Sortu ya es legal y, con el partido aún no inscrito ni constituido, los abertzales se han puesto manos a la obra con la creación de perfiles en las redes sociales y el anuncio de una rueda de prensa para mañana. Tras conocer la noticia, la portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, ha deseado hoy que la legalización lleve a Sortu a 'imbuirse en los principios democráticos que vienen recogidos en los estatutos de la formación', una declaración de intenciones que hoy vuelve a la vida política.

'Sortu desarrollará su actividad desde el rechazo a la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos, cualquiera que sea su origen y naturaleza; rechazo que, abiertamente y sin ambages, incluye a la organización ETA, en cuanto sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas'. Con este párrafo, los estatutos de Sortu, registados en febrero de 2011, dibujaban una clara desvinculación entre el partido abertzale y la organización terrorista ETA.

La declaración de Sortu comenzaba con tres puntos básicos. El primero de ellos, la voluntad de contribuir a la 'definitiva y total desaparición de cualquier clase de violencia, en particular, la de la organización ETA'. En los otros dos, se apunta a la 'superación de las consecuencias de la violencia' en pro de la 'justicia y la reconciliación de la sociedad vasca', así como al 'reconocimiento y reparación de todas las víctimas originadas por las múltiples violencias'.

Sortu se comprometía de una manera 'firme e inequívoca' a luchar por la independencia de Euskal Herria , pero por 'vías exclusivamente políticas y democráticas'. Además, dejaba claro que estas intenciones no estaban sujetas a 'variables tácticas o factores coyunturales'.

El documento fundacional de Sortu establecía que el funcionamiento y la estructura interna del partido estarían regidos exclusivamente por criterios de democracia interna. 'Sortu se opondrá a cualquier subordinación, condicionamiento o tutelas externas que pretendan convertirla en una organización vicarial de quienes practiquen la violencia', aclaraban.

La actividad externa, apuntaban, se desarrollaría 'desde el rechazo a la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos, cualquiera que sea su origen y naturaleza'. En este rechazo incluían de manera 'abierta y sin ambajes' a ETA, en cuanto 'sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas'.