistema judicial) y la violencia política, ejercida de manera cada vez más sistemática por los partidos de la derecha contra mujeres que ocupan puestos de relevancia política. La propia Irene Montero es víctima habitual de este tipo de agresiones verbales por parte de representantes políticos de la oposición.

Abordar estas violencias se presenta como un objetivo difícil, sobre todo teniendo en cuenta que 2023 será el último año de la legislatura y buena parte de la actividad política se desarrollará en clave electoral. 

En el ámbito de la justicia, la Delegación del Gobierno, a cuyo frente está la magistrada Victoria Rosell, se comprometió a presentar un informe sobre la utilización del inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP) por parte de judicatura, algo que no ha ocurrido aún en el año que se cierra. El SAP, un síndrome inexistente y que no tiene base científica, es utilizado de manera recurrente para retirar la custodia de sus hijos e hijas a las madres que denuncian violencia sexual o de género por parte de sus parejas. Naciones Unidas ha amonestado a España en más de una ocasión a lo largo de los últimos dos años, denunciando que en nuestro sistema judicial existe un "patrón estructural" en la Justicia que desprotege a los niños y discrimina a las mujeres. Una crítica compartida por numerosos colectivos de apoyo a las madres protectoras, y por la propia delegada del Gobierno, quien en numerosas ocasiones ha expresado su preocupación por este asunto.

La ley contra la violencia hacia la Infancia, aprobada en 2021, incluye un párrafo que pide a las instituciones tomar las medidas necesarias para "impedir que planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración". Sin embargo, esta escueta línea no parece que vaya a frenar un problema que la propia Relatora Especial de la ONU contra la violencia hacia la mujer considera como "estructural".

Cualquier propuesta del Ministerio de Igualdad en materia de violencia institucional requerirá, además, una importante labor de negociación con el bloque socialista del Consejo de Ministros, mucho más conservador en las materias relativas a Justicia o Interior, que ya han mostrado su desacuerdo a nombrar la violencia institucional como un hecho.

La falta de sintonía entre ambos socios de Gobierno ha sido especialmente notable, también, durante la tramitación de diversas leyes propuestas por Igualdad. Buen ejemplo de ello fue el trámite de la ley Trans (con un bloque liderado por la exvicepresidenta Carmen Calvo y parte del feminismo que reclamó hasta el último minuto importantes cambios en la norma redactada por el equipo de Irene Montero).

Otro ha sido el trámite de aprobación de otra de las estrellas de Igualdad: la ley del solo sí es sí. Una vez en vigor, las rebajas de condena y excarcelaciones de agresores sexuales aprobadas por diversos tribunales llevaron a algunos miembros socialistas del Ejecutivo a sugerir que quizás sería necesario introducir modificaciones en la ley. Las críticas a la norma entre los socialistas se frenaron antes de que derivasen en una crisis entre los socios, pero volvieron a reaparecer en los últimos días del año con unas incendiarias declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien vinculó esta ley con el repunte de asesinatos machistas, provocando una avalancha de críticas. La propia Robles tuvo que desdecirse al cabo de unas horas, difundiendo un vídeo en el que aseguraba que existe plena unanimidad dentro del Gobierno en la lucha contra la violencia de género.

Lo que queda pendiente

Alguna de las promesas que se han quedado por el camino, y que será difícil retomar con el escaso tiempo que queda para las elecciones generales, es la de poner en marcha una ley orgánica contra el racismo y la discriminación racial, que aún está en pañales y que probablemente no habrá tiempo para tramitar. Otro empeño que no vio la luz finalmente era la modificación de la ley integral contra la violencia de género de 2004, que Igualdad quería ampliar para que abarcara todas las violencias hacia las mujeres y no sólo la que se ejerce por la pareja o expareja de las víctimas. En este caso, la oposición tajante de los socios socialistas del Gobierno dio al traste con esta promesa. Sin embargo, la ley del solo sí es sí cubrió ese hueco, al menos en lo que tiene que ver con las violencias sexuales.

Queda pendiente aún la aprobación de un cambio legal que de facto aboliría la prostitución. Una medida presentada por el Partido Socialista en el Congreso, después de que tuviera que retirar sus enmiendas sobre este tema de la ley del solo sí es sí para que ésta pudiera salir adelante. La propuesta fue aceptada a tramitación por parte del Congreso, pero pocos avances se han producido. Con respecto a estas normas, existe un mayor consenso entre el Partido Popular y los socialistas, que entre los socios de Gobierno.

Otros dos asuntos con los que Montero llegó a Igualdad se han quedado por el camino, o al menos no se ejecutarán de la manera inicialmente prevista. Entre las prioridades de Irene Montero al asumir el cargo estaba la de legislar en contra de la violencia obstétrica, un objetivo que quedó aguado en la reforma de la ley del aborto que está a punto de aprobarse en el Senado. Otra era la de prohibir los vientres de alquiler. Si bien es cierto que la ley del aborto la considera una forma de violencia reproductiva, varias de las medidas para prohibir su uso han quedado por el camino.

Los cuidados, otro de los focos principales del ministerio de Igualdad pueden tener un impulso el último año con el anuncio de que se espera aprobar, junto al ministerio de Asuntos sociales, una estrategia estatal en esta materia.