Público
Público

Derechos humanos El asesinato de Khashoggi pone de nuevo en cuestión la relación comercial y política entre España y Arabia Saudí 

Arabia Saudí es el principal receptor de material armamentístico español entre los países que no pertenecen a la OTAN, y parece que va a seguir siéndolo. Se trata de un suculento negocio que, por otro lado, difícilmente puede ignorar la industria española. Mientras, a la ausencia de libertades se suma la participación de ese régimen en la sangrienta guerra de Yemen.

Publicidad
Media: 4.83
Votos: 6

Los reyes antes del almuerzo ofrecido al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán el pasado 12 de abril. EFE

En un país en donde los derechos humanos son ignorados sistemáticamente, el hecho de ser uno de los aliados de Occidente en Oriente Medio —especialmente de EEUU, pero también de Europa—, la desaparición y asesinato del periodista Jamal Khashoggi aparentemente a manos del entorno cercano al príncipe heredero Mohamed Bin Salman vuelven a poner en entredicho las "excelentes" relaciones de España con el reino saudí. Y su pujante negocio de venta de armas.

Mientras se siguen conociendo detalles cada vez más escabrosos del asesinato del periodista saudí, colaborador del diario estadounidense The Washington Post que desapareció el pasado 2 de octubre durante una visita al consulado saudí en Estambul; y mientras prosigue la cruenta (y oscura) guerra en Yemen en la que participa el régimen de Riad liderando una coalición de países árabes, España mantiene un perfil relativamente bajo como voz internacional en relación con el régimen de Riad.

El Gobierno se ha limitado, de momento, a exigir públicamente "transparencia" en el asunto de la desaparición del periodista. Por un lado, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, instó el pasado lunes en Bruselas a Turquía a investigar el caso en cooperación con Arabia Saudí. Por otro, casi inmediatamente después, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, exigió una "investigación transparente y urgente" sobre el asunto tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para presentar el anteproyecto de Ley de Presupuestos.

"España se une claramente a la preocupación que ya han expresado otros países y particularmente la Unión Europea, y exige una investigación transparente y urgente", dijo. Pero Celáa no quiso "especular" sobre las circunstancias de esta desaparición: "Vamos a ir paso a paso".  A continuación, el Gobierno emitió un comunicado. Y de momento, eso es todo, al menos públicamente.

La desaparición de Khashoggi se suma a una lista de más de una decena de informadores que han ido "desapareciendo en la mayor opacidad", según Reporteros Sin Fronteras (RSF), entre ellos Lujain Al Hathlul y Aziza Al Yusef, tal y como recuerda Mikel Ayestarán en ABC. Por su parte, Rosa Meneses, vicepresidenta del Consejo Internacional de RSF y secretaria general de dicha ONG en España, recordaba en una crónica en El Mundo otros muchos casos de informadores de los que no se sabe nada desde hace años.

Momento en el que Khashoggi llega al consulado saudí en Estambul, grabado por una cámara de seguridad.- REUTERS

"Ahora mismo hay cerca de una treintena de periodistas y blogueros encarcelados en Arabia Saudí por escribir informaciones incómodas, como el caso emblemático de Raif Badawi, que fue condenado incluso a latigazos; esto da una idea de la cara de este régimen en cuanto a la libertad de expresión", denuncia Meneses, en conversación con este diario. "El caso de Khashoggi no es aislado", insiste esta periodista. La opacidad del régimen es motivo de constantes denuncias.

"Suspender la venta de armas"

En declaraciones a Público, Alberto Estévez, coordinador de la campaña Armas Bajo Control desde Amnistía Internacional, vuelve a "reiterar al Gobierno de Pedro Sánchez que tiene que suspender la venta de armas a Arabia Saudí".

Recordó una reciente misiva enviada a la secretaria de Estado de Estado de Comercio en la que la mencionada ONG y FundiPau, Greenpeace España y Oxfam Intermón lamentaban la decisión del Gobierno de "revertir la valiente y acertada decisión del Ministerio de Defensa de paralizar el contrato de 400 bombas de precisión estadounidenses firmado en 2015 con Arabia Saudí".

