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CAUSAS ABIERTAS AL PP

El calvario judicial que tendrá que asumir Pablo Casado en 2021

Un calendario apretado de citas en la Audiencia Nacional y otros juzgados aguardan este año que empieza a exdirigentes del Partido Popular, entre ellas, la segunda parte del juicio por la trama Gürtel y la reforma de la sede del PP con dinero negro.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado durante la rueda de prensa.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado durante la rueda de prensa. Fernando Alvarado / EFE

Hace apenas un mes y medio que Pablo Casado, como presidente del Partido Popular, comunicaba a la Audiencia Nacional que ya se había satisfecho la multa de 245.492 euros a la que había sido condenada su formación en concepto de responsabilidad civil como partícipe a título lucrativo en los beneficios que obtuvo la trama corrupta Gürtel.

Pero no será ese el único momento delicado que tendrá que asumir Casado por los errores de antiguos cargos de su partido. Esa condena no supuso el final de los calvarios judiciales para el partido conservador. La supuesta corrupción de algunos de sus anteriores dirigentes nacionales y autonómicos, diputados y cargos -algunos dados de baja como militantes- se juzgará a lo largo de este 2021, en media docena de vistas en las que incluso tendrán que acudir a declarar como testigos los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy.

Los intentos de Pablo Casado por desvincularse de la corrupción del pasado tendrán que redoblarse en vista de la ajetreada agenda judicial del Partido Popular el año que empieza. Hasta ahora, Casado ha sido parco en palabras en este sentido. "Yo era diputado por Ávila y no tenía responsabilidades en el PP", dijo hace unos meses el líder del Partido Popular en referencia a las imputaciones de anteriores dirigentes de la formación en la causa por el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas. También añadió: Nunca he tenido a nadie imputado en mi equipo". Público ha preparado la siguiente guía para no perderse en el abarrotado calendario judicial del PP en 2021.

Cristina Cifuentes se juega tres años de cárcel

El nuevo año arrancará con el juicio, en la Audiencia Provincial de Madrid, el próximo 18 de enero, contra una destacada figurada del PP madrileño, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, por haber falseado presuntamente el acta que acreditaría la defensa del Trabajo de Fin de máster en Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC). El Ministerio Fiscal pide para tres años de cárcel y el pago de una multa de 30.000 euros para Cifuentes. Por este caso, también se juzgará a la entonces profesora de la URJC Cecilia Rosado y la exasesora de la Consejería de Educación, María Teresa Feito.

El propio Pablo Casado se libró de una investigación por su máster  en la misma universidad que Cifuentes, pese a que los jueces encontraron indicios de trato de favor. Cristina Cifuentes dimitió el 25 de abril de 2018 como presidenta regional y del PP de Madrid por la polémica de su máster y tras hacerse público un vídeo en el que presuntamente aparecía hurtando dos cremas faciales en un supermercado. En marzo de 2019 se dio de baja como militante del PP hasta que la Justicia resuelva su caso.

La reforma en 'negro' de la sede del PP

El juicio por la reforma de la sede nacional del Partido Popular, en la calle Génova de Madrid, durante 2006, arrancará el próximo 8 de febrero y se desarrollará en la Audiencia Nacional en unas cuarenta sesiones. Tendrá como declaraciones estelares la de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy en calidad de testigos. En el banquillo de los acusados se sentarán Luis Bárcenas, extesorero del PP, Cristóbal Páez, exgerente del partido, y tres directivos de la empresa constructora Unifica. También está imputada la formación política presidida por Pablo Casado como responsable civil subsidiaria. Según la investigación judicial, el PP desembolsó 750.000 euros en B para reformar la planta baja de la sede en la calle Génova; una cantidad que se sumó a los 960.347 euros también en 'negro' que se utilizaron para obras en otras plantas.

Esta causa sobre la reforma de la sede nacional, arranca de la pieza principal sobre los conocidos como ‘Papeles de Bárcenas’, es decir, los apuntes contables que el extesorero del PP escribió en un cuaderno, con las entradas y salidas de dinero negro: se estima que hasta ocho millones de euros ingresó el PP de donaciones de empresarios durante 18 años. El juez considera que la reforma de la sede del PP podría haber estado financiada por esas donaciones ocultas. La posibilidad de cambiar de sede planea desde hace unos meses, según informó Público.

