La Audiencia Provincial de Palma acogerá a partir de hoy el juicio del Tribunal del Jurado al ex concejal del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, acusado de malversación de caudales públicos, de 50.804 euros, mediante el uso de una tarjeta de crédito del Consistorio en clubes de alterne.

La causa enjuicia el uso de una tarjeta de crédito de la Empresa Municipal de Obras Públicas (EMOP), entre 2005 y 2007, con la que De Santos realizó presuntamente pagos en clubes de alterne de Palma, y se basa en la querella interpuesta el 13 de marzo de 2008 contra el ex teniente de alcalde popular por parte de la Fiscalía de Baleares por dicho presunto delito de malversación de caudales públicos.

Es mismo día, el ex concejal fue suspendido de militancia por el PP, que abría diligencias en su contra por dicho delito, cometido presuntamente mientras era concejal de Urbanismo (2003-2007).

Al día siguiente De Santos devolvió el dinero de esta investigación judicial y alegó que estos excesos se justificaban por su adicción a las drogas.

La investigación había comenzado el 20 de febrero de 2008 como consecuencia de un escrito remitido por la alcaldesa de Palma, Aina Calvo, después de que hubieran sido detectadas "irregularidades contables" en el departamento de Urbanismo, durante una auditoría correspondiente a 2006 de la EMOP.

La investigación detectó pagos de dicha tarjeta realizados de madrugada, entre las 04.00 y las 07.00 horas, desde finales del año 2005 hasta finales de mayo de 2007, fechas que coinciden con las del ejercicio del cargo de teniente de alcalde del Ayuntamiento palmesano por parte de Rodrigo de Santos.

El juicio comenzará hoy con el interrogatorio a Rodrigo de Santos y están citados también a declarar nueve testigos de la Fiscalía. Al día siguiente están citados tres testigos de la defensa entre los que podría encontrarse la mujer del ex concejal, y se presentarán pruebas periciales de médicos forenses y pruebas documentales.

De Santos mantiene también otra causa abierta por presunto abuso de menores, por la que en la actualidad se encuentra en libertad bajo fianza tras haber sido dictada prisión preventiva contra él.

En concreto se le acusa de los delitos de abuso sexual, tráfico de drogas y exhibicionismo.

Una tercera causa en su contra es también por malversación de fondos públicos, fraude, falsedad documental y cohecho en relación a la construcción del castillo del Parque de Sa Riera cuando era concejal de Urbanismo.

Por ese castillo infantil, el Ayuntamiento de Palma pagó 1,4 millones de euros a la empresa sueca Hags.