José Manuel Villarejo dice que las cloacas no generan mierda, sino que contribuyen a limpiarla. El ex comisario de la Policía Nacional dedicó buena parte de su carrera a construirlas y mantenerlas, las conoce bien y por eso está justificado darle la razón al menos en eso. Sea como sea, ensucien o limpien, para lo que interesa a esta crónica lo único cierto es que las cloacas siempre apestan.

El escándalo de los audios en los que el director de La Sexta, Antonio García Ferreras, reconoce haberle dado publicidad a propósito la una noticia falsa contra Pablo Iglesias inventada por OK Diario y su director, Eduardo Inda, desató el pasado verano una verdadera psicosis social sobre la fiabilidad de los medios.

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¿De verdad que un Gobierno empleó recursos de la seguridad del Estado para laminar a sus contrincantes, ordenando a la policía crear pruebas falsas contra ellos? ¿De verdad hay empresas de comunicación y periodistas que colaboran en esa tarea para engañar sus lectores, oyentes y espectadores, para condicionar a la opinión pública e influir en el resultado de unas elecciones? ¿De verdad? ¡Que escándalo! ¡Aquí se juega!

Años antes de que Donald Trump recurriera a la manipulación, a la mentira y a las noticias inventadas como arma electoral y de gobierno, en Galicia ya había cloacas. Es cierto que aquí no hay organismos de inteligencia capaces de armar documentalmente bulos y fakes para proporcionar a los medios material de guerra contra los opositores, pero eso no significa que no se hayan orquestado campañas destinadas a acabar con los rivales políticos, empresariales e incluso personales.

"Las autonómicas del 2009 deberían de estudiarse en las universidades como ejemplo de una campaña basada en el descrédito e incluso en la destrucción personal de los candidatos", afirma una fuente de la dirección del BNG. "Lo que hicieron con con Emilio [Pérez Touriño, expresidente socialista de la Xunta] aún hace que algunos cargos del PP se ruboricen", añade un ex alto cargo del PSdeG, hoy felizmente recuperado para la vida universitaria.

Ambos recuerdan cómo las mentiras y los bulos orquestados por la oposición y entregados en bandeja a los medios vinculados a los poderes económicos más reaccionarios del país apestaron aquellos comicios desde antes incluso de la precampaña de aquellas elecciones.

Touriño, un tipo tan austero como mal calculador de la eficacia de las calumnias difundidas en su contra en las portadas de los periódicos vinculados al PP y en los telediarios de las televisiones afines a la derecha, fue relacionado con una inventada afición al lujo en plena crisis financiera. Y a su vicepresidente, el nacionalista Anxo Quintana, de profesión enfermero y exalcalde de la localidad ourensana de Allariz, incluso llegaron la difamarle con insinuaciones de graves delitos violentos.

Quintana contó años después, en alusión a Santiago Rey, editor de La Voz de Galicia, que hasta le amenazon en una reunión en la que el dueño de ese diario se dirigió a él con estas palabras: "Un enfermero de Allariz no puede venir a cambiar el marco económico de Galicia". Por mucho que a Quintana le hubieran votado sobre un programa electoral que planteaba precisamente eso.

Al margen de los errores de comunicación interna y externa del bipartito, lo cierto es que aquella campaña derivó en la caída de aquel Gobierno y en la primera mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo, que en seguida puso en marcha una eficaz maquinaria pagada con dinero de la Xunta destinada a construir y consolidar su por entonces endeble imagen pública.

Entre su toma de posesión en mayo de 2009 y su salida del Ejecutivo en mayo de 2022, los gobiernos de Feijóo entregaron a dedo 45 millones de euros a diversas empresas de comunicación en forma de convenios opacos de propaganda institucional, con los que ganarse aún más el favor de sus respectivas líneas editoriales.