Verano de 2021: fecha límite para investigar la 'Caja B' 

Sigue la instrucción de la pieza separada Udef-Bla 22.520 del caso Gürtel, más conocida como los `Papeles de Bárcenas’, que lleva desde marzo de 2013 investigándose en el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional. Tras varias prórrogas, la instrucción deberá finalizar antes del 29 de julio de 2021, si bien, podría volver a ampliarse el plazo de investigación para la presunta contabilidad paralela del PP. Fuentes judiciales indican a Público que el juicio por esta pieza podría celebrarse ya en 2022 y en él se aclarará si el Partido Popular se financió con donaciones opacas y si ciertos dirigentes recibieron sobresueldos de empresarios que luego fueron recompensados con adjudicaciones públicas. En este sentido, la Policía ha pedido la investigación de 23 contratos públicos durante el gobierno de Aznar.

La Audiencia Nacional ya consideró probado, en mayo de 2018, en el juicio por la primera época de Gürtel (1999-2006) que el partido de Pablo Casado tenía una Caja B desde al menos 1989, una estructura "financiera y contable paralela a la oficial" que se nutrió de aportaciones de la trama corrupta. Esta sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo en octubre de 2020, supuso en su lectura política el triunfo de la moción de censura que apartó del Gobierno al PP y a Mariano Rajoy.

En septiembre, a juicio la segunda época de Gürtel

La conocida como 'Gürtel Época II', que va desde 2006 hasta que estalló el caso, en 2009, llegará a los juzgados en septiembre de 2021. En esta pieza separada se investigan los presuntos sobornos que las empresas de Francisco Correa entregaron a autoridades del municipio madrileño de Boadilla del Monte para obtener licitaciones. La trama Gürtel «llegó en la práctica a dirigir toda la contratación pública» en este feudo del PP, según indicó el juez José de la Mata.

El juez instructor considera que el Partido Popular se lucró entre 2001 y 2009 de estas operaciones, algo por lo que ya fue condenado en la pieza sobre la primera época de la trama. La Fiscalía Anticorrupción pide ahora para Francisco Correa 76 años y medio de prisión, mientras que el exalcalde de Boadilla Arturo González Panero se enfrenta a cuarenta años y nueve meses de cárcel. Por su parte, Pablo Crespo,ex secretario de Organización del PP gallego, podría acabar condenado a otros 64 años y siete meses de prisión. Estos tres acusados ya fueron condenados, junto a otras 26 personas por la Audiencia Nacional a 351 años de cárcel en el primer juicio por Gürtel.

El expresidente Ignacio González, dos veces en el banquillo

No es Cristina Cifuentes la única expresidenta madrileña del PP que se sentará en el banquillo de los acusados este 2021. También lo hará, y en dos ocasiones, Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015 y vicepresidente entre 2003 y 2012. En 2017 fue detenido y pasó seis meses en prisión provisional por el caso Lezo, que investiga la supuesta trama de corrupción en torno al Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona el agua en Madrid, presidida por González entre 2003 y 2012. A Ignacio González se le incautó una fortuna en Colombia de 5,4 millones de euros presuntamente fruto de comisiones ilegales.

Su primera cita judicial, sin fecha aún determinada, será por la compra de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II. La Fiscalía Anticorrupción pide para Ignacio González ocho años de prisión por haber cobrado presuntamente 1,6 millones de euros en comisiones por esta adquisición con fondos públicos. El juez instructor considera que los 21,4 millones de euros que desembolsó el Canal en 2013 fueron un precio "inflado",  ya que al año siguiente la entidad brasileña se devaluó en un 50 por ciento.

El expresidente madrileño, Ignacio González,  a su llegada a la Audiencia Nacional para testificar por la presunta financiación ilegal del PP en el caso Púnica. - EFE
El expresidente de la Comunidad de Madrid y presunto cabecilla del caso Lezo, Ignacio González. EFE/Archivo.

La pieza derivada del caso Lezo por la adjudicación a la constructora OHL de parte del trazado ferroviario entre las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero en 2007 le puede acarrear a González otros cuatro años de prisión, según le pide la Fiscalía; además de una multa de dos millones de euros. En esta pieza separada se investiga el pago de una comisión 1,4 millones de euros para González por la adjudicación de las obras a la entonces empresa de Juan Villar Mir. Sin embargo, el fundador de OHL ha quedado desvinculado de la causa, pero no su yerno, Javier López Madrid, entonces consejero de la constructora, para el que el fiscal pide seis años y medio de cárcel. 

