El conseller de Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé (Agramunt, 1975), se hizo cargo del departamento hace 10 meses tras la dimisión de su antecesor. A pesar del peso de la política exterior en sus competencias, será la responsabilidad en procesos electorales la que marcará sin duda su cargo. Por tener que organizar unas elecciones al Parlament en plena pandemia, por el aplazamiento electoral decretado y la polémica suscitada y por el lío judicial generado con el baile de cifras entre el 14 de febrero y el 30 de mayo. Todo ello lo analiza en esta entrevista justo cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ratificado la suspensión cautelar del decreto de aplazamiento para el 30 de mayo y antes de que el alto tribunal tome una decisión definitiva sobre la fecha electoral, dictamen que se producirá antes del 8 de febrero. En estos momentos las elecciones al Parlament se sitúan en el 14 de febrero, sin que ello quiera decir que no se pueda aceptar a última hora el aplazamiento. Un TSJC que, además, mientras deliberaba sobre el lío de la fecha electoral hacía pública también este jueves la sentencia de inhabilitación de un año para Solé por su actuación como alcalde del municipio leridano de Agramunt durante el referéndum del 1-O, generando un nuevo choque entre las fuerzas independentistas y el Govern con el poder judicial. 

Esta entrevista era para hablar de la situación del proceso electoral en manos del TSJC. Pero este mismo tribunal lo ha sentenciado este jueves a una inhabilitación de un año y una multa de 16.800 euros por desobediencia durante su actuación como alcalde de Agramunt en el referéndum del 1-O. ¿Como lo valora?

Hice lo que hicieron la mayor parte de los alcaldes de Catalunya, estar al lado de la ciudadanía. Y volvería a hacerlo porque lo que no se debe desobedecer nunca es la voluntad del pueblo. Es un deber democrático como representantes públicos. El TSJC me sentencia a mí, pero esta es también una sentencia a cientos de alcaldes que hicieron lo mismo que yo el 1-O, apoyando a la ciudadanía. Y a los dos millones de personas que votaron.

¿Aceptará la sentencia? ¿Cómo afecta ahora esto en pleno lío sobre el proceso electoral?

No renunciaré a ninguna vía para defenderme de una sentencia injusta. Continuaré al frente de mis responsabilidades ahora más que nunca. La judicialización no se detiene y afecta a todos los ámbitos. Pero la única salida para resolver el conflicto político es la amnistía y la autodeterminación y no a través de los juzgados. La democracia es la única vía, porque la represión nos fortalece. La democracia es impugnable.

-El aplazamiento inicial y la posterior intervención judicial en el proceso electoral ha generado un desconcierto en la ciudadanía que ya no sabe cuándo debe votar. ¿Le preocupa? ¿Se podía haber evitado?

Efectivamente, por eso pedimos que el tribunal resuelva lo antes posible. Desde el Govern se tomó la decisión del aplazamiento de las elecciones en base a una documentación jurídica muy robusta realizada por la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat. Y se ponía de manifiesto que unas elecciones el 14 de febrero no garantizan la seguridad y la salud de las personas. Y por otra parte, sobre la base de que no se garantizaba la legitimidad de las elecciones. El 21 de diciembre pasado ya se alcanzó un acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas, aprobado después por el Procicat [organismo que evalúa en Catalunya las medidas a tomar contra la pandemia], que en un escenario como en el que estamos se planteaba el aplazamiento de elecciones. Nadie lo impugnó. Y en el decreto de convocatoria ya se abría la puerta al aplazamiento en una situación epidemiológica muy desfavorable y tampoco fue recurrido.

¿Por qué decidieron el aplazamiento para el 30 de mayo?

La decisión tomada por el Govern en su momento era fruto del análisis de todos los informes que cuestionaban la seguridad y la legitimidad de las elecciones el 14 de febrero en estas condiciones de pandemia. Y después de escuchar a todos los partidos que de forma unánime se manifestaron a favor de aplazar las elecciones. Y que de forma mayoritaria optaron por el 30 de mayo como ventana de seguridad. Y también escuchamos a los profesionales de la salud que durante muchas semanas han advertido de que celebrar unas elecciones el 14 de febrero no era la mejor decisión.

¿Qué les ha comportado la suspensión del decreto de aplazamiento de las elecciones para el 30 de mayo por parte del TSJC?