Y la maquinaria funcionó. Los mismos medios que habían llevado al cadalso a Touriño y la Quintana elevaron a la categoría de buen gestor al ejecutor de las políticas austericidas en el país, que desmontaron y depauperaron los servicios sociales, la educación y la sanidad. También ampararon sus excusas cuando se desveló su amistad con un conocido narcotraficante, y obviaron informar de que la multinacional que dirigía su hermana en Galicia estaba aumentando exageradamente su volumen de negocio con la Administración autonómica desde que él era presidente.

Tampoco le dieron importancia al hecho de que su propia prima, sus amigos de juventud y sus compañeros y compañeras de partido fueran obteniendo cada vez mejores puestos en la gerencia de la cosa pública, ni siquiera cuando lo hacían mediante oposiciones amañadas, declaradas así en sentencia firme por los tribunales de justicia.

Esa maquinaria basada en el dominio casi absoluto del ecosistema mediático, directamente sobre los medios públicos e indirectamente sobre los privados, funcionó tan bien que Feijóo no parece querer dejar de utilizarla. Nada más acceder al liderazgo del PP el pasado abril, y cuando aún era presidente de Galicia, entregó otra remesa de más de 1,25 millones de euros a varias empresas de radio, televisión y prensa escrita y digital con sede en Madrid, la ciudad a la que se mudaría poco después.

Más allá del uso partidista y casi personal del dinero público, y a pesar del rastro que dejaron las campañas contra Touriño y Quintana, en Galicia también apestan a desagüe otras operaciones que derivaron en la destrucción de rivales políticos.

En el PSdeG no solo creen que las cloacas mediáticas existen en Galicia, sino que advierten de que ellos son el partido más damnificado, según aseguran fuentes próximas a la dirección de Valentín González Formoso, secretario general de los socialistas gallegos.

"Hay varias formaciones que sufrieron la difusión y publicación de informaciones dirigidas a deteriorar la imagen de determinados dirigentes en Galicia, y el PSOE fue la más afectada", subrayan, señalando su convicción de que incluso se dieron casos de filtraciones de información falsa a jueces y fiscales diseñadas al objeto de condicionar e intoxicar sumarios e investigaciones judiciales.

Los casos más recientes se derivan de las operaciones Pokémon, Pulpo, Garañón y Campeón, iniciadas a partir de 2012 por la juez entonces titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara, tras varias denuncias sobre la concesión de subvenciones irregulares y cobro de comisiones ilegales.

Entre todas esas causas llegaron a sumar cerca de 150 detenidos o imputados, entre ellos el ex ministro socialista José Blanco, sus compañeros de partido y alcaldes de Lugo y de Ourense, José López Orozco y Francisco Rodríguez; el ex conselleiro de Industria del BNG Fernando Blanco; su ex director general de I+D+i y ex rector de la Universidad de Vigo Salustiano Mato; el ex concejal del PSOE santiagués Bernardino Rama; y el que había sido concejal de Urbanismo en Lugo y más tarde presidente de la Diputación Provincial y secretario general de ese partido en Galicia José Ramón Gómez Besteiro.

Todos fueron finalmente absueltos o sus imputaciones archivadas, pero sus carreras políticas quedaron tan tocadas que ninguno de ellos ocupa hoy puesto de representación pública en ninguna institución ni cargo orgánico alguno en sus respectivas formaciones. En el PSOE recuerdan que Gómez Besteiro fue el último político de todo el Estado que dimitió por su imputación por un delito de corrupción, que luego se demostró que no había cometido.

Curiosamente, los políticos condenados finalmente por una de aquellas operaciones, la Campeón, estaban vinculados al PP: Joaquín Varela de Limia, ex presidente del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), y su subdirector, Carlos Silva; así como el ex concejal y ex candidato popular en el municipio de Oleiros (A Coruña) Pablo Cobián. A todos ellos los nombró Alberto Núñez Feijóo. Y la Xunta, que compareció como acusación en la causa abierta por De Lara, hizo de ellos los únicos de entre los trece acusados por la Fiscalía para los que los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico presidido por el hoy líder del PP no solicitó pena alguna durante la vista oral.