La trama Púnica: 57 citaciones en dos meses

La macrocausa por corrupción municipal y autonómica relacionada con el PP en Madrid, Valencia, Murcia y León acumula 16 piezas separadas, en muchas de las cuales el principal implicado es Francisco Granados, exconsejero del gobierno regional de Esperanza Aguirre. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha marcado un maratón de citaciones para los próximos meses de enero y febrero. El objetivo es desenmarañar la trama que rodeó la contratación con dinero público de trabajos de reputación 'online' para cargos del PP. La investigación proseguirá  por otro lado para intentar aclarar la trama que saqueó, entre 2002 y 2014, quince millones de euros a cooperativas de profesores en la construcción de colegios concertados.

En total, 57 citaciones entre investigados y testigos. Los primeros en declarar, el 18 de enero, serán al exalcalde de Valdemoro Juan Carlos Boza, del PP; Miguel Ángel Valdepeñas, ex viceconsejero de Medio Ambiente y vicesecretario de Organización Territorial del PP de Madrid; y Teresa Alonso-Matagranzas, directora de comunicación del Ayuntamiento de Alcobendas.

Pieza 'Kitchen': espionaje ilegal para salvar el partido

Dice la Fiscalía Anticorrupción respecto a esta pieza de investigación derivada del caso Villarejo, que "entre 2013 y 2015, tanto por parte de dirigentes del PP en el Gobierno como desde la cúpula del Ministerio del Interior, se habría puesto en marcha un dispositivo coordinado desde la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, denominada Kitchen o Cocinero, que estaba dirigido a la obtención de información sobre el lugar o lugares en los que el extesorero Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, ocultarían material comprometedor para el PP y altos dirigentes del mismo".  De momento, hay once investigados por el presunto espionaje ilegal a Bárcenas con fondos reservados y un operativo parapolicial, sin control judicial, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. La pieza 'Kitchen' deriva del Caso Villarejo, que destapó la existencia de una policía política al servicio del Gobierno del PP. El cerco de la investigación parece que cada vez está más cerca de la que fuera secretaria general del PP  entre 2008 y 2018 María Dolores de Cospedal, aunque el juez García Castellón, de momento, no secunda, la petición de la Fiscalía de imputarla. 

Pablo Casado y María Dolores de Cospedal durante la presentación de avales / EFE
Pablo Casado y María Dolores de Cospedal durante una presentación de avales, en 2018 / EFE.

A juicio  por presuntos sobornos a funcionarios argelinos

Justo antes de conocerse la noticia sobre el traslado del juez José de la Mata del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal Eurojust, este magistrado formalizó su propuesta de juicio para el exembajador de España en India Gustavo de Arístegui y para el exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna y a otras 21 personas por delitos de corrupción, cohecho, blanqueo y organización criminal en relación a una trama para conseguir contratos en Argelia mediante dádivas y comisiones.

El juez atribuye "el liderazgo de la organización" a Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, dos de los rostros más conocidos del hemiciclo durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. El partido les abrió un expediente informativo en 2015, al conocerse detalles de este caso, pero Gómez de la Serna acabó solicitando su baja en el PP y pasó al Grupo Mixto del Congreso. El juez cree que a través de dos empresas, estos excargos del PP pudieron crear una trama para cobrar comisiones "millonarias", gracias a su mediación para que mercantiles españolas consiguieran contratos en África y Sudamérica

Campus de la Justicia de Madrid

Otro juicio se cierne sobre el PP madrileño por presunta malversación de caudales públicos. El juez José de la Mata cree que en relación al proyecto de Ciudad de la Justicia de Madrid hubo una "trama criminal" liderada por el exconsejero de Justicia e Interior Alfredo Prada. Le procesa, junto a otras cinco personas, por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos por las supuestas irregularidades cometidas en diversos contratos del Campus de la Justicia de Madrid. Fue un ambicioso proyecto que quedó enterrado definitivamente en 2017, generando cuantiosas pérdidas de dinero público. En la causa también está acusado el comisario Andrés Gómez Gordo, que fue director de Seguridad del Campus, imputado en la pieza 'Kitchen' del Caso Villarejo. También fue asesor de María Dolores de Cospedal, en su etapa como presidenta de Castilla La Mancha.

El juez también ha detectado irregularidades en el contrato del arquitecto británico Norman Foster, por haber recibido casi tres millones de euros adicionales a la cuantía que debía recibir en caso de rescisión de contrato. Y le ha citado a declarar, ordenando a las autoridades suizas su localización, ya que aún no ha sido posible dar con el paradero del famoso arquitecto.

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AVISO ACLARATORIO

Esta noticia ha sido objeto de rectificación a solicitud de Foster&Partners.

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