Si en el Congreso de los Diputados se acuñó en su día el término de "pleno escoba", cuando en la última sesión parlamentaria del año se acumulaban las proposiciones de ley para ser aprobadas, se podría hablar ahora de que el penúltimo Consejo de Ministros del año se ha convertido en un "Consejo escoba", donde todas las medidas debatidas y anunciadas en las últimas semanas, e incluso meses, han visto por fin la luz.

Así, este martes el Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo y ampliado decreto para la prohibición de los desahucios, donde se incluirá también la recuperación del llamado "escudo social" para garantizar los suministros básicos a las personas más vulnerables a través de la prohibición de los cortes de agua, luz y gas natural.

Pero también llegó por fin a la mesa del Consejo de Ministros un paquete de ayudas al sector hostelero, anunciado desde principios de noviembre y que estaba paralizado, lo que ha provocado gran malestar en el sector.

Y, además, finalmente, se ha aprobado lo que Pedro Sánchez calificó como una auténtica "revolución administrativa", para agilizar todos los trámites con la Administración en materia de Ley de Contratos del Estado, la Ley de Subvenciones y, sobre todo, en lo que tenga que ver con el acceso a los fondos de reconstrucción que llegarán de la Unión Europea.

Las medidas del decreto antidesahucios se estuvieron perfilando hasta la tarde de este mismo lunes, para finalmente alcanzar un acuerdo entre la seguridad jurídica que se defendía desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y los planteamientos defendidos por Unidas Podemos. 

El núcleo del decreto (la prohibición de los desahucios para las personas vulnerables sin alternativa habitacional, devenga su situación de las consecuencias de la pandemia del coronavirus o no) fue pactado ya por la Vicepresidencia de Derechos Sociales y el ministerio dirigido por José Luis Ábalos en la primera reunión entre ambas partes.

Las claves del decreto antidesahucios

Sin embargo, los ministerios de Justicia y Economía irrumpieron en las negociaciones para pedir que se compensara desde el Estado a los grandes tenedores de vivienda (en su mayoría bancos y fondos buitre) que se vean perjudicados por la paralización de un desahucio. Finalmente, los de Pablo Iglesias asumieron este precepto para que las medidas salieran adelante, pero los grandes tenedores de vivienda solo recibirán dinero de las arcas públicas si pueden demostrar que la paralización del desahucio les ha causado un perjuicio económico, por lo que no podrán tener la vivienda inutilizada ni fuera del mercado.

El decreto suspende durante el estado de alarma los desahucios sin alternativa habitacional de familias vulnerables con motivo de impago del alquiler. También se suspenden los desahucios de las familias vulnerables con menores y dependientes,  y víctimas de violencias machistas, que residan en viviendas de grandes tenedores, aunque no tengan título habilitante.

En todos los casos, las comunidades autónomas tendrán que ofrecer una alternativa habitacional que sea una vivienda digna antes del fin de la suspensión. La situación de vulnerabilidad de las familias objeto de desahucio será declarada por los servicios sociales de las autonomías; a partir de los tres meses de la emisión del informe de vulnerabilidad, si no se hubiese facilitado una alternativa habitacional, se compensará a los arrendadores desde el momento en el que se acordara la suspensión. Esto, en el caso de grandes tenedores, solo se aplicará si la vivienda se encontraba en venta o arrendamiento antes de la entrada del inmueble, y estos pueden justificar perjuicio económico. Si no, no recibirán compensación alguna.

En cuanto a los suministros, el mismo decreto de desahucios incluye la prohibición del corte de luz, agua y calefacción a las personas más vulnerables, recuperando así el "escudo social" que decayó el 30 de septiembre. Ambas medidas serán de aplicación hasta el final del estado de alarma, es decir, hasta el próximo 9 de mayo.

También el Consejo de Ministros ha aprobado, por fin, medidas de apoyo al sector de la hostelería y la restauración. Anunciadas desde principios de noviembre, el Ministerio de Industria por fin ha articulado un plan de apoyo a este sector, especialmente castigado por la pandemia.

Durante la primera ola de la pandemia el Ejecutivo prohibió los desahucios y los cortes de suministros, sin embargo, aunque la prohibición de los desahucios se amplió hasta el 31 de enero de 2021 (antes del acuerdo de este lunes que lo prorroga hasta mayo y que amplía los supuestos), a finales de junio decayó la prohibición relativa a los suministros. Unidas Podemos planteó su recuperación en septiembre, pero no ha sido hasta diciembre, después de varias semanas de negociación con el Ministerio de Transición Ecológica, cuando se ha dado luz verde a recuperar la garantía de los suministros básicos.

En este sentido, se prohíben durante el estado de alarma los cortes de suministros de luz, agua y gas natural para consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social. La prohibición no solo será de aplicación para los titulares de contratos de los suministros, sino también para aquellas personas que no puedan acreditarlo pero que reúnan dichas condiciones, pudiendo acreditar dicha circunstancia por medio de los servicios sociales o los mediadores sociales.

En líneas generales, el plan que ha aprobado el Consejo de Ministros no contempla ayudas directas, pero sí reducciones en el precio de los alquileres, además de ampliar el plazo para el pago de algunas tasas. No obstante, algunos detalles de esta normativa también se estaban perfilando todavía este lunes.

El gran cambio en la Administración

Y, finalmente, el Gobierno ha sacado adelante una de las medidas más importantes de este año, que modificará la Ley de Contratos del Estado, la Ley de Subvenciones y, sobre todo, regulará cómo se podrá acceder a los fondos europeos enmarcados en el Plan de Reconstrucción.

Esta ley reducirá burocracia y plazos, simplificará los procesos y cambiará en gran medida las relaciones entre la Administración con empresas y ciudadanos. Pero, sobre todo, quiere facilitar el acceso a los fondos europeos y que no se queden sin ejecutar.

Con este importante paquete de medidas, que no ha sido fácil de acordar y se ha estado negociando entre los dos partidos que sustentan al Ejecutivo hasta el mismo lunes, el Gobierno da prácticamente por concluido el año a falta del último Consejo de Ministros del 29 de diciembre, donde habitualmente el presidente del Gobierno suele comparecer para hacer una balance anual.