"En Líbano nos dijeron que íbamos a tener una vida digna, por eso aceptamos venir", explica Hussein Al-Ali, un encofrador sirio de 47 años que lleva dos y medio en España y que acaba de ser desahuciado con su esposa y sus tres hijos menores. "Me siento triste. Vine para tener un futuro, no para vivir en la calle", dice.

La historia de Hussein es una de las pruebas del nueve del fracaso  de la versión española del programa de acogida de refugiados sirios articulado hace tres años por la ONU, los gobiernos de varios países occidentales y una malla de oenegés. Pero no es la única: la familia de Ahmed, un joven de Alepo que hace unos meses perdió a una hija de dos años, tiene señalado el lanzamiento para diciembre, y el palestino Yusef no podrá pagar la renta de su casa cuando este verano salga del programa.

Hay otros tres casos más solo en Zaragoza, uno de ellos de una familia con siete hijos. Casi todos con el desahucio señaladoTodos ellos, en unos casos acogidos en el programa de la Fundación Apip-Acam y en otros con Cruz Roja, han sido víctimas de una combinación de factores: les trajeron a un país con elevados niveles de precariedad en el que nunca han dejado de ser extranjeros, apenas han recibido formación idiomática ni acciones de inserción laboral y el programa de acogida tenía, además de fecha de caducidad, una trampa de pobreza en la que muchos de ellos van quedando atrapados.

Esta consiste en que las oenegés, a menudo para vencer las reticencias de los dueños de las viviendas que tanteaban, acababan cerrando los alquileres al máximo que permitía el programa de acogida, que eran 715 euros mensuales, por encima del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) mensual de 2017 (707,60), explicaron fuentes de Stop Desahucios. Al acabar los dos años, solo algunas de las familias cuyos miembros han logrado emplearse pueden mantener un arriendo de esa cuantía.

Desahuciados entre el fin de estado de alarma y la prórroga del 'escudo social'
"Yo quiero salir adelante y buscar un piso, pero nadie me lo alquila", explica Ahmed. Es árabe, no tiene empleo y su único ingreso es la renta social autonómica del IAI (Ingreso Aragonés de Inserción), lo que en Zaragoza, como en la mayoría de las ciudades del país, se convierte en un hándicap prácticamente insalvable para acceder a una vivienda.

Dos de los hijos de Hussein sí han conseguido colocarse y se han emancipado en Zaragoza. Otros dos, los mayores, viven en Jordania y Holanda. Él lleva unas semanas viviendo con su mujer y los otros tres, un muchacho de 16 años, una niña de diez y una bebé de uno y medio, en la habitación de 4x4 metros cuadrados que les cede un amigo ecuatoriano. La mitad de los refugiados llegados a España desde Siria son niños.

Su único ingreso es, desde hace tiempo, también el IAI, que le ingresa 735 euros cada mes por sus cargas familiares. "El contrato de alquiler del piso siempre estuvo a mi nombre, y cuando acabó el programa por el que lo pagaba la oenegé solo me quedaban veinte euros", explica. "A nosotros nos dieron un piso vacío por 715 euros mensuales, pero en el bloque los había a 300", añade.

Dejó de pagar el alquiler durante siete meses, entre ellos los tres del estado de alarma, y fueron desalojados del piso en el barrio de Delicias en las dos semanas escasas que transcurrieron entre el final de la excepcionalidad y la prórroga del ‘escudo social’ con el veto a los desahucios. Eso tampoco cambia la deuda que mantiene con el casero, de algo más de 5.000 euros.

"Nos eligieron ellos, y nos dijeron que íbamos a tener una vida normal"

Hussein, de 47 años, vivía con su familia en Alepo, una de las ciudades más castigadas por la guerra civil de Siria, país que abandonaron en 2013 con otros 200.000 desplazados para refugiarse en Líbano. Pasaron cuatro años y medio en Beirut, donde él si se empleaba. "Era encofrador y tenía un buen trabajo, ganaba unos 2.000 dólares", explica.

En 2017 Naciones Unidas los incluyó en el grupo de refugiados que iba a ser trasladado a España. "Nos eligieron ellos, y nos dijeron que íbamos a tener una vida normal", recuerda, pero, "dos años después, cuando ha acabado el programa, los de la oenegé no me dicen nada si me ven por la calle".

En esos dos años, en los que Líbano ha dejado caducar sus permisos de residencia para aquel país, recibió un cursillo de carretillero de una semana. "Con el idioma solo nos ayudaron los primeros seis meses", anota. Él lo habla con dificultad pese a haberse pagado un curso de cuatro meses en la Escuela Oficial de Idiomas.

En vísperas del desahucio, Hussein se dirigió al Gobierno de Aragón para reclamarle un techo alternativo, tal y como prevé la normativa autonómica. Le ofrecieron uno en Pinsoro, un barrio de colonización de Ejea de 800 habitantes situado a algo más de ochenta kilómetros de Zaragoza, un lugar en el que disponer de un medio de transporte resulta clave para asuntos básicos como hacer determinadas compras pero del que la familia carece. Su escaso dominio del castellano le impide realizar con una mínima garantía de éxito el examen para convalidar el de Siria.

"No tengo ninguna solución", dice, mientras espera a conocer el 'plan b' de la comunidad, ya que una renuncia formal le vetaría durante cinco años para acceder a un programa de vivienda de cualquier administración. "Necesito menos de lo normal para vivir, pero a cero, abajo del todo, no se puede vivir", señala.