El Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso ha encontrado la 'fórmula perfecta' para combatir al virus: la privatización de los servicios esenciales. Los conservadores llevan aplicando esta receta desde hace dos décadas y la llegada de la pandemia de covid-19 a la región no ha frenado el afán privatizador del Ejecutivo, conformado por una coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos, sino que lo ha impulsado.

El Ejecutivo de Ayuso anunció la entrada de capital privado en el Hospital Niño Jesús, que hasta ahora había funcionado íntegramente con fondos públicos, continuando así con el legado privatizador de la expresidenta Esperanza Aguirre. El más férreo defensor de este modelo es el actual consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, que en una entrevista concedida a el diario El Mundo se "reafirmaba" en defender la gestión sanitaria privada.

Siguiendo esta estrategia el Gobierno madrileño ha externalizado el rastreo de contactos del virus, los test covid a los profesores, el almacenamiento y la distribución de la vacuna y ahora también la administración de la misma. Todas estas operaciones han seguido el mismo esquema: financiación pública, gestión privada. También se hizo en el ámbito educativo con los servicios de comedor escolar para niños en situación vulnerable, que encargó -con polémica de por medio- a Telepizza y Rodilla.

"En la gestión de una pandemia uno tiene que utilizar todos los recursos que sean necesarios para poder administrar las vacunas, tanto públicos como privados. Lo importante es que sigamos funcionando como única sanidad e ir utilizando recursos públicos y recursos privados. Y si hay que hacerlo, lo haremos sin ningún problema". Esas fueron las palabras textuales del Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, entrevistado en TVE el pasado lunes.

Una argumentación que también sostiene el portavoz del PP y alcalde de Madrid, José Luis-Martínez Almeida, que este martes ha defendido el plan de la presidenta Ayuso. "Cuando a uno le ponen la vacuna no va a distinguir si el que se la pone está contratado con recursos públicos o privados, lo que quiere es que le pongan la vacuna", ha expresado.

La administración de las vacunas

El consejero mintió. Ya estaba hecho. El Gobierno madrileño adjudicó a dedo un contrato por valor de 804.098 euros a Cruz Roja. Lo hizo por un período de seis meses con el objetivo de dar un "servicio de apoyo a la vacunación frente a la covid-19 en la campaña 2021", tal como se lee en el pliego de licitación que la Consejería de Sanidad publicó el pasado 29 de diciembre y ha avanzado eldiario.es. La Comunidad de Madrid solo ha puesto sólo el 6 % de las vacunas recibidas hasta el momento y es la única que ha involucrado a empresas privadas para realizar la vacunación.

El Gobierno madrileño ha justificado esta actuación aduciendo que se trata de "una emergencia de carácter inaplazable", sin embargo Cruz Roja inició el proceso de contratación de profesionales de enfermería para la campaña de vacunación once días antes de la adjudicación del contrato con la Comunidad de Madrid. La entidad privada publicó dos anuncios, uno en su página web y otro en el portal de empleo InfoJobs.

Almacenamiento y logística de las vacunas

El Gobierno de la Comunidad de Madrid adjudicó por la vía de urgencia un contrato a la firma Logista Pharma para el almacenamiento, preparación y distribución de 250.000 dosis de vacuna y el suministro de dos equipos de ultracongelación, por un importe de 156.204,47 euros, pese a que fue la propia presidenta madrileña la que ofreció al Gobierno el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal como "almacén principal de la vacuna".

La dirigente del PP defendió el pasado 12 de noviembre que el Hospital Isabel Zendal, que abrió sus puertas el pasado mes de diciembre -y cuyo sobrecostre ha triplicado las previsiones iniciales- , tenía las "condiciones óptimas" para almacenar las vacunas al encontrarse cerca del aeropuerto de Barajas. "Nosotros ayudando y ustedes solamente insultando", le espetó Díaz Ayuso a los diputados de la izquierda madrileña.

Sin embargo, el Gobierno de PP y Cs cerró el contrato con la citada empresa. El presupuesto -desglosado en una orden publicada en el Portal de la Contratación- se divide en dos apartados: el primero el presupuesto para la compra de dos ultracongeladores asciende a un total de 42.350 euros. El segundo, el servicio logístico, por el que la empresa recibirá 113.854,47 euros. 

Rastreadores

El Gobierno madrileño privatizó parte del servicio de rastreadores, encargados de realizar el seguimiento de contactos y el estudio seroprevalencia de la Comunidad de Madrid, y adjudicó por la vía de emergencia y sin publicidad un contrato a Indra y Telefónica por 421.080 euros con impuestos. Esta operación hizo en el mes de mayo, pero no se ha hecho público en el Portal de la Contratación Pública del Gobierno regional hasta el mes de julio.

En los meses de verano el Ejecutivo solicitaba a través de la Universidad Complutense voluntarios para las tareas de rastreo, perfiles competentes que accedieran a trabajar sin cobrar. Finalmente, la Comunidad de Madrid adjudicó--de nuevo sin concurso público- al Grupo Quirón las tareas de rastreo. El contrato ascendió a casi 200.000 euros para la incorporación de 22 profesionales durante tres meses.

Test serológicos a profesores

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso puso en manos del grupo médico Ribera Salud y también a Cruz Roja las 100.000 pruebas serológicas que realizó a los docentes y el resto de personal de los centros educativos. La empresa se negó a proporcionar datos sobre el importe recibido al respecto. Según la documentación publicada en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid, la adjudicación a Ribera Salud y Unilabs de los test PCR de seis hospitales fue de 448.000 euros.

Servicio de limpieza en seis hospitales

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el pasado 27 de mayo la contratación del servicio integral de limpieza de hospitales de la Comunidad de Madrid y de los Centros de Especialidades y de Salud Mental que dependen de ellos, por un importe de 61.921.933,92 euros desde este año y hasta 2023, con posibilidad de prórroga.

El comité de empresa del Gregorio Marañón pidió la dimisión del gerente del hospital y convocó movilizaciones contra la privatización del servicio de limpieza. Desde el comité de empresa denunciaron que la plantilla dedicada a la limpieza del hospital ha ido mermando paulatinamente –al igual que la de otras categorías profesionales– en los últimos años y culpaban a la dirección del centro, que les negó que se fueran a producir en enero de 2020.