En 2009 Alberto Núñez Feijóo accedió a la presidencia de la Xunta de Galicia, cargo que pretende renovar por cuarta vez consecutiva en la próxima cita electoral del 5 de abril. A lo largo de los 11 años de gobierno del Partido Popular (PP), que contó con mayoría absoluta para aprobar sus políticas, han respondido colectivos, asociaciones y se han creado plataformas de todo tipo para defender los derechos sociales. Destaca principalmente el ámbito sanitario, por las privatizaciones y la carencia de personal; la defensa por una televisión libre de los intereses de los populares; la lucha por la abolición del decreto de plurilingüismo; la protección del rural gallego y la reivindicación del medio ambiente.

El cierre de paritorio de Verín significó un antes y un después para el Ejecutivo autonómico, que acabó desembocando en una manifestación feminista unitaria en el municipio ourensano por el Día de las Mujeres. Fue la movilización social y la defensa por una sanidad pública lo que consiguió la reapertura del mismo. Las integrantes de la Plataforma Sanitaria de Monterrey insistieron con huelgas de 24 horas en el centro, y tuvieron claro desde un principio que la decisión inicial, que no estaba apoyada por los populares ourensanos, acabaría marcando el año electoral de Feijóo.

Otras protestas se han extendido más en el tiempo, ya que sus consecuencias son diarias y el Servizo Galego de Saúde (SERGAS) no atiende a las peticiones del personal sanitario. Atención primaria está sobrecargada de trabajo y los centros de salud saturados. Reclaman un "empleo digno" y estabilidad para poder ofrecer calidad asistencial a los pacientes. Piden que la Xunta los escuche, al igual que atiendan la falta de pediatras y psicólogas en atención primaria.

Las contrataciones son mínimas también para las enfermeras. Enfermeras Eventuais en loita surgió de la falta de personal y de la precariedad de estas profesionales en los hospitales públicos gallegos. Para Miriam Colombo, integrante y también presidenta de la Asociación de Enfermeiras de Pontevedra (AENPO), las oposiciones que ofrece el Sergas no prometen estabilidad, al igual que sucede con las demás funcionarias . El personal se plantea abandonar Galicia en busca de otros empleos, ya que los trabajadores fijos también notan las escaseces, aunque cuenten con plaza, puesto que no hay profesionales para cubrir sus bajas.

"Es la pescadilla que se muerde la cola", añade Colombo. La falta de personal se refleja en las listas de espera. En Lugo han impulsado una plataforma contra la lista de espera en el Sergas, cuyos integrantes asesorarán a los dolientes del hospital público sobre los procesos de reclamación contra el sistema. Asimismo, la presidenta señala los intentos de privatización de la Xunta, "es la línea clara". Por ejemplo, el servicio de las ambulancias pertenece a una empresa externa, al igual que el hospital público-privado de Povisa (Vigo) que recibe cada año dinero de la Xunta.

Colombo cuenta que ahora, de cara a las elecciones, el Sergas está cambiando mobiliario, "se echa la casa por la ventana para aparentar que todo va bien, pero sin que alguien te pueda atender". Asimismo, cuenta: "No nos dejan ni expresarnos, no dejan que colguemos un cartel en nuestros centros de trabajo porque va en contra de los que ellos dicen", explica. "Eso sí, en las televisiones sí publicitan sus grandes logros en su tiempo de gobierno". 

Defensa por una televisión pública libre

Defende a Galega es una plataforma del personal de la Televisión de Galicia (TVG) y Radio Galega abierta a la sociedad, pero "al margen de las organizaciones políticas y sindicales". De la misma forma, sus objetivos no son "ni participar en luchas partidistas" ni "reivindicar ni conseguir mejoras de tipo laboral", sino que "denunciar el hecho en que la precariedad afecta al servicio que se le ofrece a la audiencia".

En uno de sus manifiestos, reflejan la intención de dignificar los medios de comunicación públicos, así como "la implicación de la sociedad gallega" en esta lucha. Entre sus reivindicaciones, instan al próximo Ejecutivo autonómico a la participación contra "el desmantelamiento acelerado de TVG y Radio galega", contra su "instrumentalización política y económica" y piden que se respeten los fines democráticos propios del periodismo.

Ahora, ante la cita electoral del 5 de abril, exigen la destitución "inmediata" del actual director general de CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, y el nombramiento de otra persona conforme la Ley de Medios. Piden darle a su órgano “las máximas atribuciones posibles para evitar las presiones partidistas sobre las trabajadoras”, libres de los discursos del Gobierno de la Xunta de Galicia.