Una vez dictado el auto del TSJC, al quedar sin efecto el decreto de suspensión y aplazamiento de elecciones para el 30 de mayo, hemos reactivado todos los trámites y dispositivos electorales que ya se habían puesto en marcha de cara al 14 de febrero. Por responsabilidad y para dar certezas a la ciudadanía, a la espera de la decisión definitiva del TSJC.

¿Cree que el PSC ha incentivado con su posición discrepante la presentación de recursos contra el aplazamiento?

El derecho a recurrir es legítimo y de hecho la mayor parte, por no decir todas las elecciones, casi siempre cuentan con algún tipo de recursos que habitualmente quedan desestimados. En este caso, los recursos cuestionan el aplazamiento de las elecciones y evidentemente las declaraciones que han hecho dirigentes del PSC no ayudan. Que Salvador Illa se ponga el sombrero de ministro por la mañana y pida a la ciudadanía que extreme las medidas porque la situación epidemiológica es dramática y por la tarde se ponga el sombrero de candidato y pida que se celebren las elecciones en marzo significa que antepone los intereses partidistas por delante de los intereses generales de la ciudadanía.

¿Es una anomalía democrática que el TSJC imponga la fecha electoral en contra del criterio de todos los partidos?

El Tribunal puede cuestionar o no la capacidad del Govern de firmar un decreto de aplazamiento. En ningún caso le corresponde determinar una fecha. Y sería absolutamente incoherente fijar una fecha alternativa el 30 de mayo o el 14 de febrero, tal como quería el PSC.

Usted es conseller de Acció Exterior. ¿Qué pasa en el mundo con las elecciones? ¿Catalunya es una excepción?

En la observación internacional, lo que vemos es que aquellos países que han celebrado elecciones han podido escoger una ventana de seguridad. En el caso de Catalunya, esto no ha sido posible. El 14 de febrero es una fecha que no determinó el Govern sino que es fruto de un automatismo generado a partir de la inhabilitación del president Torra.

En el propio Estado español lo pudieron elegir el País Vasco y Galicia. ¿Por qué ellos pudieron suspender y aplazar y Catalunya tiene tantos problemas?

Porque no se interpuso ningún recurso. Es la única diferencia. Hubo unanimidad de los partidos como aquí, pero no hubo ningún recurso. En Catalunya se han presentado una serie de recursos por las motivaciones que todos conocemos.

¿A qué motivaciones se refiere?

Entiendo que las motivaciones que inspiran estos recursos van más allá del debate sobre la preservación de la salud de las personas. Estoy convencido de que si las personas y organizaciones que los han presentado analizaran a fondo los informes, muy probablemente no los habrían presentado.

¿Ha faltado previsión por parte del Govern para poder hacer las elecciones el 14 de febrero? Algunos partidos de la oposición e incluso algunas voces de JxCat los acusan de no haber buscado fórmulas para votar con seguridad como el voto telemático o la doble jornada electoral. ¿Es así?

Mire, no son momentos para generar falsas expectativas. Nosotros hemos trabajado dentro del encorsetamiento que nos fija la LOREG. Y hemos estirado hasta el máximo, en la medida de lo posible, la legislación vigente. Y dentro de este marco hemos adoptado todas las medidas posibles. De hecho, algunas las hemos pedido y se nos ha negado.

¿Por ejemplo?

Pues el envío anticipado de la documentación genérica a los ciudadanos del exterior para que dispongan de más días para efectuar su voto.

¿A qué se refiere con generar falsas expectativas?

A proponer falsas soluciones como urnas móviles, dos días de votación o el voto telemático. Porque las personas que lo plantean son plenamente conocedoras de que esto requiere de una modificación legislativa en el Congreso y con una mayoría de dos tercios que a día de hoy no es posible. Hasta que estas medidas no sean una realidad viable no podemos generar falsas expectativas en la ciudadanía porque todavía les estamos generando más incertidumbres.

El voto electrónico ya se había planteado, pero no se aceptó. ¿Le sorprende que ahora haya críticas por no disponer de este mecanismo?

Si tuviéramos el voto electrónico, probablemente no habría ningún debate sobre si hacer o no las elecciones del 14 de febrero. Pero requiere una reforma de la LOREG por mayoría reforzada. En su día, el Govern presentó un proyecto de ley al Parlament para habilitar el voto electrónico para la ciudadanía residente en el exterior. Obtuvo la enmienda a la totalidad del PSC, Ciudadanos y el PP. Y esto lo hace inviable.

¿Pero hay otras medidas que sí se podrían haber habilitado y no se han tomado?