Hace dos años, Pilar de Lara fue sancionada por el Consejo General del Poder Judicial y trasladada a los juzgados de Ponferrada (León). Sus decisiones no solo provocaron penas de telediario para los políticos del PSOE y el BNG. En el PP también hubo víctimas.

Le sucedió al ex alcalde de Ferrol, ex conselleiro de Política Social y hoy diputado autonómico por ese partido José Manuel Rey Varela. De Lara le imputó por un delito de soborno porque consideró que podía haber recibido 3.000 euros de un empresario corrupto, dadas las grabaciones de varias conversaciones telefónicas que constaban en el sumario. En ellas, el empresario y otra persona identificada como Josman acordaban el pago de esa cantidad.

Pero Rey Varela no era Josman. Su voz no era a que aparecía en las grabaciones. Se cansó de decírselo a la jueza y a los periodistas durante casi seis meses. Hasta que una prueba pericial del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil demostró en noviembre de 2014 que el interlocutor del empresario era otra persona. Apenas seis meses después, en las municipales del 2015, Rey Varela perdió la mayoría absoluta y con ella, la Alcaldía de Ferrol. Luzes trató de obtener su versión sobre cómo vivió aquellos días y conocer qué piensa de las cloacas, pero el exregidor no quiso responder al ofrecimiento. 

"Aquellas operaciones judiciales y policiales y toda la carga mediática que implicaron fueron demoledoras para quienes las sufrieron, fue un verdadero linchamiento público. Más aún en aquella época, en la que había una tremenda desconsideración social hacia los políticos soló por el hecho de serlo", recuerdan fuentes de la dirección del BNG de Ana Pontón. "No resulta inocente que por buena parte de la judicatura aún no haya pasado la Transición, como estamos advirtiendo ahora en el resto del Estado", añaden.

Según el Bloque, existen dos aspectos a destacar sobre las cloacas gallegas. Primero, la puesta del poder mediático al servicio de los intereses de una opción política, y especialmente el uso de la Corporación Radio y Televisión de Galicia (CRTVG) "para perjudicar las fuerzas de la oposición".

"Los trabajadores y trabajadoras de la CRTVG llevan más de cuatro años denunciando la manipulación sistemática de los contenidos informativos, incluidas las caras más públicas y conocidas de la cadena, y hay condenas judiciales firmes que dan por probada la persecución ideológica que sufren buenos periodistas por intentar hacer su trabajo. Si esto sucediera en Telemadrid, en Canal Nou (en el Páis Valencià) o en TV3 (Catalunya), el tema ya habría abierto hace tiempo un debate público en todos los medios del Estado", señalan esas fuentes.

Lo cierto es que si la cloaca, para ser entendida cómo tal, precisa de una vertiente mediática, en Galicia encontró un filón en la televisión pública. Más allá de prácticas tan cloaqueras como perseguir trabajadores por su posicionamiento político –algo a lo que hoy ya le podemos quitar el "presuntamente"–, la TVG fue el brazo televisivo de Eduardo Inda antes de serlo de Javier Negre, dos de los principales representantes de las fake news de extrema derecha, expertos en fabricar informaciones falsas y, curiosamente, enfrentados en una guerra fratricida.

Siempre que fue necesario atacar a Podemos, especialmente en la pasada legislatura, cuando En Marea era a segunda fuerza en el Parlamento gallego, OK Diario fue considerado una fuente legítima preferente en el bloque de noticias estatales de los telediarios de la TVG. Es curioso como una tele que, cuando fusila informaciones de periódicos como La Voz de Galicia, incluso aquellos asuntos atemporales que no pintarían demasiado en una escaleta lógica, jamás atribuye esas noticias –será por el karma, que, en Sabón, donde tiene la sede el periódico, lo de citar tampoco gusta demasiado–, no dudaba en dar el nombre del panfleto de Inda siempre que hiciera falta.

