La prensa ha destapado hasta ocho casos de policías infiltrados en movimientos sociales de Madrid y Barcelona durante los últimos años. Los colectivos afectados sospechan que la cifra real es todavía más alta, pero el Ministerio del Interior ha rechazado en numerosas ocasiones ofrecer datos del número total de agentes infiltrados. Los pocos casos que conocemos han trascendido a raíz de investigaciones de El Salto, La Directa o elDiario.es. "Esta cultura del secretismo no se puede justificar", denuncian los expertos.

Hace un par de semanas, El Salto sacó a la luz el caso de Carlos P.M., policía infiltrado en varios colectivos sociales de la capital bajo la falsa identidad de un estudiante malagueño. El agente, que se hacía llamar Juancar, estudió en la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Esta academia formó a casi todos los miembros del cuerpo que acabaron colándose en los movimientos sociales de la capital al poco tiempo de jurar sus cargos. Carlos P.M. construyó un perfil ficticio para ganarse la confianza de sus compañeros y hacer activismo en los barrios de Madrid.

"El modus operandi específico lo desconozco, pero los casos que conocemos nos dejan entrever un patrón común: gente joven que lleva poco tiempo en el cuerpo y no ha recibido una formación específica para desarrollar estos trabajos. Las acciones se dirigen generalmente a la persecución de determinados grupos sociales. El sesgo es evidente y el problema está en la falta de regulación", sostiene Juanjo Medina, coordinador del grupo de estudios policiales de la Sociedad Española de Investigación Criminológica y catedrático honorífico de la Universidad de Manchester.

A principios de mayo, elDiario.es publicaba el caso de L.R.V. –conocida en los movimientos sociales de la capital como María Peres–. La joven aterrizó en Madrid en 2020 para estudiar una carrera y hacerse hueco en el mercado laboral. En realidad, su único objetivo era entrar en contacto con distintos colectivos para acudir a todo tipo de manifestaciones y actos de protesta. Sergio G.A. hizo lo mismo en otras plataformas, llegando a participar en acciones de desobediencia, como encerrarse en una oficina de Bankia y defender un colegio electoral durante el referéndum del procés. 

El agente Daniel Hernández se adentró en el centro social La Cinètika de Barcelona y participó en las manifestaciones contra la entrada en prisión de Pablo Hasél. La prensa reveló posteriormente que no solo se había infiltrado en el movimiento, sino que también había mantenido relaciones sexuales con ocho activistas. La asociación Irídia acompañó durante el proceso legal a cinco víctimas que denunciaron tanto al policía como a su superior jerárquico por "abusos sexuales continuados", delitos contra la integridad moral y revelación de secretos.

El caso de Mavi L.F. es bastante similar. La policía llamó a la puerta de organizaciones ecologistas como Extinction Rebellion entre 2022 y 2023. Los activistas empezaron a notar que su actitud era "aduladora" y activaron las alarmas. "Ella se comportaba como cualquier otra compañera, empezó a venir porque decía que le preocupaba la crisis climática. No ponía ningún límite: compartimos asambleas, fiestas y llegó a mantener relaciones sexuales conmigo y con otros compañeros", recuerda Víctor de Santos, miembro de la organización. 

Trabajar al borde de la legalidad

La legislación actual no permite de manera explícita la infiltración de agentes en los movimientos sociales, pero tampoco la impide. "Lo que tenemos es un vacío legal importante. Hace falta una norma que especifique qué puede hacer un agente sin extralimitarse de sus funciones. Los policías se amparan en la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, porque tiene unos resquicios lo suficientemente amplios como para justificar su actuación", detalla el profesor Juanjo Medina. 

Las fuentes consultadas por Público sostienen que la Ley de Enjuiciamiento Criminal es la única que permite las investigaciones encubiertas. El texto considera que debe existir una investigación en curso para infiltrar personal en cualquier colectivo, pero las reglas del juego pocas veces se cumplen. "Lo que dice el Gobierno es que son agentes de inteligencia y trabajan para recabar datos de interés para sus investigaciones. La Comisaría General de Información –organismo del que dependen– funciona en base a la Ley de Secretos Oficiales. La Policía se refugia en normas administrativas que están bajo secreto de Estado para no tener que dar explicaciones", señala Alejandro Gámez, abogado de Red Jurídica. 

¿Cómo se protegen los colectivos sociales?

La Justicia debe autorizar específicamente a los agentes para utilizar identidades falsas, de lo contrario, estaríamos hablando de una  "extralimitación de sus funciones", fundamentalmente para perseguir movimientos sociales de carácter progresista. "No estamos preocupados, porque somos una asociación muy transparente, pero está claro que son comportamientos poco democráticos. Es una práctica que atenta contra los derechos de la población", reconocen desde STOP Desahucios. 

"Si hubiera sabido que era policía, nunca habría mantenido una relación con él. Nada justifica que el Estado se meta en mi vida", respondía Clara, víctima de un policía infiltrado y miembro de La Cinétika, durante una entrevista con La Directa. Los activistas y expertos que han hablado con este diario instan a los partidos políticos a "abrir el melón" y actualizar el reglamento ante la publicación de los últimos casos, que solo son, según ellos, la "punta del iceberg". "Es una vergüenza que se utilicen los impuestos de la gente para espiar colectivos como el nuestro. La extrema derecha no tiene policías infiltrados; tampoco las grandes empresas que cometen infracciones de forma rutinaria", critica Víctor de Santos, miembro de Extinction Rebellion.