Se ha hecho todo. Buscando hasta el último rincón de la legislación vigente para encontrar medidas que nos permita aplicar en materia electoral. Por otra parte, algunos partidos critican que no se extremen más las medidas para rebajar la pandemia de cara a las elecciones, pero también critican las restricciones que se han tenido que aplicar.

Entonces ¿cuáles son las medidas previstas para votar en seguridad el 14-F o el 30-M?

Hemos elaborado unos protocolos de seguridad en que se determina la distancia a la que deben estar los miembros de las mesas electorales, la distancia que debe haber entre las mesas, hemos fijado recorridos de seguridad en los colegios electorales cuando los ciudadanos vayan a votar haciendo que se entre por un punto y se salga por otro, además de habilitar espacios de espera en el exterior. Por otra parte, hemos trabajado mucho con el municipalismo para poder poner a disposición espacios grandes y ventilados y para incrementar el número de colegios electorales que permitan reducir el censo en aquellos en los que era demasiado elevado, sobre todo en las grandes ciudades y especialmente en Barcelona.

¿Y cómo han pensado proteger a los miembros de las mesas y facilitar el voto de la gente positiva de Covid?

Aquí también hemos establecido protocolos de seguridad con equipos de protección epidemiológica para los miembros de las mesas electorales y hemos organizado una jornada electoral basada en franjas horarias recomendadas. De 10 a 12 para la votación de personas vulnerables, de 12 del mediodía a 6 de la tarde la población general, y de las 6 hasta las 8 se recomienda que voten las personas positivas de Covid o que estén en cuarentena por contacto directo. Aparte de eso, hemos hecho una campaña institucional potente para fomentar el voto por correo. Y además hemos tratado de facilitarlo al máximo. Por primera vez, el ciudadano puede pedir el voto por correo desde casa con un certificado electrónico y puede efectuar el voto también desde casa con la entrega al funcionario de correos que se lo vendrá a buscar. De momento la mitad de los que han pedido el voto por correo lo han hecho de forma telemática. Y habría que añadir la posibilidad de un envío único de papeletas a los domicilios para que la ciudadanía pueda llevar el voto preparado desde casa. Quien diga que no se ha hecho todo lo que se podía hacer con la legislación vigente no es coherente con la verdad.

Eso quiere decir que el operativo no variará en función de ninguna fecha. ¿Qué les preocupaba pues del 14 de febrero para decretar el aplazamiento?

El 21 de diciembre aprobamos un protocolo acordado unánimemente por todos los partidos y asumido por el Procicat que incluía nueve escenarios. De estos, en dos casos generados por una situación epidemiológica muy grave, se aconsejaba no celebrar elecciones porque la percepción de peligro de la ciudadanía a la hora de ir a votar de forma presencial podía poner en riesgo la legitimidad del proceso por una abstención importante. Además de forzar a un alto número de ciudadanos contagiados a ir a los colegios electorales. Es lo que se previó y el mismo decreto de convocatoria ya abría la puerta al aplazamiento si se daba la situación epidemiológica que ahora se apunta para el 14 de febrero. No estamos diciendo ni haciendo nada que no se previera el 21 de diciembre.

¿La posible alta abstención es una de las preocupaciones del 14 de febrero?

Evidentemente. Uno de los principales indicadores para que unas elecciones sean legítimas es que la participación sea similar o asimilable a otros comicios de la misma cámara. Se entiende que puede haber un descenso fruto de la situación que vivimos, pero no sería aceptable que la participación fuera mucho más baja de lo habitual en unas elecciones al Parlament. Como tampoco lo sería que se restringiera el derecho a voto de una parte importante de la ciudadanía.

Desde algunos partidos se les reprocha que en Portugal sí se podrá votar. ¿Qué han hecho diferente?

Sobre las elecciones en Portugal hay que decir que la Constitución portuguesa no permite explícitamente un cambio de fecha electoral porque viene fijada de forma automática. Pero sobre todo, hay que tener presente que Portugal irá a votar dejando a miles de personas sin derecho a voto por contagio. Estamos hablando de entre 50 y 100.000 personas que no podrán votar.

Eso también pasó en menor medida en el País Vasco y en Galicia. ¿Garantiza que en Catalunya podrán votar todos los ciudadanos al margen de la fecha?

Hemos trabajado para ello y no contemplamos unas elecciones donde se limite el derecho de voto a nadie. Pero para ello establecimos que en siete de los nueve escenarios podíamos garantizar el voto de todos y la ciudadanía se podría sentir segura para ir a votar. Y en dos casos, el de confinamiento domiciliario o el de una gran restricción de la actividad social como se prevé para el 14 de febrero, esto no era posible.