El mismo Inda que fue invitado a pintar la mona en Land Rober Tunai Show, presentado por Roberto Vilar y uno de los de mayor audiencia de la cadena, justo cuando su medio acababa de nacer. Como quien hace promo de un estreno de cine: "Afortunadamente, y gracias a Dios, va como un tiro".

Como ya sabemos que en los informativos no existe un gran respeto a la labor de los compañeros -no lo hay con los de dentro, ¿va a haberlo hacia afuera?-, imaginamos que la causa de esa elegancia a la hora de citar el medio del que procede la noticia es más bien espuria. Por una parte, tirar la piedra y esconder a mano -"No lo decimos nosotros, lo dice este digital…"-, con el efecto nocivo colateral de equiparar la OK Diario con medios de verdad y hacerlo pasar por una fuente fiable.

Por la otra, y seguramente la principal, curarse en salud ante lo "burdo" de esas informaciones, esquivando así cualquier riesgo de denuncia, con el argumento de que lo único que hicieron fue recogerlas, aunque fuera a sabiendas de que seguramente todo fuera un invento, al más puro estilo Ferreras: "¿Que no eran ciertas? ¡Dios mío, nunca lo habríamos imaginado! ¿Cómo íbamos a darlas si lo hubiéramos sabido?".

La "deriva ideológica" -el término es el empleado por el Comité Intercentros de la CRTVG- de los informativos llevó a la dirección de la TVG a dar un paso más. En una información sobre la visita de los ministros Ione Belarra y Félix Bolaños a la exhumación de una fosa común del franquismo, sólo se incluyó la pregunta a Belarra de un representante del blog de ultraderecha de Negre EDATV -siempre Podemos como blanco favorito- sobre Paracuellos del Jarama.

Fue necesario dejar la pregunta en el corte del informativo porque la ministra –como hacen otros políticos de izquierda– se negó a contestarla. "Voy a responder la los medios de comunicación", fue su réplica. Por ese vídeo, Twitter suspendió la cuenta del canal de Javier Negre. Sin embargo, la televisión pública gallega decidió que eso era lo más destacable de la visita de los ministros al cementerio. "Burdo", en esta ocasión, se queda corto.

Las cloacas de la TVG no solo se caracterizan por lo que emiten los informativos de Alfonso Sánchez Izquierdo, el director general desde que Feijóo accedió a la Xunta y que lleva once años con su mandato prorrogado -según la ley del Audiovisual de Galicia su cargo debería haber sido elegido por una mayoría de la que el PP no dispone en el Parlamento de Galicia-. Las cloacas de la TVG también se caracterizan por lo que no emiten. Es decir, por lo que ocultan.

Un buen ejemplo ocurrió en mayo de 2018, cuando los editores del Telexornal mediodía dieron por email a los periodistas las indicaciones a seguir para cubrir la sentencia de la trama Gürtel, que condenó al PP por beneficiarse de la corrupción y que acabaría derivando en la moción de censura que acabó con el gobierno de Mariano Rajoy.

La noticia abrió todos los informativos de las teles públicas y privadas del Estado, autonómicas y estatales, pero los periodistas galelgos recibieron la orden de que en la TVG el asunto no podía durar más de 50 segundos en el Telexornal de mayor audiencia de la casa. Al final fueron 76 segundos, sin conexión con Madrid. De los seis cortes con testimonios que se recabaron, cuatro correspondieron la líderes del PP que restaron importancia a la condena.

La Gürtel tenía una evidente relación con Galicia: el número dos de la trama, como recogía el fallo, era Pablo Crespo, exsecretario de Organización del Partido Popular en Galicia. Pero se impuso la ley del silencio. Si alguien acude al archivo de la CRTVG o a la hemeroteca de los medios afines al PP para buscar información sobre  Crespo y la rama gallega de la Gürtel, encontrará poca cosa.

