Empresas que vierten sulfatos en la red de alcantarillado, colectores obsoletos que llevan al río sin depurar las aguas fecales de áreas de la ciudad que rondan los 150.000 habitantes más de un centenar de días al año y vertidos directos de industrias, núcleos de población y urbanizaciones, algunas de ellas ‘sin papeles’, hacen que el Ebro soporte a su paso por Zaragoza, la mayor población de la cuenca, niveles de contaminación que superan lo admisible en algunos parámetros y cuyos efectos se manifiestan aguas abajo. 

Esa situación ha llevado a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica que gestiona el uso del agua en esas demarcación, a advertir al ayuntamiento, responsable de la depuración de sus aguas tras haberlo decidido así hace más de tres décadas, de la urgencia de controlar esos derrames y de la necesidad de adecuar su depuradora o de construir una nueva para reducir la carga contaminante que arroja al río.

Esta acaba discurriendo hacia el este a través de los alrededor de 200 kilómetros de su curso que van de la capital aragonesa al Mediterráneo a través de las provincias de Zaragoza, Lleida y Tarragona, jalonado por embalses como los de Mequinensa, Ribarroja y Flix y con tomas de agua como las de los dos canales del Delta o el minitrasvase a Tarragona, de los que beben y con los que riegan varias decenas de miles de personas.

El actual permiso de vertido de la depuradora de La Cartuja, la mayor de las dos de la ciudad al procesar los residuos equivalentes a 820.000 personas, aunque tiene capacidad para 1,2 millones (el censo es de 682.223), venció a finales de agosto del año pasado, lo que llevó al organismo estatal a poner en marcha un proceso de renovación cuyas conclusiones de partida ofrecen pocas dudas sobre la gravedad de la situación.

"Resulta preocupante el estado integral general de la planta de depuración, así como su fragilidad ante cualquier evento o incidente", señala. De ahí "se deduce la urgente necesidad de valorar alternativas para un tratamiento mayor y más seguro de las aguas residuales de la ciudad de Zaragoza" que, ya sea adecuando esa depuradora o con una nueva, "garantice el cumplimiento en todo momento de los límites de vertido exigibles al mayor vertido urbano de la cuenca, el cual cuenta además con una sustancial carga industrial" (once polígonos) que incluye derrames que "vienen a agravar la situación de por sí precaria de la planta".

El agua residual de la margen izquierda no se depura si el Ebro va alto

El informe de la CHE pone sobre la mesa una "circunstancia preocupante" en especial: "con una altura en el río Ebro de más de 2,30 metros existe aporte del río a los colectores de la ciudad", con lo que "a lo largo del año se acumulan periodos extensos en los que toda la margen izquierda queda sin servicio de depuración, evacuándose las aguas residuales directamente al río, sin que medien lluvias".

Es decir, que cuando el Ebro supera los 2,3 metros de altura entre el Puente de Hierro y el azud de Vadorrey las aguas fecales y el resto de las residuales domésticas de barrios que suman 146.675 habitantes, según los datos del propio ayuntamiento directamente al Ebro, algo que se está dando de manera más habitual y prolongada como consecuencia de la mayor frecuencia de los episodios de crecida que el calentamiento global está provocando en el Ebro.

Según los datos del SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica), el río alcanzó ese nivel 328 días en los últimos cinco años en la estación de medición del centro y en 620 ocasiones en la de la Ronda Norte, una frecuencia que se ha ido concentrado hasta darse 38 veces el año pasado y cinco en lo que va de este en la primera y en 111 y 58 en la segunda.

La CHE se muestra "consciente de la dificultad de realizar estas mejoras en un corto periodo de tiempo", aunque añade que "estos asuntos deben ser abordados con el objeto de planificar una solución a medio plazo para garantizar el tratamiento adecuado de la totalidad de las aguas residuales de la ciudad en todo momento y sin depender del nivel del río", o "al menos con una mayor tolerancia a la subida de nivel".

A esta circunstancia se le suma el hecho de que "los vertidos de aguas residuales procedentes del barrio de Peñaflor [1.061 vecinos] se realizan de forma directa al río Gállego sin tratamiento de depuración" y la detección, desde hace casi tres años, de "un vertido industrial químico con una caracterización principalmente salina, con gran concentración de sulfatos, unido a grandes picos de conductividad" procedente de una industria del polígono Malpica que, además, "provocan desequilibrios en la planta" de tratamiento de agua residuales, ya que impide "la eliminación biológica de fósforo" en sus instalaciones.

