Laura Borràs afronta un momento decisivo en su carrera política al frente del Parlament ante la inminente decisión de la Fiscalía sobre si le abre o no juicio oral por malversación de fondos públicos, prevaricación, fraude administrativo y falsedad en documento mercantil. También es un punto de inflexión para ERC y la CUP, que tendrán que posicionarse sobre si la apoyan o la dejan caer, como han dejado entrever en las últimas horas. En cualquier caso, todo ello desencadenará el enésimo enfrentamiento entre los partidos independentistas y afectará también al seno del Govern. 

La situación no surge de la nada, ya que hace meses que está sobre la mesa la apertura de juicio oral contra la presidenta del Parlament por fraccionamiento de contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Ahora, este paso está más cerca después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) haya concluido la instrucción de la investigación. Esto da a la Fiscalía diez días para pedir el archivo o nuevas diligencias, o presentar el escrito de acusación y pedir la apertura de juicio oral.

Si esto ocurre, como todo indica, especialmente después de las revelaciones de un funcionario que trabajaba con Borràs, es cuando la espada de Damocles estará sobre la actual presidenta de la cámara. El quid de la cuestión es el artículo 25.4 del reglamento del Parlament, que establece que cuando se abre juicio a un diputado por causas de corrupción, éste debe dejar el escaño y, por tanto, los cargos.

Esto, que no deja lugar a dudas, ha suscitado las críticas de Borràs y su partido, Junts per Catalunya, que defienden que el caso contra la presidenta se enmarca en la represión contra el independentismo y piden que se respete la presunción de inocencia y no se la destituya antes de la sentencia. Esto requeriría una votación en la que ERC y la CUP deberían posicionarse a favor de Borràs.

Divergencias entre independentistas

Entre las últimas que se han posicionado al respecto dentro del partido se encuentra la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, que ha defendido "firmemente" la presunción de inocencia y ha alertado sobre el "grave error" de instar a adoptar medidas antes que haya juicio. "Según de qué lado caen las acusaciones a veces se piden unas cosas y a veces se hacen otras", ha dicho en una entrevista en La Xarxa recogida por la ACN. 

La realidad, sin embargo, es que todos los partidos menos el PP votaron a favor de este artículo, incluido en una modificación del reglamento a propuesta de la CUP en el 2017. Y, mientras que los anticapitalistas siempre han cuestionado no aplicar el artículo en el caso de Borràs, ERC sí lo había dejado entrever, pero esta semana ha empezado a expresar reticencias a mantenerle el apoyo.

Una de las voces más acreditadas de las filas republicanas, Carme Forcadell, ha afirmado que cuando se vea en la tesitura, Borràs "no debe pensar en sí misma sino también en el prestigio de la institución". La expresidenta de la cámara ha reconocido que la presidenta de JxCat tiene "una situación muy difícil", aunque ha evitado responder si cree que debe dimitir. "El Parlament debe ser una institución ejemplar, debe tener tolerancia cero con la corrupción, debe ser transparente, una institución de la que los catalanes nos sintamos orgullosos", ha dicho.

Según Forcadell, lo que debería hacer Borràs es "dar explicaciones muy convincentes" sobre su caso y todo lo que le rodea, "porque no sólo debe pensar en su situación y en la situación del movimiento independentista, que no puede tener ninguna sombra de sospecha sobre la honestidad. Por encima de todo, debe haber el prestigio de la institución que representa".

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ya se había posicionado en esta línea afirmando que no se podía reclamar "apoyo a ciegas" a expensas del proyecto independentista. "Hay que preservar el proyecto colectivo y no exigir apoyo a ciegas en nombre de la represión", afirmó en una entrevista en la ACN. "Pedir un esfuerzo colectivo al movimiento independentista de catalogar de represión política una cuestión que no sabemos qué ha pasado, dudosa administrativamente, creo que es un sacrificio mayor", argumentó. Rovira reclama que Borràs aclare los hechos y una vez hecho esto "si no ha ocurrido nada ya volverá".

Supuestos contratos irregulares

La causa investiga supuestos contratos irregulares cuando Borràs dirigía la ILC de 2013 a 2017. Según el TSJC, Borràs habría adjudicado indirectamente y de forma arbitraria a un conocido suyo 18 contratos por más de 300.000 euros relacionados con la web de la institución. Concretamente, la acusan de adjudicar varios contratos a dedo a Isaías Herrero, que también está siendo investigado en la causa junto a un amigo suyo y a un administrativo que trabajaba con Borràs. 

En una declaración voluntaria ante el magistrado instructor, este administrativo explicó que la Intervenció de la Generalitat advirtió en el 2014 a la ILC que estaba abusando de los contratos menores y que debería hacer procedimientos negociados, con mayor publicidad. Borràs presentó alegaciones al informe de la Intervenció diciendo que era totalmente legal hacer ese tipo de contratos. En unos audios posteriores, cuando ya había dejado el cargo, Borràs pidió al trabajador que la próxima vez que los Mossos d'Esquadra acudieran a la entidad para investigar los contratos, le avisara.

Según el reglamento del Parlament, la apertura de juicio oral por delitos de corrupción implica la suspensión de los derechos y deberes del diputado en cuestión, lo que comportaría que Borràs quedara apartada de la presidencia de la cámara. JxCat intentó reformar este artículo para que sólo se aplicara en caso de sentencia firme, una modificación a la que tanto ERC como la CUP, así como PSC y los comunes, se opusieron, y que finalmente no salió adelante.

Una vez se confirme la apertura de juicio oral, será la mesa quien tendrá que acordar si saca adelante la suspensión de Borràs y aquí es donde ERC y la CUP tendrán que posicionarse de forma definitiva. El PSC, también representado en la mesa, ya ha manifestado que no apoyará a la presidenta, como era previsible. La decisión queda en manos de los independentistas. En caso de que ERC no sostenga a Borràs, se abrirá una nueva crisis en el Govern, con la incertidumbre sobre si JxCat lo abandonará; una opción con la que ha flirteado tras el relevo en la dirección y la entrada de la propia Borràs como presidenta del partido.

Por otra parte, la defensa de Borràs ya ha presentado un recurso contra el auto que ponía fin a la instrucción del caso y en él pide al TSJC que sea juzgada por jurado popular. Los delitos de malversación de fondos públicos y fraude administrativo se juzgan con tribunal popular, lo que, según los abogados, debería arrastrar al resto de delitos, prevaricación y falsedad documental. Sin embargo, la ley del tribunal del jurado excluye específicamente la prevaricación de los delitos que se juzgan por este procedimiento, por lo que no está claro cómo lo resolverá el tribunal.