"España considera la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo". El 18 de marzo de 2022 la ciudadanía española conoció, a través de la Casa Real de Marruecos, el cambio de posición histórico sobre el conflicto del Sáhara Occidental. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió una carta al rey marroquí, Mohamed VI, en la que destacaba sobremanera ese punto. 

Las relaciones bilaterales en aquellos momentos estaban completamente congeladas. El caso del líder del Frente Polisario, Brahim Gali había desembocado en un envío masivo de personas a Ceuta favorecido por las autoridades marroquíes. "No es aceptable decir que se atacan las fronteras por desavenencias en política exterior", dijo entonces Sánchez tras unas declaraciones de la embajadora marroquí en España sobre la posición española en el conflicto saharaui. 

Poco después, la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya fue destituida. En su lugar entró en el Gobierno José Manuel Albares. La tarea de recomponer las relaciones con el país vecino iba a ser uno de sus principales cometidos.

Surgió entonces esa carta que pretendía "abrir una nueva etapa", según sus propias palabras en una comparecencia de urgencia tras la filtración. La carta, que realmente está fechada el 14 de marzo de 2022, nunca ha sido difundida oficialmente por el Gobierno y la ciudadanía solo la ha podido conocer a través de El País. 

Apenas un mes después de la carta, Sánchez viajó a Rabat. Se vio personalmente con Mohamed VI. De ahí salió una declaración conjunta que sí desembocó en un acuerdo concreto y casi inmediato: la reapertura de fronteras en Ceuta y Melilla.

También se abordó la reanudación de la operación Paso del Estrecho, culminada meses después. Y se fijaba la celebración de una Reunión de Alto Nivel (RAN) entre ambos países para antes de que acabara ese año, aunque finalmente se celebró en febrero de 2023. 

Aquella primera declaración incluía otro punto de suma relevancia por su significado: la apertura de aduanas comerciales en Ceuta y Melilla. Casi dos años después, el bloqueo de Marruecos continúa. Se han realizado "pruebas técnicas" pero no hay fecha para su puesta en marcha oficial. 

Sánchez volvió a viajar a Marruecos el pasado 21 de febrero. Desde allí, tras reunirse de nuevo con Mohamed VI, algo que no sucedió en la RAN de 2023, Sánchez apuntó que "por parte española está todo listo para empezar con la operación regular de las aduanas". 

En la citada declaración de 2022, que ha servido como base para las relaciones desde entonces, también se incluyeron otros asuntos sensibles como las "conversaciones sobre el espacio aéreo". Un asunto que ha generado preocupación en algunos grupos políticos por la reclamación marroquí de cambiar lo establecido. 

El espacio aéreo que sobrevuela el Sáhara Occidental se controla desde las islas Canarias. Sin embargo, los aeropuertos del territorio son controlados por Marruecos, que ocupa militarmente la zona de la antigua colonia española desde el año 1975. Esto genera que sea España quien autorice los vuelos que llegan al territorio. Algo que se ha mantenido de forma histórica y que ha creado también una serie de puestos de trabajo relevantes en el archipiélago.

Un asunto parecido es la "reactivación del grupo de trabajo sobre delimitación de espacios marítimos" pactada en 2022. Marruecos reivindica de manera histórica la soberanía de unas aguas cercanas al territorio saharaui y que en estos momentos pertenecen a España. No hay tampoco noticias de avances en este sentido. 

Desde Moncloa argumentan que las relaciones comerciales son ahora más fuertes y que se está trabajando de manera cooperativa en temas migratorios y en materia de seguridad. En el último viaje de febrero, Mohamed VI agradeció expresamente a Sánchez la postura "constructiva e importante" de España sobre el conflicto del Sáhara Occidental. España y Marruecos celebrarán también conjuntamente el Mundial de Fútbol de 2030. 

Lejanía con el Sáhara Occidental, el Polisario y Argelia

Sánchez se ha cuidado mucho desde abril de 2022 de mencionar la palabra "autonomía" cuando se ha referido al Sáhara Occidental. Lo ha evitado de manera expresa en momentos clave como sus discursos ante la ONU. El Gobierno defiende públicamente que la solución al conflicto debe llegar de mutuo acuerdo entre las dos partes. Una de ellas es el Frente Polisario, representante legítimo del pueblo ante la propia ONU. Con su enviado especial, Staffan De Mistura, se ha reunido en varias ocasiones Albares. 

La decisión de Sánchez y Albares provocó la ruptura de relaciones con el Frente Polisario y también con Argelia. Con este último país se abrió una vía leve de normalización hace algunos meses, precisamente por el último discurso de Sánchez en la ONU. Su embajador volvió a España y se reanudaron algunas relaciones comerciales.

Albares pretendía apuntalar esa vuelta a la normalidad en un viaje programado hace un mes. Se canceló en el último momento por, oficialmente, "problemas de agenda". Algunos medios como El Confidencial publicaron que la negativa española a hablar sobre el conflicto saharaui fue la verdadera razón. 

Con el Polisario tampoco hay avances de ningún tipo, sino prácticamente al contrario. El PSOE dejó de participar en el grupo interparlamentario del Congreso sobre el Sáhara, rechazó ir al último Congreso de los saharauis, la Internacional Socialista que preside Sánchez evitó menciones al conflicto y no los invitó a su última reunión.

Tampoco han incluido los socialistas ninguna referencia al Sáhara en su último documento político importante, el de la Convención Política celebrada en enero. Además, algunas activistas reconocidas, entre ellas Aminetu Haidar, han denunciado las trabas del Gobierno para sus visados o permisos de residencia. 

La decisión del Gobierno ha provocado numerosas diferencias políticas dentro de la coalición progresista, antes con Unidas Podemos y ahora con Sumar. También con el resto de sus socios parlamentarios y con la derecha. Esta última semana se visibilizó a la perfección la soledad del PSOE en este asunto. 

La Comisión de Exteriores del Congreso aprobó una proposición no de ley (PNL) presentada por el PP en la que se pedía recuperar el consenso político y que el Gobierno de España retome "una posición neutral" en el conflicto del Sáhara Occidental. Salió adelante con los votos de los populares, Sumar, PNV, EH Bildu e incluso Vox.

Algunos de los socios de Sánchez reclaman "coherencia" sobre este asunto en relación a la postura en favor del derecho internacional y del pueblo palestino. Un conflicto en el que consideran que hay puntos en común por existir una fuerza ocupante y otra ocupada.