Asimismo, piden el "fin de la política de desmantelamiento". Postulan que "es inaceptable la situación de precariedad derivada de una política empresarial que impide sustituir a los trabajadores de baja o de vacaciones". Reclaman igualmente, la cobertura informativa de sus protestas, tanto laborales como profesionales "que pueda desenvolver el cuadro del personal en el futuro, considerando que esa cobertura no hará más que mejorar la imagen de los medios públicos gallegos y de su servicio". La plataforma nació en 2018, y "os venres en negro" pretenden dar visibilidad a su protesta y defender la comunicación gallega libre.

Defensa del gallego

Hace diez años, la Xunta presentó el “decreto de plurilingüismo” que reduce la enseñanza en gallego a un tercio del total de las horas. Las consecuencias se recogen en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que vuelve a criticar el modelo del Gobierno gallego al considerarlo “insuficiente en la enseñanza, especialmente a nivel preescolar”. Ante las protestas, el PP siempre ha defendido la importancia de destinar las mismas horas del gallego que al castellano o al inglés. De hecho, en su spot electoral de precampaña, utiliza los tres idiomas.

La directora del Observatorio de Derechos Lingüísticos, Elsa Quintas, considera que después de 11 años de mandato de Feijóo el idioma ha sufrido una “involución". Piden para el próximo gobierno como primera medida la abolición del decreto de plurilingüismo. "Es la primera vez que se impide que asignaturas de ciencias se den en gallego", explica. Igualmente, pide que el Gobierno de la Xunta "pueda ampliar competencias".

Según el Instituto Galego de Estadística (IGE), solo un 3,97% aprende a hablar gallego en la infancia. En el total de la comunidad solo un 30,33% habla en el idioma siempre y la peor cifra se la lleva Pontevedra con un 18,12%. En los infantes de 5 a 14 años, el 13,08% se desenvuelven mejor en gallego y de la juventud un 18,55%. La lucha también se ha extendido a las universidades, y destaca en este ámbito la protesta en Santiago de Compostela contra la universidad privada de la Xunta patrocinada por Abanca.

"El rural no muere, lo matan"

En cuanto a la lucha por el medio ambiente, la plataforma vecinal Mina Touro-O pino NON ha sido otra victoria de la movilización en Galicia, encabezando el lema "el rural no muere, lo matan". Sus integrantes estuvieron más de dos años manifestándose en contra de un proyecto de la Xunta que radicaba en la reapertura de una mina para extraer cobre en A Coruña. Una vez conseguido, el gobierno negó que los movimientos sociales hayan tenido algo que ver en la decisión final.

La defensa por la buena salud del ecosistema gallego se extiende también a las manifestaciones en contra de la ley de residuos de Feijóo, asociaciones como Verdegaia o Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (ADEGA) critican el sistema de gestión de residuos de la Xunta. El servicio está privatizado y se basa en la incineración de los residuos, de manera que solo un 11% se recicla en la comunidad. Si algo sufre Galicia también relacionado con la quema son los incendios, una de las épocas en donde más se refleja los recortes de la Xunta, y que Feijóo ha evitado con el adelanto electoral.

Asimismo, otro de los grandes problemas es la despoblación, y aunque existe escasa conciencia social, surgieron en los últimos años asociaciones como Portas Abertas de Vilardevós o el Centro de Desenvolvemento Rural O Viso en Ourense, para promover el desarrollo de recursos y la habitabilidad de las zonas llevando a cabo programas de integración y actividades de tipo social y medioambiental. Aunque los alcaldes puedan llevar a cabo iniciativas a nivel local, necesitan del Gobierno de la Xunta para establecer medidas reales.

El impacto en la economía

El profesor de economía de la Universidad de Santiago, Xabier Vence, cuenta a Público que la estrategia de la sustentabilidad, la lucha contra el cambio climático y la economía circular,  "se tomaron a la ligera tanto por parte de las empresas como por parte de los mandatos de Rajoy y Feijóo". Para él, el nuevo gobierno después de 5A tendrá que poner en marcha "acciones concretas" para poder "impulsar la economía circular en el ámbito privado y público, eco-innovación y aprovechar las oportunidades que ofrece la simbiosis industrial, las cadenas cortas de producción-consumo, la agricultura ecológica, la reutilización y aprovechamiento de todo tipo de recursos, etc".

El profesor explica que la situación económica que queda en Galicia antes de las elecciones es "muy delicada" porque se aprovechó el "poco ambiente" de cierta recuperación de actividad en España, tanto por el "escaso dinamismo" del sector privado como por "la política de recortes aplicada de manera miope por la Xunta". En cuanto a los datos, la comunidad creó muy poco empleo y disminuyó el número de personas activas, "situando la tasa de actividad en un 53% (casi seis puntos por debajo de la media española)", afirma. Además, hace un guiño a la ley demográfica de la Xunta que achaca el problema a la baja natalidad, y señala que la causa no es el comportamiento reproductivo (ya que es general), sino la "falta de oportunidades laborales y de precariedad en el empleo" que termina por lanzar a la emigración "la escasa gente nueva" de Galicia.