Las cloacas encontraron un filón en la CRTVG, pero el BNG advierte además de la relevancia de la vertiente cloaquera liderada "por el poder económico vinculado al poder político y al poder mediático". Y pone de ejemplo a industria de celulosa Ence, "una empresa cuyo objetivo principal es acabar con la figura del alcalde de Pontevedra, el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores". El Bloque denuncia que Ence diseñó "todo un proyecto de país para supeditar a sus intereses mercantiles el desarrollo del rural y de los montes de Galicia".

La empresa que preside Ignacio de Colmenares tenía poder suficiente como para lograr que un Gobierno en funciones –el de Mariano Rajoy en 2016, tras perder la mayoría absoluta en las elecciones generales de 2015– decretara una prórroga ilegal de setenta años de la ocupación y uso de los terrenos públicos donde asienta su fábrica de Pontevedra, que durante años envenenó con metales pesados las aguas de la ría. También para condicionar la línea editorial de los medios públicos y privados locales y regionales y evitar que la contestación social a su estrategia y a las molestias y peligro que supone para la ciudad pase desapercibida más allá de Pedrafita y O Padornelo.

Quizá sucede que esa peste a cloaca que hay en Pontevedra y esa enorme capacidad para desprestigiar a una figura pública, silenciar una protesta social en los medios o forzar una decisión política favorable, se sienta literalmente en el consejo de administración de Ence. De él cobran, entre otros, Carlos del Álamo, primer conselleiro de Medio Ambiente de Manuel Fraga, e Isabel Tocino, primera ministra de Medio Ambiente de José María Aznar

Como le sucede a Fernández Lores, las campañas de medios locales contra regidores varios han alcanzado una virulencia que semeja sobrepasar el legítimo derecho de periódicos, radios, teles y digitales nativos para decidir su línea editorial sobre la acción política de cualquier alcalde. Por abrumadora mayoría, siempre tienen por víctimas a políticos de izquierdas o, por lo menos, sin carné del PP.

Las guerras de El Correo Gallego contra Martiño Noriega, ex regidor de Santiago por Compostela Aberta; y de La Voz de Galicia contra Xulio Ferreiro (A Coruña, En Marea), Abel Caballero (Vigo, PSOE) y Jorge Suárez (Ferrol, Ferrol en Común), son buenos ejemplos de estrategias que incluso llevaron a la imputación de concejales y concejalas por informaciones publicadas por esos medios, que finalmente resultaron archivadas.

Como le sucedió a Rey Varela en el 2015, Noriega, Ferreiro y Suárez perdieron sus alcaldías en el 2019. Los dos primeros dejaron la política, aunque Noriega ha vuelto a ella como portavoz de Anova. Con respecto a Caballero, fue La Voz de Galicia la que sacó la bandera blanca y la que puso fin a sus ataques contra el alcalde vigués cuando este se demostró capaz de mantener holgadamente su mayoría absoluta pese a las constantes informaciones negativas sobre su gestión, buena parte de ellas sin el más mínimo soporte de veracidad.

El regidor de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, de Democracia Ourensana, también ha denunciado la persecución de varios medios, especialmente La Región, contra su figura. De hecho, fue imputado en varias ocasiones, una de ellas por la Fiscalía, sin que los jueces hayan visto nada punible en los actos presuntamente corruptos de los que fue acusado.

Aunque lo que de verdad huele mal en esa ciudad son precisamente las cloacas que tiene montadas Jácome alrededor de la su gestión al frente del Ayuntamiento, de su partido y de su canal de televisión, así como las conexiones de éstas con las alcantarillas de la Diputación de Manuel Baltar y de buena parte del entramado político, administrativo y judicial de la ciudad y de la provincia.

La banalidad con la que los poderes públicos –incluida la judicatura– y los mediáticos –incluidas muchas y muchos periodistas– tratan las cloacas supone un grave riesgo porque se puede extender a toda la sociedad. Y si, como le sucedió al ex comisario Villarejo, nos habituamos a convivir con ellas, perderemos el sentido del olfato y acabaremos creyendo que en el fondo no huelen tan mal e incluso, como él dice, contribuyen a limpiar la porquería. Y no. Las cloacas siempre apestan.