Exceso de fosfatos y de nitrógeno por no poder eliminarlos

El lanzamiento de fosfatos al río comenzó a superar a partir de 2017, y a hacerlo con una elevada frecuencia entre 2018 y 2020, el límite establecido (un miligramo por litro) que la depuradora, de gestión privada a través de la empresa Ecociudad, debía cumplir a partir del agosto de 2017.

En realidad, Zaragoza debería devolver al Ebro agua residual sin fosfatos. Sin embargo, la solución ha consistido por ahora en elevar el límite diario a 1,5 tras solicitarlo la sociedad pública ante el vertido industrial de sulfatos, a lo que se suma una avería del sistema de tratamiento y la incapacidad de este para reducir la presencia de ese residuo.

Los fosfatos, compuestos químicos derivados del fósforo y presentes también en las aguas fecales humanas y animales, son uno de los residuos cuya presencia en los ríos y acuíferos más está preocupando a los expertos por provocar fenómenos de eutrofización cuya intensidad ya está alterando los ecosistemas e, incluso, dejando fuera de servicio pantanos como ocurre al sur del Moncayo, donde una elevada presión residencial e industrial se combinan con una deficiente depuración de las aguas residuales.

La situación es más peliaguda, si cabe, con los nitratos. "Se exige la eliminación de fósforo en el vertido, pero sería igualmente exigible la eliminación de nitrógeno, al igual que en otros muchos núcleos de población mayores de 15.000 heq (Habitantes Equivalentes) que vierten en área de captación de zona sensible", indica el informe de la CHE, que recoge que, por el contrario, y pese a tratarse de algo "muy deseable en todo caso y conveniente para reducir el aporte de nutrientes" al río, "no ha podido establecerse un límite de nitrógeno al no poder implantar un sistema de nitrificación-desnitrificación que pueda reducirlo en las instalaciones".

Sin una solución definitiva en menos de ocho años

El Ayuntamiento lleva varios años invirtiendo en la rehabilitación de la depuradora de La Cartuja, una de las más modernas de España cuando entró en servicio a principios de los años 90 y cuya construcción generó uno de los primeros casos de presunta corrupción de aquella época, con partidas que suman 34 millones de euros desde 2014, aunque "a pesar de las constantes inversiones y la ejecución de rehabilitaciones integrales (…) la realidad es que la instalación ha venido sufriendo incidencias cada vez más recurrentes a lo largo de los últimos años", señala la CHE, que recoge los "incumplimientos significativos de los límites de emisión, sobre todo de materias en suspensión y fósforo, o directamente el alivio de agua no tratada o únicamente pretratada", registrados en esos años.

En cualquier caso, por su envergadura, no se trata de un asunto de sencilla solución. "Se lleva varios meses trabajando con la CHE en temas sobre los que ha pedido más información de cara a la nueva autorización de vertido", especialmente la carga de origen industrial, mientras que "ya está finalizado el anteproyecto de alternativas para dar solución a los vertidos de Peñaflor" con "un gran colector de más de 6 kilómetros que la conectará con La Cartuja", explican fuentes municipales.

Sea como sea, ni una nueva depuradora ni una remodelación de la actual estarían listas antes de ocho años a partir del nuevo permiso de vertido, a cuyos parámetros deberán ajustarse las instalaciones, anotan las mismas fuentes, que recuerdan que la planta original "no se diseñó para tratar vertidos industriales".

¿Y cómo se paga una obra ese ese tipo? Ahí se acaba de encapotar el horizonte, ya que ni el consistorio dispone de capacidad para acometerla por sí solo ni las convocatorias de financiación de la UE están abiertas para municipios de más de 5.000 habitantes ni esa obra se encuentra a fecha de hoy entre las prioridades del Gobierno de Aragón o el central.

Eso remite al sobredimensionado Plan de Depuración de aguas residuales de Aragón y al costoso y contestado impuesto diseñado para financiar su ejecución sin incluir ninguna obra de calado en la capital, cuyas obvias necesidades en materia de tratamiento entrañan un nuevo 'tarifazo' en el recibo del agua que, como ocurrió con el primero para las actuaciones en el resto del territorio, todo apunta a que acabarían asumiendo el conjunto de las empresas y los hogares de la comunidad.