La Fiscalía Anticorrupción apuntó hoy al dueño de Gescartera, Antonio Camacho, y al número dos, José María Ruiz de la Serna, como principales responsables de la apropiación de 50,22 millones de euros de los inversores, cuya responsabilidad civil subsidiaría podrían costear La Caixa y Caja Madrid Bolsa.

En su informe final de acusación, el fiscal Vicente González Mota justificó la acusación de doce imputados en la causa, pero con cuatro niveles de responsabilidad diferentes, al frente de los que situó a Camacho y Ruiz de la Serna, para quienes pide once años de cárcel.

En esta línea superior de decisión además de estos dos acusados estaría también el responsable de Administración y Gestión de Patrimonios (AGP), Anibal Sardón, pues, además de apropiarse del dinero, cometieron -en su opinión- un delito de falsedad documental.

Tras estos tres imputados, en un segundo escalón estarían la ex presidenta de Gescartera Pilar Giménez Reyna, el jefe de Mantenimiento Miguel Angel Vicente y el apoderado Javier Sierra de la Flor, para quienes el Ministerio Público ha solicitado ocho años de cárcel.

Giménez Reyna pudo cometer delito -a juicio del Ministerio Público- al no "tomar medidas" como miembro del consejo de administración de la sociedad, pese a conocer los problemas con los 4.000 millones de pesetas de los clientes; Vicente dio apariencia informática a las inversiones en renta fija, y Siera sacó más de siete millones de euros en cheques.

En un tercer estadio estarían, según el fiscal, los asesores tributarios Agustín Fernández Ameneiro y Julio Rodríguez Gil, además de Inmaculada Baltar, para quienes González Mota pidió seis años de prisión, al participar con su acción en la apropiación indebida.

En último lugar, se situarían, por complicidad, tanto el empresario Carlos Ortín Barrón, como los empleados de La Caixa, Alfonso Castro Mayoral y Carlos Prats, para quienes solicitó tres años de cárcel, al colaborar con sus acciones en la estafa y el encubrimiento de las cuentas a la CNMV.

Capítulo aparte mereció para el fiscal la responsabilidad civil subsidiaria de La Caixa y Caja Madrid Bolsa, entidades sobre las que las acusaciones tienen depositadas sus esperanzas para recuperar parte de sus ahorros, en caso de sentencia condenatoria.

En concreto, el fiscal delimitó hoy la responsabilidad civil subsidiaria de La Caixa a 27 millones de los 50 millones de euros de la apropiación indebida en el escándalo financiero de Gescartera, mientras que Caja Madrid Bolsa podría hacerse cargo del resto del importe de indemnizaciones.

Así lo indicaron a Efe fuentes procesales, tras la exposición del fiscal González-Mota, quien recurrió a varios artículos del código penal y, en concreto, el 120.3, para acusar a La Caixa de haber podido contribuir, mediante la actuación de dos de sus empleados, a que la CNMV no conociese el verdadero estado financiero de Gescartera.