"Es cierto que en los últimos tres años las ventas de armas corresponden a ventas autorizadas por el Gobierno del Partido Popular", puntualiza Estévez, que añade: "No obstante, el Gobierno de Sánchez lleva funcionando cuatro meses, ya ha habido al menos —y que sepamos— dos reuniones de la Junta interministerial para el comercio y control del material de defensa y tecnologías de doble uso (JIMDDU) en el Congreso, y no sabemos si ha habido más autorizaciones". Imposible saberlo, dado el carácter secreto de dicha comisión.

"Nos preocupa no saber qué pasó en la reunión de septiembre, en la que presuntamente se iban a adoptar medidas para mejorar el control de este comercio", añade.

Sánchez dará explicaciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo 24 de octubre en el Pleno del Congreso para informar, entre otros asuntos, de la venta de armas a Arabia Saudí, algo que ya tenía previsto hacer atendiendo la solicitud registrada en la Cámara Baja por Unidos Podemos y Esquerra Republicana (ERC), informa Europa Press.

Ambos grupos exigieron las explicaciones de Sánchez en el Pleno tras las noticias sobre la guerra entre Arabia Saudí y Yemen y la frustrada suspensión de la venta de armas al régimen.

"Desconocemos si el Gobierno revocará algún contrato y  debería ser más claro"

"Desconocemos si el Gobierno revocará algún contrato", comenta Estévez, "y el Gobierno debería ser más claro". E insiste: "Cualquier exportación de armas a Arabia Saudí viola la legislación española, la europea y la internacional".

En los próximos días se conocerán las recomendaciones de la Comisión de Defensa del Congreso sobre venta de armas, en cuyo dictamen hay incluidas hasta 69 propuestas de los diferentes grupos políticos. Para Estévez, dos de ellas son claves —de ERC y de Podemos— dado que piden específicamente la suspensión de armas a Arabia Saudí. "El Gobierno va a tener que posicionarse ahí, en esa votación".

Asimismo, a mediados de noviembre, cuando se reúna en Bruselas el grupo de trabajo sobre armas convencionales de la UE (COARM), si algún país pide que se apliquen las peticiones del Parlamento Europeo sobre la situación en Yemen, "el Gobierno español tendrá que mojarse también".

Armas para Arabia

Durante el año pasado, España concedió 27 licencias para exportar material de defensa a Arabia Saudí, por un importe conjunto de 496,25 millones de euros. De esa cantidad, 197,31 millones fueron para contratos de venta de municiones y dispositivos de armamento convencional no de precisión.

Todo ello en un contexto de crecimiento sostenido de una industria, la armamentística, que en España crece a un ritmo sostenido de un 7% anual y mueve un volumen de negocio superior a los 5.370 millones de euros. No obstante, este sector, aparentemente pujante, tiene como principal debilidad estar "enormemente fragmentado", según el último informe del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.

Además, sigue en vigor el contrato para la fabricación y entrega de cinco corbetas que Riad tiene encargadas a Navantia, en virtud de un contrato de más de 1.800 millones de euros; un contrato defendido con uñas y dientes a pie de la calle por los puestos de trabajo que generarán, sobre todo, en la bahía de Cádiz.

En general, y más allá de la venta de material de defensa, las "excelentes" relaciones políticas que existen entre España y Arabia Saudí "tienen su mayor importancia en el área económica". Así define el ICEX los vínculos entre ambos países, y destaca la participación española en infraestructuras como el AVE Meca-Medina, el metro de Riad y otros acuerdos en materia de energía y aguas.

Sin embargo, la balanza comercial arroja un déficit de 1.417 millones de euros, debido en parte a las constantes subidas del precio del petróleo —y a la caída de exportaciones a ese país, por la "mala situación económica saudí".

Así pues, en dicha "excelente" relación a España le sale a pagar.