Un juzgado de Madrid ha condenado a Patricia González, una de las detenidas dentro de la operación policial que se llevó a cabo contra un grupo de madres ligadas a la asociación Infancia Libre, a dos años de prisión y a cuatro de inhabilitación para ejercer la patria potestad. González fue detenida a principios de mayo de 2019 tras permanecer casi dos años en paradero desconocido con su hija.

El juzgado número 11 de Madrid entiende que los hechos son constitutivos de un delito de sustracción de menores. La defensa de Gonzalez adujo en el juicio que no podía considerarse sustracción puesto que la madre tenía la custodia de la menor.

En 2011 González se divorció de su marido, Daniel I. Aguirre y un juzgado acordó la patria potestad compartida, atribuyéndole a la madre la custodia y dando al padre un régimen de visitas. En 2014, tras relatar la hija a la madre unos supuestos abusos sexuales del padre, González presenta una denuncia. Ésta fue archivada provisionalmente por falta de pruebas, a pesar de que al menos cuatro informes de distintos expertos afirmaran la verosimilitud del testimonio de la menor y la posibilidad de la existencia de dichos abusos. 

En 2017, González abandona su casa y se instaló en La Cabrera, un pueblo al norte de Madrid con el fin de proteger a su hija de los supuestos abusos. Allí permaneció hasta que un dispositivo policial la detuvo a principios de mayo de 2019. En la detención la separan de su hija que fue entregada al padre y se le aplicó una orden de alejamiento. Desde ese momento no ha vuelto a ver a su hija.

Tal como afirma el abogado de la madre, Jaime Montero, existe una amplia jurisprudencia sobre el hecho de que el progenitor que tiene la custodia en exclusiva "no puede cometer delito de sustracción, porque este delito supone quebrantar la custodia de otra persona y en este caso ese quebrantamiento no existe, porque la madre tenía la custodia de la menor". Recientemente el pleno del Tribunal Supremo volvió a reafirmar esta misma argumentación en dos sentencias, una de ellas la de Juana Rivas. Montero afirma que recurrirán la sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Se trata de la segunda condena a una madre ligada a Infancia Libre. El pasado mes de abril, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la sentencia a María Sevilla, que fue la presidenta de la organización. La condena también es por sustracción y la pena es de dos años y cuatro meses de prisión y cuatro de retirada de la patria potestad.

Antecedentes del caso

González fue detenida en 2019 en una serie de actuaciones llevadas a cabo por la Policía adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla contra una serie de madres ligadas a la asociación Infancia Libre, que tenía como fin denunciar las injusticias que sufren madres e hijos cuando denuncian los abusos sexuales de los padres hacia sus hijas e hijos, y hacer lobby para conseguir cambios legislativos. La primera en ser detenida fue María Sevilla, el 30 de marzo de ese mismo año. Ese caso saltó a los medios de comunicación. González fue la segunda y también tuvo gran impacto en los medios, que comenzaron a hablar de madres con un mismo modus operandi. Por último una tercera mujer (Ana B.) fue detenida en su trabajo, a pesar de que no estaba en paradero desconocido y que el padre de la niñas tenía un orden de alejamiento hacia ella. Una cuarta mujer fue llamada a presentarse ante un juez en Granada, donde se le retiró la custodia de su hija. Pocos meses después la custodia fue devuelta a la madre y se decretó que el juez había actuado de forma ilegítima. 

A partir de estas detenciones, la Unidad de la Policía judicial realizó un informe en el que afirmaba que un grupo de madres (unas 20 en total) constituían una organización criminal bajo el nombre de Infancia Libre con el fin de interponer denuncias falsas para arrebatar a los niños a sus padres y quedarse con las custodias. El informe policial fue archivado por la Fiscalía, que no encontró indicio alguno de que existiera dicha trama ni relación alguna entre las madres y varios profesionales de la sanidad pública que fueron incluidos en el informe.

El 2 de febrero del año pasado, el juzgado de instrucción nº 54 de Madrid reabrió la causa contra el exmarido de Patricia González por posibles abusos sexuales hacia su hija, al admitir "nuevos elementos, que desvirtúan los motivos que determinaron el sobreseimiento, por lo que siendo éste provisional, procede dejarlo sin efecto". Unos días después, la menor fue al juzgado a declarar sobre los posibles abusos sexuales de su padre de la mano de su progenitor. Una irregularidad que la defensa de la madre entiende que vulnera el Estatuto de la Víctima. Tras esta declaración en la que la niña primero narra posibles abusos y luego se retracta y dice que quiere ver a su madre, el juzgado volvió a archivar provisionalmente el caso.