Alguno de los recursos, y el propio PSC, precisamente han puesto en duda que la restricción de actividad social sea suficiente. Se critica que se pueda ir al cine o en metro y no a votar...

Pero ir a votar requiere cumplir tres objetivos fundamentales: preservar la seguridad y la salud de las personas, garantizar el derecho al voto de todos y que sean unas elecciones legítimas y por eso no puede haber la percepción de miedo a la hora de ir a votar. Quien tiene sensación de miedo por el hecho de ir al cine no va y no pasa nada. Si esto ocurre en el caso de unas elecciones, se está restringiendo un derecho fundamental.

¿Pero no habría que tomar más restricciones sociales para rebajar la pandemia e ir a votar con más seguridad?

Las medidas que toma el Procicat no tienen que responder a una convocatoria electoral. Las medidas del Procicat deben responder a la necesidad real de la ciudadanía en cada momento.

¿Por qué no se pudo encontrar una fecha unánime? Si el PSC proponía en marzo y el Govern en mayo, ¿no se podía haber encontrado la unanimidad por ejemplo en abril, como proponía el PDeCAT?

Es que la fecha no depende de los intereses de los partidos. No se elige una u otra en función de casar intereses. La fecha depende exclusivamente de criterios sanitarios. Y desde el Departament de Salut se nos ha dicho muy claramente que la ventana de seguridad se sitúa a mediados o finales de mayo. Es por este motivo que se propone la fecha del 30 de mayo que tiene el consenso mayoritario de los partidos. En el caso del PDeCAT, la diferencia es ligera porque proponían finales de abril o principios de mayo. En el caso del PSC se proponía el mes de marzo y desde el punto de vista epidemiológico, no tenemos ninguna garantía de que estemos en una situación favorable.

Más allá del debate de fechas, el PSC les ha acusado de que querían cambiar las reglas del juego con el aplazamiento por no limitarse a un cambio de fecha sino de abrir la puerta a cambio en las candidaturas.

Las reglas del juego en ningún caso se cambiaban, simplemente se adaptaban a la nueva fecha. Quizás cuando se habla en estos términos hay un interés partidista más que la preocupación por la salud de las personas.

¿Cómo valora que miembros del Gobierno español cargaran contra el aplazamiento? El ministro de Justicia habló de "suspensión de la democracia".

Bueno, ya hemos visto cómo cambiaban de criterio en muy pocas horas. En un inicio hablaban de un ataque a la democracia y a continuación comenzaron a declinar hacer comentarios al respecto. Esto demuestra que no hay un fundamento jurídico ni una razón de peso para ir en contra del decreto de aplazamiento.

¿Una ley electoral propia para Catalunya que no se ha logrado en 40 años habría evitado tanto problema?

Probablemente habría sido ligeramente diferente pero no se puede olvidar que las leyes electorales deben ajustarse al marco que define la LOREG y esto hace que en los elementos esenciales el margen de maniobra es poco. Por este motivo, reivindicamos tener la capacidad de legislar con la máxima extensión.

¿El voto del exterior será aún más un reto casi imposible con la pandemia que se suma a los ya habituales impedimentos?

El voto en el exterior quedaría resuelto con el voto electrónico. Pero no hay que generar falsas expectativas porque ahora mismo no es posible. Como medida para mejorar la situación, pedimos que se pudiera anticipar el envío de la documentación genérica antes de la proclamación definitiva de las candidaturas. Para ganar unos días y facilitar el voto con más tiempo. Depende de la Junta Electoral Central. También hemos pedido la ampliación de los horarios de los consulados y las embajadas.

El largo proceso electoral que arrastramos hace que el Govern esté en funciones hace muchos meses y dificulta su acción por ejemplo para hacer presupuestos. ¿No les preocupa esto?

Nosotros hemos pedido reiteradamente celebrar elecciones lo antes posible. Pero es prerrogativa del president de la Generalitat, que decidió no convocarlas y hay que respetarlo. Yo no pondré en duda este derecho. A partir de aquí, la inhabilitación del president Torra nos ha abocado a una fecha automática que es la del 14 de febrero. Y la situación requirió plantear el aplazamiento. Soy el primer interesado en celebrar las elecciones cuando tocan y lo antes posible, pero hay que poner por delante el interés general de la ciudadanía.